Debate político

La cuestión catalana vuelve a centrar el debate político.

El presidente español, el socialista Pedro Sánchez, está en medio de una tormenta política. La oposición busca sacarlo del gobierno, y su propio partido está preocupado por las concesiones que hizo a los independentistas catalanes.

La cuestión catalana ocupa otra vez en estos días el centro del debate político español. El martes se abre en el Tribunal Supremo el histórico juicio contra 12 líderes separatistas, por su papel en el fracasado intento de secesión de octubre de 2017. Coincide con el debate sobre los presupuestos de 2019 en el Parlamento, donde el gobierno de Sánchez es minoritario y necesita el apoyo de los secesionistas catalanes.

Los independentistas llevan meses presionando en pos de una mediación internacional en el diálogo entre el gobierno central y el catalán. Una demanda inaceptable para Sánchez, que optó por una concesión alternativa: designar a un relator independiente, encargado de facilitar el diálogo en una futura mesa entre partidos políticos.

Esto es interpretado como una concesión y fue aprovechado por la oposición para lanzarse contra lo que consideran una “rendición” ante los separatistas que gobiernan Cataluña.

El tono lo dio el miércoles el líder del Partido Popular, Pablo Casado, quien lanzó una seguidilla de ataques personales contra Pedro Sánchez, calificándolo de “traidor”, “felón”, “ilegítimo”, “mentiroso compulsivo”, “ridículo” o “ególatra”.

Para el domingo, el PP ha convocado una manifestación contra Sánchez que se espera masiva en el centro de Madrid. A ella irán también Ciudadanos y los ultraderechistas de Vox.

Una concentración entre tres partidos que el mes pasado ya se pusieron de acuerdo para expulsar del poder a los socialistas en Andalucía, su feudo histórico, y que según los sondeos podrían conformar una futura mayoría a nivel nacional.

“Ha habido un error de cálculo de parte del gobierno”, considera Fernando Vallespín, politólogo en la Universidad Autónoma de Madrid. “El gobierno pensó que podía convencer a la gente, que esa figura de relator era una figura inocua”. Sin embargo, “ha quedado claro que ha sido una concesión inadmisible, que supera una línea roja” para los detractores de Sánchez, quienes lo acusan ahora de poner en cuestión “un principio fundamental” para seguir en el poder, añade Vallespín.

La estrategia de Sánchez ha abierto grietas incluso en su partido. Varios barones socialistas llevan meses levantando la voz contra esta política de acercamiento a los separatistas, por temor a que una parte de su electorado, más sensible a la cuestión nacional, los castigue en los comicios municipales y regionales del 26 de mayo.

“Aprobar un presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el estado de derecho ni la decencia”, advirtió el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán.

Sánchez, en tanto, dijo ayer jueves ante el Consejo de Europa que España es una “democracia plena” en la que están garantizados la separación de poderes y los derechos de los ciudadanos.

En su discurso ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa Sánchez apeló, en “estos tiempos de fake news”, a los hechos “reales y constatables” que muestran que este país es uno de los que menos reclamaciones ha recibido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).