CRISIS EN VENEZUELA

La Misión Internacional para analizar posibles violaciones de derechos humanos en Venezuela denunció ayer miércoles ante Naciones Unidas crímenes contra la humanidad cometidos por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien a su vez acusó a los investigadores de obedecer los dictados de Estados Unidos y el Grupo de Lima.

La portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la citada misión, de la que también forman parte el experto chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils, presentó ante la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos un informe que denuncia ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos.

Estas violaciones fueron perpetradas, según la misión, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia venezolanos, tanto civiles como militares.

“Nuestro análisis completo y minucioso de 223 casos que hemos investigado (...) nos llevó a tener motivos razonables para creer que estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, de conformidad con políticas de Estado que, por esa razón, constituyen crímenes de lesa humanidad”, concluyó la investigadora portuguesa.

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El informe sugiere que tribunales de fuera de Venezuela, incluida la Corte Penal Internacional, juzguen estas violaciones de las libertades fundamentales, aunque Valiñas se limitó en su intervención de ayer a pedir que las autoridades venezolanas garanticen la rendición de cuentas de los responsables.

El documento, de 411 páginas, investigó unas 4.600 muertes a manos de las fuerzas de seguridad venezolanas y más de 3.400 denuncias de detenciones arbitrarias por razones políticas.

La presidenta de la misión tripartita defendió la “total independencia e imparcialidad” de su labor y lamentó que el Gobierno venezolano no les haya permitido llevar a cabo investigaciones “in situ” en el país, ni respondiera a ninguno de sus intentos de comunicación.

El 16 de agosto, Valiñas indicó en un comunicado, que investigaron “16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales, además de 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad entre 2015 y 2017.

Asimismo, señaló que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) dijeron a la misión que “era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular enfrentamientos”.

“Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen”, dijo Valiñas.

La misión investigó las acciones del Sebin y la Dirección General de Contrainteligencia Militar y documentó detenciones que en realidad eran “desapariciones forzadas de corta duración que incluyen torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual para obtener confesiones o como castigo”.

A su vez, Cox sostuvo, el 16 de agosto: “Tenemos participación y contribución al crimen de Maduro, ya sea directamente a través de la cadena de mando o en ocasiones dando órdenes directas. Tenemos motivos razonables para creer que esto es una política de Estado (...) para sofocar a la oposición”.

Cox también expuso que los organismos de inteligencia sometieron a opositores o disidentes “a violencia sexual”, así “como palizas o descargas eléctricas en los genitales”.

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En el debate posterior a las intervenciones de la Misión Internacional y de Venezuela, la delegación de la Unión Europea y la peruana en nombre del Grupo de Lima manifestaron su apoyo al informe y a su petición de investigaciones imparciales.

Brasil resaltó expresamente la recomendación de que estos abusos se lleven a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, y exhortó a “poner a las víctimas por encima de todo”.

En julio de este año, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un documento denunciando “detenciones arbitraria, violaciones a las garantías del debido proceso y casos de torura y desapariciones foerzadas”.

En esa ocasión, la misión investigó 223 casos, 48 de ellos en profundidad, en un exhaustivo informe de 443 páginas. Además, estudio otros 2.891 casos para “corroborar patrones de violaciones y crímenes”, conmo detenciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. Esa misión no pudo visitar Venezuela debido a que el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes y a las restricciones aéreas por el COVID-19.

Venezuela acusa a EE.UU. de pagar el informe

Venezuela acusó a Estados Unidos y los países latinoamericanos del Grupo de Lima de estar detrás del informe presentado ayer miércoles por la Misión Internacional encargada por la ONU de investigar los abusos del Gobierno de Nicolás Maduro.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, encargada de organizar esta misión, “ha desembolsado tres millones de dólares para elaborar el informe desde Panamá por mercenarios”, aseguró el embajador venezolano en Ginebra, Jorge Valero, como respuesta de su gobierno después de la presentación de las investigaciones.

“La CIA y otros órganos del gobierno de Estados Unidos han canalizado millones de dólares para posicionarlo internacionalmente” utilizando a “ONGs que han convertido a los derechos humanos en un rentable negocio”, añadió en su intervención ante el mismo Consejo de Derechos Humanos que en 2019 dio luz verde a la misión.

Según el embajador venezolano en Ginebra, Jorge Valero, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, encargada de organizar esta misión, “ha desembolsado tres millones de dólares para elaborar el informe desde Panamá por mercenarios”.

El embajador ligó la presentación del informe con la reciente gira del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, por varios países vecinos de Venezuela “buscando concertar acciones para derrocar al gobierno de Maduro, incluso con una invasión militar estadounidense apoyada por los gobiernos títeres de Colombia y Brasil”.

Valero también advirtió a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que dirige la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que puede elegir entre proseguir la actual cooperación con el gobierno de Maduro o “mantener una misión fantasma que hace un trabajo a control remoto” y con la que el Grupo de Lima le está “saboteando”. (Con información de Efe)