La crisis política en Nicaragua
Cifra en 212 los muertos en Nicaragua por represión.
Así como lo hizo en el caso de Venezuela, que llegó a aprobar una moción para suspenderla del organismo, ahora la OEA se está tomando muy en serio la crisis política en Nicaragua, al punto que ayer viernes su Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al régimen de Daniel Ortega de graves violaciones a los derechos humanos.
Según un informe de 97 páginas presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH elevó a 212 el número de muertos hasta el 19 de junio y concluyó que "el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia". El informe agrega además que 1.337 personas resultaron heridas y 507 estuvieron privadas de la libertad hasta el 6 de junio.
"Es de especial preocupación para la Comisión los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", reza el informe.
El texto recoge las conclusiones finales de la visita que la Comisión realizó a Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo para analizar las protestas, que comenzaron el 18 de abril y que han desembocado en la crisis más sangrienta del país desde los años ochenta.
Durante la presentación del informe, la relatora para Nicaragua de la CIDH, la chilena Antonia Urrejola, aseguró que la Policía Nacional nicaragüense y grupos paramilitares han implementado un "patrón" de violencia destinado disuadir a los manifestantes.
"Existe un patrón de actuación de antimotines, grupos paramilitares y terceros armados actuando con la dirigencia de la Policía", afirmó Urrejola, quien explicó que ese "patrón" consiste en el "uso excesivo y arbitrario de la fuerza letal de forma deliberada".
A este respecto, la CIDH considera en su documento que "la respuesta del Estado a través de sus fuerzas policiales, fuerzas antimotines y grupos parapoliciales mediante la utilización de armas de fuego, bombas lacrimógenas y el uso de balas de goma, fue desproporcionada".
Las protestas contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se han convertido en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años en el gobierno, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
La Iglesia católica está mediando en un diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil para encontrar una salida pacífica a la crisis política, pero ese proceso quedó cancelado por desacuerdos. No obstante, la Iglesia ha adelantado que reanudaría el diálogo después de que la CIDH presentase su informe final.
Reacción.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, anunció que su gobierno "rechaza de manera integral" el informe de la CIDH por considerarlo "subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado". El documento falta "totalmente a la verdad, ofendiendo la dignidad de los nicaragüenses", agregó.
El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, dijo a su vez que el tiempo "va en contra de Nicaragua" y subrayó que "se necesita una respuesta política" para resolver las tensiones en el país centroamericano.
La de Venezuela fue la única voz que se alzó ayer en la OEA, fuera de la de Nicaragua, para rechazar el informe de la CIDH.
La representante venezolana Carmen Velásquez alegó que su gobierno rechazaba la violencia "con fines insurreccionales" para derribar a Ortega. Venezuela, añadió Velásquez, también rechaza el informe de la CIDH "por su falta de profesionalismo, imparcialidad y veracidad".
La ciudad de Masaya, 35 kilómetros al sur de Managua, ha sido la más golpeada por la represión de policías y paramilitares, luego de que el lunes se declarara en rebeldía.
Ayer viernes no registraba nuevos ataques, fruto de una reunión de obispos católicos con el comisionado policial Ramón Avellán.
EE.UU. presiona para elecciones anticipadas
Estados Unidos pidió ayer viernes al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que convoque a elecciones anticipadas para salir de la crisis que desangra el país, y consideró que el Ejecutivo de Nicaragua debe "rendir cuentas" por los actos de violencia durante las protestas. En el desarrollo de una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador de Estados Unidos ante el organismo, Carlos Trujillo, consideró que Ortega debe convocar a elecciones "anticipadas y libres" para poner fin a la violencia que se ha cobrado 212 vidas en dos meses.
"Para ser claro, el Gobierno de Nicaragua debe rendir cuentas", afirmó Trujillo. En declaraciones a un reducido grupo de periodistas, Trujillo rechazó especificar qué plazos baraja Estados Unidos, aunque expresó su deseo de que las elecciones se celebren "lo antes posible". Es la primera vez que Trujillo pide la convocatoria de elecciones anticipadas en Nicaragua.
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