LA PANDEMIA DEL COVID-19

Decenas de miles de personas volvieron ayer sábado a las calles de Francia para protestar contra la ampliación del certificado sanitario, que pronto será obligatorio para acceder a buena parte de los lugares públicos, mientras el Senado debate el respectivo proyecto de ley, que ha tenido ya algunas modificaciones.

El tránsito del texto por las cámaras está siendo largo y tras dos días de discusiones y votaciones en la Asamblea Nacional se encuentra ahora en el Senado, de mayoría conservadora, donde los debates prometen también prolongarse.

Las primeras modificaciones se introdujeron antes incluso de que se iniciara el debate, pues la comisión de Leyes y Asuntos Sociales de la Cámara alta retiró dos cláusulas importantes antes de que comenzara el pleno.

No será, por tanto, necesario presentar un certificado sanitario -bien de vacunación, de haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses o un test negativo de las 48 horas anteriores- para acceder a centros comerciales ni para hacer una visita a hospitales.

Sí que se mantienen las grandes líneas del texto: será necesario contar con él para poder entrar en cafés, restaurantes y transportes públicos de larga distancia a partir de principios de agosto, y a partir del 15 de septiembre la vacunación será obligatoria para el personal sanitario.

Pero los senadores han aligerado las sanciones en el caso del personal de sanidad: no habrá despido si al cabo de dos meses el profesional mantiene su negativa, como preveía el texto inicial.

En cambio, las multas serán más duras para los empresarios que no controlen el certificado de sus clientes, que podrían recibir una orden de cierre administrativo temporal, en lugar de una multa, y en caso de reincidir en tres ocasiones podrían ser multados con 9.000 euros y hasta un año de prisión.

Los controles sólo podrán ser ejecutados por las fuerzas de orden y no por agentes de seguridad privados.

Habrá multas también para los que muestren un certificado falso, de hasta 3.750 euros.

Sin embargo, la introducción más importante de los senadores es la necesidad de que el certificado sanitario funcione únicamente cuando el país haya decretado el estado de emergencia sanitario, por lo que votaron que vuelva a ser aplicado ahora hasta el 31 de octubre de 2021.

Y mientras el Senado debate, más de 160.000 personas, según cifras del ministerio del Interior, se manifestaron en las principales ciudades del país, si bien según los últimos sondeos el 76% de la población está a favor de la obligatoriedad de la vacunación para sanitarios y la extensión del certificado sanitario.

Carteles con “No al chantaje de vacunas” y “Libertad” podían leerse en las distintas marchas, donde la mayoría de los manifestantes desfilaban sin mascarillas y acusando al Gobierno de llevar a cabo una política dictatorial.

En París, la marcha fue convocada por Florian Philippot, antiguo número dos de Marine Le Pen en el Frente Nacional y hoy a la cabeza de su propio partido, Los Patriotas.

“¿Dónde esta la gran ola de COVID-19 que prometían? ¡En todas partes está cayendo! ¿Dónde están las masas en ucis de Francia? ¡No las vemos! En cambio, vemos sus mentiras, su voluntad de dividirnos, de convertirnos en esclavos”, escribió Philippot en su cuenta de Twitter.

El ministro de Sanidad, Olivier Véran, reconoció hoy en una entrevista en “Le Parisien” que su Gobierno habría preferido no recurrir al certificado “si el contexto fuera diferente”.

“Condicionar la entrada de un restaurante, un bar o un teatro al estado de vacunación no me gusta, pero no hemos tenido alternativa. El certificado es una forma eficaz de evitar un nuevo confinamiento y una catástrofe sanitaria”, dijo Véran.

Los datos del viernes cuando se registraron cerca de 20.000 nuevos contagios, si bien las hospitalizaciones se mantienen estables, muestran un rápido y fuerte incremento con respecto a los de la semana pasada, cuando había entre 6.000 y 8.000 nuevos casos al día.

El gobierno asegura que con esta dinámica habrá unos 50.000 a principios de agosto.