Nos atacaron a todos", afirmó Glenda Lugo, habitante de la calle donde fue asesinado el liceal Kleivert Roa, de 14 años de edad, el martes en San Cristóbal por el oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Javier Mora Ortiz (23). La frase resume el sentimiento de vulnerabilidad de quienes presenciaron el crimen en esa calle de Táchira y que se extendió a todo el país.

La mujer relató detalles de lo ocurrido en la carrera 15 de Barrio Obrero: "¿Cómo es posible que un niño venga corriendo y este policía se baje de la moto, le apunte y el niño le suplique que por favor no lo mate y este desgraciado le dispare? Después se arrodilló y le pidió perdón. Y todavía tenía el descaro de llevárselo. Aquí están los golpes, miren mis brazos como están, golpeados por ese policía porque no quería que yo agarrara al niño porque ellos se lo querían llevar a rastras en la moto, y yo misma les dije: Después de que lo mataron como a un perro ¿qué van a hacer... tirarlo como un perro?. Lo que hicieron fue destapar bombas lacrimógenas y tirárnoslas para dispersarnos", contó Lugo.

La carrera 15 de Barrio Obrero, donde murió Roa, está apenas a dos cuadras de la Residencia Oficial de Gobernadores y a igual distancia del Colegio Agustín Codazzi, donde estudiaba la víctima. El miércoles fue cerrada por estudiantes y vecinos que dibujaron siluetas en el lugar donde cayó el muchacho, y levantaron un altar en su honor, donde fueron colocados los zapatos que usaba cuando fue atacado. El rastro de sangre aún estaba fresco. En las paredes de las casas colocaron banderas de Venezuela.

Aunque había expectativa de que el féretro del muchacho fuese llevado al lugar donde murió, los padres decidieron trasladarlo directamente al cementerio. No hubo velorio porque la familia no es católica. Al paso de la caravana fúnebre, las personas que estaban en las calles daban la bendición y otros se persignaban.

En tanto, el oficial Javier Mora Ortiz fue imputado el miércoles por los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles con agravante, previsto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y uso indebido de arma, informó la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Según informó el Ministerio Público, el oficial de la PNB aseguró que efectuó un disparo con munición de goma. Erick Roa, padre del joven asesinado, dijo que el acta de defunción señala que la muerte fue causada por arma de fuego, sin especificar cuál.

Un grupo de estudiantes, juristas, académicos y opositores venezolanos presentó ayer un recurso judicial para anular la resolución que permite a las fuerzas armadas el uso de armas potencialmente mortales para controlar manifestaciones.

"Exigimos a la Sala Constitucional que se pronuncie rápidamente sobre este recurso ya que la vida de los jóvenes venezolanos pende de un hilo por culpa de esta resolución totalmente nefasta, mortal que tiene en vilo a toda la ciudadanía", dijo el consejero estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, Francisco Mateus.

El recurso contra la resolución 8610 del Ministerio de Defensa venezolano, que sigue a otro con el mismo fin interpuesto el 3 de febrero por la oposición política, fue presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia dos días después de la muerte del adolescente de 14 años en una protesta por un disparo hecho supuestamente por un policía que fue detenido el mismo día e imputado.

"No vamos a permitir que la FANB (Fuerza Armada) actúe en contra de sus ciudadanos", añadió Mateus, rodeado de decenas de estudiantes, profesores y representantes del Colegio de Abogados de Caracas.

Según el dirigente estudiantil Jesús Bracamonte, la Constitución venezolana "ha sido flagrantemente violada con esta resolución, que es una licencia para matar". La resolución 8610, aprobada en gaceta oficial hace unas semanas, regula la actuación de la FANB en el control de manifestaciones y protestas y la autoriza, cuando la situación lo requiera, a emplear el "método del uso de la fuerza potencialmente mortal" durante las manifestaciones.

En la misma jornada, miembros de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acudieron también a la sede del Supremo para insistir en un recurso de nulidad contra la misma resolución.

La ONG Human Rights Watch (HRW) instó ayer a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a "exigir la liberación de los opositores" detenidos en Venezuela y "reclamar justicia por los abusos" cometidos por el gobierno contra manifestantes. "Ni Unasur ni sus Estados Miembros —salvo Colombia y Chile— expresaron preocupación" por estas dos cuestiones, indicó HRW en un comunicado fechado en Nueva York. El director de HRW José Miguel Vivanco, afirmó que "debería exigir la liberación inmediata de todos los opositores del gobierno que han sido detenidos arbitrariamente".

Los obispos venezolanos pidieron ayer a las autoridades del país que no empleen métodos o armamentos "contrarios a la legalidad" en alusión a la muerte del liceal. "Pedimos encarecidamente a las autoridades civiles, militares y policiales que no empleen ni métodos ni armamentos contrarios a la legalidad y a la dignidad de los seres humanos", dice un comunicado firmado por Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, la ciudad donde murió el menor, y respaldado por la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV). El religioso recuerda a los agentes de seguridad que es "su deber" mantener el orden, apegados a la ley y el respeto a los derechos humanos al tiempo que señala que "la protesta es un derecho ciudadano" que también debe realizarse en los parámetros de la legalidad y "ser pacífica". "Quienes son los causantes de la muerte del joven estudiante y de otros desmanes deben asumir su responsabilidad y ser llevados a los órganos correspondientes de administración de justicia", dice el escrito.

Se suman reclamos de todos los sectores para derogar el uso de armas