EMPLAZADO

Puigdemont tiene hasta el lunes para aclarar si declaró la independencia de su región.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, reiteró ayer miércoles su rechazo frontal a una mediación con el presidente catalán Carles Puigdemont, al que exigió oficialmente que aclare si el martes proclamó la independencia de Cataluña.

Rajoy informó al Congreso de los Diputados que su gobierno acordó pedir ese "requerimiento", primer paso para una intervención de Cataluña, en aplicación del Artículo 155 de la Constitución española.

"Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad jurídica que requiere una cuestión de tanta importancia", añadió Rajoy, al tiempo que insistió que buscará el mayor consenso parlamentario en el tema.

El Consejo de Ministros aprobó el requerimiento en una reunión extraordinaria, ya que el discurso del presidente catalán del martes supone una "deliberada confusión" que es necesario aclarar, argumentó Rajoy ante los diputados.

El martes, en el parlamento regional, Puigdemont dejó en suspenso una declaración de independencia sin llegar a formularla explícitamente, creando una gran confusión.

El desconcierto fue aún mayor cuando, terminado el pleno, los 72 diputados secesionistas del Parlamento catalán firmaron una declaración de independencia en la que como "representantes de Cataluña" constituyen "la República catalana como Estado independiente y soberano".

El valor de este documento "es simbólico", aclaró el portavoz del ejecutivo catalán, Jordi Turull.

Puigdemont tiene hasta el lunes para responder al requerimiento acerca de si declaró la independencia. Y si informa que lo ha hecho, hasta el jueves 19 tiene para rectificar, según los plazos previstos en el proceso abierto ayer por Rajoy.

En caso de que Puigdemont incumpla los plazos, o su respuesta no satisfaga al gobierno de Rajoy, este empezará a tomar medidas concretas bajo el Artículo 155 de la Constitución, que prevé la intervención de una región de Cataluña.

En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, Rajoy reiteró que no acepta mediaciones —"no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia"—, el mismo día en que Puigdemont, en una entrevista con CNN, reiteró su llamamiento al diálogo y la demanda de designación de un mediador.

Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el principal de la oposición, había dado previamente su apoyo a Rajoy, con quien estuvo reunido el martes, y anunciado que había acordado con él abrir el debate sobre una reforma de la Constitución, precisando que permitiría hablar de "cómo Cataluña se queda en España, y no de cómo se va".

El sentimiento independentista en Cataluña ha crecido exponencialmente desde la crisis económica mundial de 2008 y el recorte parcial en 2010 por parte del Tribunal Constitucional de un estatuto regional que le daba más autonomía.

El 1° de octubre se celebró en Cataluña un referéndum declarado inconstitucional en el que algo más del 90% de los votos fueron a favor de la independencia, con una participación del 43%, aunque los sondeos y los resultados de las elecciones autonómicas señalan una división casi a partes iguales en la sociedad catalana. En lo que sí coinciden los catalanes —80% según los sondeos— es en pedir un referéndum pactado sobre la autodeterminación.

Rajoy dijo que "ni un solo país del mundo" se ha podido tomar "mínimamente en serio" esa consulta del 1° de octubre, "que no resiste la más elemental prueba" de transparencia y neutralidad. Lo que tuvo lugar el 1° de octubre fue una votación ilegal para "volar la Constitución, la unidad de España y el Estatuto de Cataluña" y que fracasó "rotundamente", dijo.

En su comparecencia ante los diputados, Rajoy aseguró que desea "fervientemente" que Puigdemont "acierte en su respuesta" al requerimiento. Esa respuesta del líder catalán "marcará el futuro de los acontecimientos" de los próximos días, en palabras del jefe del Gobierno español.

Aseguró que, pese a todo, se puede dialogar de cuestiones como la calidad de los servicios públicos, de cómo financiarlos y de qué manera mejorar el marco de convivencia "entre todos". Pero advirtió que "no es posible aceptar bajo la apariencia de un diálogo equívoco la imposición unilateral de puntos de vista que se saben imposibles de aceptar por una de las partes".

