LA CRISIS EN VENEZUELA

Toma a la oposición “en pañales” y sin un candidato claro.

El anuncio del régimen chavista de que las elecciones presidenciales se realizarán antes del 30 de abril, se convirtió ayer miércoles en el disparo de largada de la carrera electoral, con Nicolás Maduro como el "caballo del comisario", la oposición dividida y la comunidad internacional escéptica.

Henri Falcón, la primera figura de la oposición que confirmó su intención de participar en la contienda, llamó a una unidad "sincera". "No es el momento de las particularidades, es la hora de la gente (...) Necesitamos echar de allí ese gobierno chimbo (malo)", señaló Falcón, exgobernador del estado de Lara, líder del pequeño partido de centroizquierda Avanzada Progresista.

Con la decisión de la Asamblea Constituyente, organismo que responde a Maduro, de adelantar para antes del 30 de abril los comicios presidenciales, que tradicionalmente se hacen en diciembre, el régimen sacudió las conversaciones con la oposición en República Dominicana, con la mediación internacional, donde se negociaban garantías electorales.

La fecha beneficia la candidatura de Maduro, una vez que sus adversarios, que convocaron meses de protestas el año pasado buscando presionar sin éxito su salida, terminaron divididos en medio del dilema de abstenerse o participar en cualquier proceso de votación, aunque lo crean fraudulento. Además, las principales figuras de la oposición han sido inhabilitadas para competir.

"Hoy nos agarran en pañales", dijo el dirigente opositor Andrés Velásquez sobre la fecha de las elecciones.

"Las elecciones se llevarán a cabo en los términos de Maduro, lo que le permitirá garantizar su victoria", dijo la consultora Eurasia.

Por eso, el Grupo de Lima rechazó el llamado a elecciones antes del 30 de abril. Al término de una reunión en Santiago, los representantes de 14 países americanos concluyeron que bajo las condiciones actuales, los comicios carecerían de legitimidad, argumentó el canciller chileno Heraldo Muñoz. "Esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles", dijo al leer un comunicado aprobado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

"Exigimos que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que correspondan", agregó.

Además, la declaración solicitó una investigación imparcial sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales. El Grupo de Lima condenó la violencia que ha llevado a la pérdida de vidas, y reiteró su condena a que se mantengan presos políticos en Venezuela.

A raíz del llamado a elecciones, el canciller de México, Luis Videgaray, dijo que su país no seguirá participando en un diálogo en República Dominicana entre el gobierno y la oposición para intentar buscar una salida a la crisis venezolana. "Uno de los elementos fundamentales a negociarse en esa mesa es la fecha de la elección, una negociación que no estaba concluida. Si una de las partes, en este caso el gobierno, de manera unilateral decide la fecha de la elección quiere decir que el proceso de negociación ha dejado de ser serio", afirmó.

En tanto, Muñoz dijo que de no corregirse la decisión, Chile también evaluará su participación en el proceso de conversaciones.

Por su parte, el régimen de Maduro cuestionó ayer miércoles la declaración del Grupo de Lima. "La delegación de Venezuela para la mesa de diálogo (...) repudia la grosera e insolente declaración del autodenominado Grupo de Lima, resquicio fracasado, ilegal e inmoral de Luis Almagro (secretario general de la OEA) contra la soberanía de Venezuela", dice una declaración leída por el ministro de comunicación venezolano, Jorge Rodríguez.

Dos senadores estadounidenses pidieron ayer miércoles al Departamento de Justicia que investigue un supuesto lazo con el narcotráfico de importantes funcionarios del gobierno venezolano.

En una carta al fiscal general Jeff Sessions, el republicano Marco Rubio y el demócrata Robert Menéndez dijeron que temían posibles lazos entre el gobierno de Nicolás Maduro y organizaciones de tráfico de drogas y que querían que se investigue para "comprender mejor el nexo entre actores criminales y miembros del círculo más cercano de Maduro".

Rubio es el presidente del subcomité para el hemisferio occidental del Comité de Relaciones Internacionales del Senado estadounidense, y Menéndez es su principal integrante demócrata. Ambos legisladores son críticos abiertos del gobierno venezolano.

En su misiva, manifestaron preocupación de que la situación en Venezuela pueda desestabilizar la región.

Maduro ha negado anteriormente acusaciones sobre nexos con el tráfico de drogas calificándolas de campaña sucia de Washington, responsabilizando a Estados Unidos del narcotráfico.

El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, ya fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. El lunes la Unión Europea sancionó a siete funcionarios del régimen de Maduro por su represión y el debilitamiento de la democracia en Venezuela.