Decreto permite aplicar sanciones contra países o personas

Obama toma medidas contra los ciberataques

El presidente de EE.UU., Barack Obama, creó ayer por decreto un régimen de sanciones que se aplicarán a individuos o entidades extranjeras responsables de ataques cibernéticos o ciberespionaje, lo que se suma a otras medidas para proteger al país de los "hackers" anunciadas en los últimos meses.

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Obama había fijado el tema como una de sus prioridades en términos de seguridad. Foto: Reuters.

Las amenazas cibernéticas son "uno de los más graves desafíos a la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos", subrayó Obama al anunciar la nueva orden ejecutiva en un comunicado divulgado por la Casa Blanca.

Con esa orden, se abre la puerta a futuras sanciones contra individuos y empresas a los que EE.UU. acusa de ciberespionaje y establecidos en países como China y Rusia, así como a nuevas penalizaciones por el ciberataque sufrido por la compañía Sony a fines de 2014 y del que el Gobierno de Obama responsabilizó a Corea del Norte.

Ayer no se anunciaron sanciones específicas ni la Casa Blanca mencionó casos particulares, pero "como hemos visto en los últimos meses", las amenazas cibernéticas "pueden provenir de una variedad de fuentes y dirigirse hacia infraestructura crucial, nuestras compañías y nuestros ciudadanos", apuntó el presidente.

El decreto de Obama autoriza al secretario del Tesoro, Jacob Lew, en consultas con los departamentos de Estado y de Justicia, a emitir las sanciones, que se concretarían en la congelación de activos y las restricciones de viaje a EE.UU. para los afectados.

En palabras de Lew, la orden presidencial es una "nueva y poderosa herramienta" de ciberseguridad, que será usada de "manera sensata", para "exponer y aislar financieramente a aquellos que se esconden en las sombras de internet" para realizar ataques contra EE.UU.

Según la Casa Blanca, el aumento de actividades cibernéticas "malignas" procedentes o dirigidas por piratas informáticos que se encuentran fuera de EE.UU. representa una "amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior y la economía" del país. Por ello, las futuras sanciones amparadas en el decreto de Obama se dirigirán contra los responsables de ciberataques que dañen infraestructura crucial o sistemas informáticos.

También a todas aquellas personas y entidades que reciban información sensible o secretos comerciales "robados" por medios cibernéticos para obtener "una ventaja competitiva" o una "ganancia económica", de acuerdo con la norma.

En febrero, en una visita a la Universidad de Stanford (California), Obama firmó otra orden ejecutiva para impulsar a las empresas, en particular a los gigantes tecnológicos de Silicon Valley, a compartir más información entre sí sobre amenazas cibernéticas y a una mayor colaboración con el Gobierno.

En paralelo, el Gobierno anunció la creación de una nueva agencia para luchar contra las amenazas cibernéticas que no recolectará inteligencia, sino que integrará y analizará la recopilada por otras agencias para prevenir ataques. La nueva entidad, denominada Centro de Integración de Inteligencia contra la Amenaza Cibernética (CTIIC, por su sigla en inglés), tomará de modelo para desarrollar su labor al Centro Nacional de Contraterrorismo, creado tras los atentados del 11-S.

Corrupción: Gobierno acusa a Bob Menéndez.

n El Departamento de Justicia presentó ayer cargos por corrupción contra el influyente senador demócrata Robert Menéndez, acusado de haber aceptado prebendas de uno de sus donantes, el doctor Salomon Melgen, a cambio de apoyar sus intereses empresariales en Florida. Menéndez, de origen cubano, está acusado de ayudar a Melgen, quien es oftalmólogo, en una disputa con funcionarios de salud sobre pagos relacionados con los servicios sanitarios, así como de instar a las autoridades de República Dominicana a contratar una empresa de seguridad portuaria propiedad del médico. Los cargos se derivan de una investigación conjunta entre el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). "La corrupción en el Gobierno —a cualquier nivel de un cargo electo— corroe la confianza pública y debilita nuestro sistema democrático", dijo el subsecretario de Justicia Leslie R. Caldwell.

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