En lo que va del año murieron 134 presos en guerra narco.

Un nuevo motín en Natal y una huelga de guardias en Río de Janeiro agravaron ayer martes la crisis en el sistema carcelario de Brasil, escenario de una guerra entre bandas de narcotraficantes. El Ejército está pronto para intervenir y frenar la matanza de presos: 134 reclusos fueron asesinados en lo que va del año, 26 de ellos solo este fin de semana en la cárcel de Alcacuz, en Natal.

Ayer martes en Alcacuz, la policía disparó balas de goma desde el exterior contra los presos que trataban de invadir los pabellones de las facciones rivales, en un movimiento similar al que desencadenó la matanza del sábado.

A las puertas de la cárcel, familiares afirmaban que reclusos de la facción local Sindicato do Crime RN, a la que pertenecía la mayoría de los asesinados del fin de semana, trataban de invadir el pabellón donde se encontraban sus rivales del poderoso Primer Comando de la Capital (PCC).

El feroz enfrentamiento entre el PCC de São Paulo y el Comando Vermelho (CV) de Río de Janeiro, y sus aliados locales, por el control de las rutas de la cocaína incendió las cárceles brasileñas en las últimas semanas. En lo que va del año, 134 presos fueron asesinados en varias exhibiciones de violencia extrema, según un cómputo del diario Folha de Sao Paulo con datos del Ministerio de Justicia.

Según Robinson Faria, el gobernador de Río Grande do Norte, cuya capital es Natal, las autoridades tratan de evitar una fuga masiva después de que el PCC amenazara con incendiar la ciudad si sus líderes eran transferidos de cárcel.

El gobernador confirmó que la matanza del fin de semana fue una venganza del PCC después de que integrantes de la facción fueran reprimidos el pasado 1° de enero en una cárcel de la ciudad amazónica de Manaos, en la que fallecieron 56 detenidos.

Lo ocurrido durante el fin de semana "fue una barbarie que nunca vi en mi vida. Hicieron una hoguera con cabezas de seres humanos", añadió ante periodistas en Brasilia, donde fue recibido por el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes.

La policía trasladó el lunes a seis presuntos líderes del PCC a prisiones federales, pero no fue suficiente para retomar el control en el penal de Natal con capacidad para 620 reclusos que alberga a 1.083.

En un momento en el que se está definiendo el nuevo mapa del narcotráfico en Brasil, la tensión ya no se restringe a la estratégica región norte —fronteriza con los grandes productores de cocaína de Colombia y Perú—, donde ocurrieron las matanzas. Estados ricos del sur y sudeste como Paraná y Minas Gerais también sufrieron fugas y tentativas de motines.

El personal carcelario está saturado y expresa malestar. En Río de Janeiro, un estado al borde de la quiebra, los guardias de las cárceles se declararon en huelga, por lo menos por una semana, en reclamo de salarios impagos. "Además de la falta de agentes penitenciarios, de médicos, de enfermeros o de asistentes sociales, estamos confrontados a una inmensa población carcelaria", afirmó el presidente del sindicato de funcionarios del sistema penitenciario de Río de Janeiro, Gutembergue de Oliveira. "Hay un guardián cada 200 detenidos, pese a que el Ministerio de Justicia recomienda que esa relación sea de 1 a 5", añadió.

En medio de esta crisis, una de las mayores del sistema penitenciario de la historia de Brasil y que mantiene en jaque al gobierno y a las administraciones estatales, el presidente de Michel Temer anunció ayer que las fuerzas armadas podrán realizar inspecciones rutinarias en las cárceles. La crisis penitenciaria ha alcanzado "dimensiones nacionales" y requiere de "acciones extraordinarias", admitió Temer tras una reunión con órganos de seguridad.

La presencia de las fuerzas armadas tendrá que ser autorizada por los gobernadores porque, salvo en el caso de las cárceles federales, los centros penitenciarios son responsabilidad de las administraciones estatales.

VIDEO