Jefes de las FARC no serán juzgados y podrán postularse a cargos electivos.

Colombia firmó ayer jueves un renegociado acuerdo de paz con las FARC para acabar medio siglo de confrontación, luego de que el original fuera rechazado en un plebiscito. El texto será sometido esta vez a aprobación del Congreso, pese a las críticas de la oposición.

El presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño (Timochenko), sellaron el revisado pacto con un balígrafo (una bala convertida en bolígrafo, como en el primero) en el histórico Teatro Colón de Bogotá, con capacidad para 800 personas. La discreta ceremonia contrastó con la pompa de la firma anterior, el 26 de septiembre en la caribeña Cartagena ante 2.500 invitados, entre ellos 15 jefes de Estado.

El texto, alcanzado el 12 de noviembre para incluir propuestas de la oposición tras el revés electoral del 2 de octubre, busca poner fin al conflicto armado más antiguo del continente, con saldo de más de 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.

"La paz nos devolverá la esperanza, la fe en el futuro y la posibilidad de tener un mejor vivir para nosotros y nuestros hijos", aseguró Santos en el acto.

Timochenko, por su parte, sostuvo que "con este acuerdo no se deponen posiciones ideológicas, políticas o de conciencia. Solo ponemos fin de manera definitiva a la guerra, para confrontar civilizadamente las contradicciones".

Ahora el nuevo acuerdo irá al Congreso, de mayoría oficialista, donde se espera quede refrendado la próxima semana y se inicie el proceso de implementación.

El nuevo acuerdo es cuestionado por los mismos que promovieron el "No" al primero, liderados por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe.

"Esta decisión desconoce el triunfo del No" en el plebiscito del 2 de octubre, dijo el Centro Democrático, partido de Uribe, que considera que negar la refrendación popular ha sido un "golpe a la democracia".

Las modificaciones no atendieron los dos principales reclamos de la oposición liderada por Uribe: que los jefes de la guerrilla paguen con cárcel por sus delitos y que no puedan postularse a cargos de elección popular.

Luego de romper el diálogo con el gobierno, la oposición anunció marchas y criticó la decisión de refrendar el pacto en el Congreso, donde el partido de Uribe es minoría. Por eso no descartó convocar a un plebiscito para sepultar el acuerdo.

Este acuerdo con las FARC ha dividido a Colombia, de casi 49 millones de habitantes, y donde no hay familia que no haya sido tocada por el conflicto armado.

Santos, ganador del Premio Nobel de la Paz este año, no solo tiene mayoría en el Congreso para lograr la aprobación del acuerdo, sino también para pasar los proyectos de ley necesarios para implementarlo.

El acuerdo incluye complejos temas como el acceso a la tierra para los campesinos pobres, lucha contra el narcotráfico, administración de justicia, compensación a las víctimas, desminado, la implementación de los pactos y un cese bilateral y definitivo al fuego supervisado por la ONU.

A pesar de todo, la firma del acuerdo con las FARC no garantiza el fin de la violencia en Colombia. Las conversaciones de paz con la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), están estancadas, mientras el gobierno combate a bandas dedicadas al narcotráfico integradas por exparamilitares de ultraderecha.

El gobierno estima que el acuerdo de paz impulsará la desacelerada economía del país productor de petróleo, carbón y café para lograr un crecimiento adicional anual de hasta dos puntos porcentuales en el PIB, que el año pasado se expandió un 3,1%.

El primer acuerdo debía refrendarse mediante un plebiscito que se realizó el 2 de octubre y en el que el "No" ganó por 53.894 votos.

El nuevo acuerdo será refrendado en el Congreso, con mayoría oficialista.

La primera versión debía anexarse a la Constitución. Ahora solo se incorporará un artículo transitorio que obliga a las partes a cumplir "de buena fe" con el acuerdo.

El primer acuerdo establecía un sistema de justicia transicional encargado de juzgar los delitos cometidos durante el conflicto, que plantea penas alternativas a la cárcel. Ahora se establece un periodo de 10 años para presentar acusaciones.

El nuevo pacto busca aclarar la conexión del narcotráfico con los delitos políticos.

La participación política de los guerrilleros se mantuvo y constituye la principal objeción de los opositores, que rechazan que puedan presentarse a cargos electivos antes de pagar sus penas.

VIDEOAFP Y REUTERS