BRASIL

La corte suprema de Brasil suspendió ayer miércoles una orden de traslado del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de su celda en la Policía Federal en Curitiba a una cárcel común de San Pablo, en una jornada que reavivó los pedidos de revisión de su caso.

Por 10 votos contra uno, el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió mantener al líder histórico de la izquierda brasileña en la sede policial de Curitiba hasta analizar si el exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, fue parcial al condenarlo por corrupción.

Una magistrada regional había ordenado por la mañana el traslado, atendiendo un pedido de la policía que alega diversos trastornos ocasionados por la custodia de Lula debido a la aglomeración de sus partidarios y adversarios en los alrededores de su lugar de reclusión y a las numerosas visitas de personalidades brasileñas y extranjeras que recibe.

Lula , de 73 años, debía ser transferido de Curitiba -donde purga una pena de casi 9 años de cárcel- a la Penitenciaria II de Tremembé.

Ubicado a unos 150 km de la ciudad de San Pablo, el Complejo Penitenciario de Tremembé fue construido en 1948 y, desde 2002, recibe presos que han cometido delitos con gran repercusión, lo que le ha llevado a ser bautizado por la prensa brasileña como la "cárcel de los famosos".

Desde que fue encarcelado, Lula permanece en una sala especial, de 15 metros cuadrados y adaptada por su condición de expresidente, en la sede de la Policía Federal en Curitiba, y donde también se encuentra el tribunal a cargo de la operación anticorrupción Lava Jato, por la que fue encarcelado.

La jueza explicó que la decisión buscaba “reducir los costos humanos y financieros inherentes a la custodia” y “proporcionarle (a Lula) mejores condiciones de resocialización”, en un establecimiento “cerca de su medio social y familiar”.

Pero los abogados de Lula enviaron un pedido urgente para que el STF suspendiera la operación, alegando que si las autoridades no pueden custodiarlo donde se encuentra, deberían concederle la “libertad plena” y no “colocarlo en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica y personal”.

Lula recibió la noticia del fallo del STF “con serenidad”, dijo uno de sus abogados, Manoel Caetano Ferreira, tras reunirse con el exmandatario. “Evidentemente que estaba indignado. Todos sabemos que su prisión es injusta, él se considera y es considerado como un preso político”, pero “ya dijo más de una vez que confía en el Supremo”, agregó Ferreira.

El profesor de Derecho Michael Mohallem, de la Fundación Getulio Vargas (FVG), considera “razonable” el pedido de la defensa de mantener a Lula en una sala especial y no una celda, en función de su calidad de expresidente al que aún le caben recursos judiciales.

Lula cumple una condena de 8 años y 10 meses de prisión, como beneficiario de un apartamento tríplex en el litoral paulista puesto a su disposición por la constructora OAS, una de las involucrada en el escándalo de sobornos de Petrobras.

La condena fue confirmada por dos tribunales de apelación, pero Lula se declara inocente y denuncia una conspiración político-judicial para impedirle volver al poder.

Su defensa había pedido en noviembre que el STF analice la imparcialidad del fallo, después de que el juez Moro, autor en 2017 de la condena en primera instancia, aceptara ser ministro de Justicia del entonces presidente electo Jair Bolsonaro.

Lula, incluso detenido, era dado por las encuestas como vencedor de las elecciones de octubre hasta que su candidatura fue invalidada por la justicia electoral en septiembre.

La teoría de la conspiración contra la izquierda ha ganado fuerza desde junio, cuando el portal de periodismo de investigación The Intercept Brasil inició una serie de publicaciones basadas en supuestas conversaciones privadas entre Moro y los fiscales del caso Lava Jato, que sugieren cierta intimidad entre las dos partes.

El STF todavía no fijó fecha para organizar ese debate, pero al menos hasta ese momento, Lula podrá permanecer en Curitiba.