Agradeció las numerosas ofertas de "mediadores" que ha recibido, pero les ha recordado que nada hay que acordar sobre lo que ya está establecido en la Constitución: la indivisibilidad de España y que la soberanía reside en el conjunto de los españoles.

España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo. Esa Constitución fue apoyada por más del 90% de los catalanes, en las cuatro provincias en que se divide Cataluña.

El plazo para que Carles Puigdemont responda al planteo de ayer de Mariano Rajoy vence el lunes a la hora 10 de España (5 de la madrugada en Uruguay). "Es así de fácil y se entiende muy bien (...) No es lo mismo que alguien, en este caso el presidente de un gobierno autonómico, declare la independencia, en cuyo caso el gobierno tiene que actuar, que no la declare". Rajoy lanzo una advertencia: "Es muy importante que el señor Puigdemont acierte" en su respuesta.

Las palabras del presidente Mariano Rajoy fueron respaldadas ayer en el Congreso de Diputados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el principal de la oposición, y los liberales de Ciudadanos, en las intervenciones posteriores de sus representantes parlamentarios.

La coincidencia del Partido Popular (PP) de Rajoy con el PSOE y Ciudadanos fue criticada por Podemos.

"No necesitamos más mediadores que nosotros, que somos los representantes de la soberanía popular", sostuvo la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, quien valoró el pacto alcanzado entre Rajoy y el líder socialista, Pedro Sánchez, de abrir en seis meses la reforma constitucional.

Rajoy y el socialista Sánchez acordaron abrir el debate para una reforma de la Constitución que podría mejorar el encaje de Cataluña. "El acuerdo que tengo con el presidente del gobierno es que abramos la vía política, la vía de la reforma constitucional", dijo Sánchez, aclarando que el debate permitiría hablar de "cómo Cataluña se queda en España, y no de cómo se va".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, insistió en su reclamo de poner fecha a unas elecciones autonómicas, para lo que considera que es necesario aplicar el Artículo 155 de la Constitución que habilita al gobierno a intervenir en Cataluña.

En rechazo frontal a la posición de Rajoy se manifestaron los diputados de las formaciones independentistas catalanas ERC (Ezquerra Republicana de Catalunya) y la centroderecha PDeCAT, quienes le reprocharon su "empeño" por mantener la unidad de España a toda costa.

También conminaron a Rajoy a aceptar la oferta de diálogo que le hizo el martes Carles Puigdemont, ya que puede ser "la última oportunidad", en palabras del portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano.

El diputado de ERC, Joan Tardà, apostó por la mediación que defiende el propio Puigdemont, al que aseguró que defenderán mientras se mantenga "firme" en su voluntad de negociar y buscar mediadores para resolver un "problema político" ante el mundo.

"Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno (...) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

Quizá sea esta la confusión más extendida. La llamada coerción estatal no implica de partida la suspensión de la autonomía, como sucedió en 1934 cuando Companys proclamó el Estado Catalán "dentro de la República Federal Española". Se trataría de una intervención puntual que durará hasta que se restaure la legalidad.

Primero el Gobierno tiene que requerir al presidente autonómico incumplidor que restaure la legalidad. Este escrito debe contener una relación de los incumplimientos detectados y medidas concretas a aplicar, y un plazo para que el presidente autonómico responda. Si el dirigente regional accede a adoptar esas medidas o a que el Gobierno las adopte por él, el procedimiento se pone en marcha automáticamente. En caso contrario, el Gobierno deberá pedir autorización al Senado para actuar.

El 155 puede aplicarse de manera progresiva. La primera medida podría consistir en que el Gobierno asumiera las competencias sobre los Mossos dEsquadra. Otras medidas pueden ser la suspensión de transferencias de servicios en curso, o la suspensión de la asignación en los Presupuestos Generales del Estado a la comunidad rebelde. También contempla la doctrina, no la ley, la imposición de delegados con poderes especiales y derecho de veto en puestos clave de la administración.