Un país estremecido por la violencia

Almagro abre el proceso en OEA; EE.UU. dice que Ortega viola compromiso democrático.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció el inicio del proceso para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua,que abre la puerta a la suspensión del país del organismo, con el respaldo de cinco países: Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú.

"Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana", afirmó Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, realizada ayer jueves, en Washington.

La Carta Democrática es un instrumento jurídico que, en sus artículos 20 y 21, contempla trámites diplomáticos contra un Estado miembro donde haya "una alteración del orden constitucional" y, de fracasar esas gestiones, allana el proceso para su suspensión, con lo que dejaría de participar en los programas del organismo.

El artículo 20, indica: "En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.

Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática".

El artículo 21 establece que "cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato".

Para aprobar la suspensión, la mayor forma de sanción que tiene la OEA, son necesarios 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 países que son miembros activos del organismo (Cuba pertenece a la institución pero no participa en ella desde 1962).

En sus 70 años de historia, la OEA solo ha suspendido a dos Estados (Cuba y Honduras); mientras que en su Asamblea General de este año dio un primer paso para iniciar ese proceso con Venezuela, aunque este país ya había anunciado su decisión de retirarse del organismo continental.

En su discurso, Almagro no se refirió a la suspensión y se limitó a anunciar el inicio de la aplicación del artículo 20, algo que puede hacer como secretario general y que le permite convocar de manera "inmediata" un Consejo Permanente que podría iniciar las gestiones diplomáticas con Nicaragua.

En la sesión de ayer, cinco Estados miembros (Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú) se mostraron a favor de evaluar la situación en Nicaragua mediante la Carta Democrática, una opción que también respaldó la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño.

"La CIDH llama a los Estados Miembros de la OEA a rechazar las violaciones a los derechos humanos, los actos de represión contra la población nicaragüense y a considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana al país", afirmó Arosemena de Troitiño.

Por su parte, el embajador de Colombia ante el organismo, Alejandro Ordóñez, consideró que la OEA debe jugar "un papel indispensable" frente a la crisis en Nicaragua, que estalló el 18 de abril con protestas que piden la renuncia del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

"La situación en Nicaragua debe ser abordada a la luz de la Carta Democrática Interamericana", aseveró Ordóñez.

El diplomático colombiano señaló que es "urgente" e "imperativo" tomar esa iniciativa después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, haya concluido en su informe que el Ejecutivo nicaragüense ha perpetrado crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, consideró que el organismo no puede estar "en silencio" y debe acudir a la Carta Democrática para reconocer que en Nicaragua "no se cumplen" los compromisos democráticos adquiridos a nivel internacional.

La embajadora de Perú ante la OEA, Ana Rosa Valdivieso, también mencionó la Carta Democrática e instó al resto de Estados MIEMBROS a no permanecer "impasibles" ante la situación.

La embajadora argentina, Paula Berto, fue un poco más contundente al asegurar que el Gobierno de Ortega está cometiendo "terrorismo de Estado" y adelantó: "Muchos Estados estamos pensando en la aplicación de la Carta Democrática, muchos de nuestros Estados estamos pensando en una reunión de consulta extraordinaria".

En reacción a todas esas críticas, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, repitió sus acusaciones contra Estados Unidos de "injerencia" y apuntó que Almagro está actuando de forma "acusadora y amenazante" al haber iniciado el proceso para aplicar la Carta a su país.

Alvarado contó con el apoyo de la representación de Venezuela, que subrayó que Estados Unidos tiene una "política de agresión permanente" hacia Nicaragua; y de Bolivia, que pidió al organismo "propiciar un escenario de diálogo sin imposiciones".

Fuera de la OEA, una decena de nicaragüenses se concentró con banderas blancas y azules, símbolo de las protestas. Increparon a su llegada al organismo a Alvarado, representante de Nicaragua al que llamaron "asesino" y al que pidieron que no sea "cómplice" de la "represión" de Ortega.

Mientras sesionaba la OEA, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo afirmó que "2019 nos trae a los pueblos grandes victorias. Estamos seguros, tenemos la certeza, de que de la mano de Dios estamos construyendo todos los días victorias de paz".

Murillo emitió sus palabras a cuatro días de finalizar un año en que la economía nicaragüense tendrá una contracción de 4 puntos porcentuales, según el Banco Central de Nicaragua, que hasta antes del estallido social de abril pasado contra el presidente Daniel Ortega esperaba un crecimiento de entre el 4,5 y el 5%.

La debacle económica es el resultado de una crisis sociopolítica que, según organismos humanitarios, ha dejado cientos de muertos, heridos, presos y desaparecidos, en protestas contra Ortega, así como decenas de miles de exiliados.

Hubo diálogo y negociación promovidos por la Iglesia Católica para buscar una salida pacífica a la situación adversa, pero no surgieron resultados auspiciosos.

Crisis de 8 meses con violencia

La crisis en Nicaragua comenzó el 18 de abril de este año, cuando se produjo una reacción popular en contra de la reforma de la seguridad social propuesta por el presidente Daniel Ortega. Pero, las protestas se extendieron para denunciar otros aspectos de la difícil situación económica y social del país.

La crisis ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan la cifra a 545 víctimas mortales. El gobierno solo reconoce que murieron 199 personas y denuncia un intento de golpe de Estado contra el presidente Ortega.

Asimismo, hay unos 500 presos a raíz de las protestas y 40.000 exiliados en Costa Rica.

Nicaragua tiene 6.100.000 habitantes y gran parte de su población enfrenta una situación de pobreza. (Fuente: El País de Madrid)