La democracia en Venezuela “apenas está viva, si todavía está viva”, afirma.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU denunció ayer miércoles al régimen de Nicolás Maduro de "reprimir el disenso político e infundir temor en la población", y afirmó que la democracia en Venezuela "apenas está viva, si todavía está viva". Maduro "fue elegido por la gente", reconoció el comisionado de la ONU Zeid Ra’ad Al Husein en Ginebra, pero las recientes acciones del gobierno dan "la sensación de que lo que quedaba de vida democrática en Venezuela está siendo aplastado".

Esta semana el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se sumó a la lista de líderes mundiales que considera al régimen venezolano como una dictadura.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) de la ONU presentó ayer miércoles un informe sobre la situación en Venezuela, principalmente sobre la represión de las manifestaciones de la oposición. El documento denuncia "una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones".

"El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones, y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos, denotan que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados", afirma la oficina de la ONU.

Para el Acnudh, 46 de los 124 muertos en las manifestaciones callejeras contra Maduro entre el 1° de abril y el 31 de julio fueron abatidos por las "fuerzas de seguridad", y 27 por los grupos armados progubernamentales conocidos como "colectivos". Añade que los autores de las otras muertes no fueron todavía identificados.

Zeid dijo además estar preocupado por las recientes medidas tomadas por las autoridades para procesar a la oposición. El martes, la Asamblea Constituyente, integrada exclusivamente por fieles al régimen chavista, decidió enjuiciar por "traición a la patria" a líderes opositores a los que acusa de promover las sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela.

El funcionario de la ONU también puso de relieve los "tratamientos degradantes asimilables en ciertos casos a la tortura" que figuran en el documento. El texto denuncia el recurso a "descargas eléctricas, prácticas de suspensión por las muñecas durante largos períodos, asfixia con gas y amenazas de muerte o amenazas de violencia sexual".

Puesto que el régimen negó que investigadores de la ONU entraran en el país, Zeid encargó a un equipo de especialistas en derechos humanos que entrevistaran a distancia, entre el 6 de junio y el 31 de julio de este año, a cerca de 135 víctimas y sus familias, así como a testigos, periodistas, abogados, médicos y miembros del Ministerio Público. Los autores del documento aseguran, citando a organizaciones locales, que más de 5.000 personas fueron detenidas a partir del 1° de abril, de las cuales más de mil permanecían aún encarceladas el 31 de julio.

Casi al mismo tiempo que se conocía el informe de la ONU, el gobierno de Donald Trump condenaba que la Asamblea Constituyente en Venezuela enjuicie a opositores e instaba a Maduro a disolver este órgano, liberar a todos los presos políticos y realizar elecciones. "Estados Unidos condena la convocatoria de juicios de la oposición política por parte de la ilegítima Asamblea Constituyente de Venezuela, incluidos los miembros de la legislatura democráticamente elegida, por cargos de traición y supuesta participación en la crisis económica de Venezuela", indicó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. "Esta injusticia es solo la más reciente de un esfuerzo sostenido del régimen de Maduro para debilitar la democracia, reprimir la disidencia política y sembrar el temor entre sus críticos", subrayó Nauert. "Representa otra ruptura en el orden constitucional de Venezuela", agregó.

Las sanciones que impuso Estados Unidos al jefe de finanzas de Pdvsa, Simón Zerpa, han bloqueado algunas de sus exportaciones de crudo, ya que bancos y fondos de inversión estadounidenses se niegan a entregar cartas de crédito a potenciales compradores del petróleo venezolano. Las empresas estadounidenses tienen prohibido tratar con personas o compañías sancionadas por Washington.

La calificadora Fitch rebajó a "CC" la nota crediticia de Venezuela por considerar que aumentó el riesgo de un default tras las sanciones impuestas por Estados Unidos. "Un default es probable dada la nueva reducción de las opciones de financiamiento del gobierno de Venezuela", señaló Fitch en un comunicado. El viernes Estados Unidos prohibió negociar nueva deuda del gobierno de Venezuela y de Pdvsa con el declarado propósito de impedirle al régimen de Nicolás Maduro obtener fuentes de financiamiento. Estados Unidos también prohibió el pago de dividendos al gobierno venezolano.

El mes pasado la calificadora SP Global Ratings advirtió sobre el riesgo de impagos debido de Venezuela. En octubre y noviembre Venezuela y Pdvsa deberán pagar unos 3.800 millones de dólares en vencimientos de bonos.

El régimen chavista tiene bajo investigación a la familia del líder opositor Leopoldo López. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, aseguró este martes que la policía científica encontró 200 millones de bolívares (61.000 dólares al cambio oficial) en el vehículo de un familiar de López.

Según el fiscal, la policía científica (Cicpc) encontró los billetes dentro de cuatro cajas de madera.

"Por ser esto un presunto delito, el Ministerio Público procederá a investigar", añadió el fiscal.

Lilian Tintori, esposa del líder opositor que cumple arresto domiciliario, confirmó que el vehículo es suyo y que el dinero es de su familia y se usaría para pagar gastos médicos. "Este dinero es para pagar los gastos de mi abuelita que tiene 100 años y está hospitalizada desde hace días. Ella no tiene seguro", escribió en Twitter, donde colgó una fotografía de su abuela en la cama de una clínica.

Tintori, que está embarazada, negó que tener ese dinero en un vehículo sea algo ilegal. "Como siempre, dimos la cara, con la verdad. No tengo nada que esconder", señaló.

López fue puesto bajo detención domiciliaria el 8 de julio, luego de pasar tres años y cinco meses en la cárcel militar de Ramo Verde. El dirigente cumple una condena de casi 14 años de cárcel, acusado de instigar a la violencia en protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos en 2014.

LOS “JUICIOS” DEL RÉGIMEN