La crisis en Venezuela

La Fiscalía habla de “extirpar” a supuestos conspiradores; marcha chavista sin el presidente.

El régimen de Nicolás Maduro sacó ayer lunes a miles de sus militantes a las calles para expresar su respaldo al mandatario por el supuesto atentado del sábado, mientras la Fiscalía venezolana expresó su disposición a "extirpar" la conspiración. Así, Maduro busca reforzar la versión oficial de que fue víctima de un intento de asesinato del que culpa al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos. Versión a la que la oposición en Venezuela y la comunidad internacional le han puesto un manto de duda.

El fiscal general, el oficialista Tarek William Saab, calificó de "intento de magnicidio" el estallido de un dron cargado con explosivo C4 frente a la tarima en la que Maduro encabezaba una parada militar el sábado en Caracas. La Fiscalía "va a perseguir dentro del marco de la ley a quienes conspiren contra la paz ciudadana", dijo Saab, quien acompañaba a Maduro en la tribuna.

Tras repasar el fallido golpe de Estado de 2002 contra el difunto presidente Hugo Chávez (1999-2013) y la violencia desatada durante protestas opositoras contra Maduro en los últimos años, el fiscal sostuvo que llegó la hora de acabar con las conspiraciones. "Que este hecho sirva para extirpar de una vez por todas cualquier intento violento de atentar contra la paz", advirtió.

El fiscal dijo que dos hombres fueron detenidos "en flagrancia" mientras operaban desde un auto un segundo dron que se estrelló contra un edificio. No los identificó, como había prometido, y tampoco se refirió a otros cuatro capturados anunciados por el gobierno el domingo.

Un informe policial al que tuvo acceso la AFP identifica a uno de los hombres como César Saavedra, quien fue apresado cerca del edificio donde estalló el segundo artefacto.

"Se ha identificado a todos los autores materiales del hecho y sus colaboradores", manifestó el fiscal. El gobierno sostiene que los "financistas" están en Estados Unidos.

Un supuesto grupo de militares y civiles rebeldes, que se define como Movimiento Nacional Soldados de Franelas y hasta ahora desconocido, se atribuyó el ataque.

El gobierno vincula a uno de los detenidos con el asalto al fuerte militar Paramacay, ocurrido hace exactamente un año y durante el cual una veintena de hombres, comandos por un excapitán de la Guardia Nacional, robó 21 fusiles.

La irrupción en Paramacay fue reivindicada por el policía Óscar Pérez, abatido junto a otras seis personas el 15 de enero, seis meses después de lanzar desde un helicóptero dos granadas sobre la sede del máximo tribunal y disparar contra el Ministerio de Interior en Caracas. No hubo heridos.

El mandatario pretende "reforzar su narrativa de que la crisis se debe a actores externos", aseguró a la AFP el director de Diálogo Interamericano, Michael Shifter.

La amenaza de Maduro de perseguir a los responsables con mano de hierro fue considerada por el opositor Frente Amplio como un "intento de profundizar la represión".

Esta agrupación denuncia que en Venezuela el régimen tiene a dos centenares de presos políticos.

La movilización de ayer a favor de Maduro fue convocada por el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) y promocionada a través del canal estatal VTV.

Finalizó en el palacio presidencial de Miraflores, con un acto en el que hablaron los máximos dirigentes chavistas y ministros, pero sin la presencia de Maduro.

Muchos seguidores se preguntaron por la ausencia de Maduro y dejaron el lugar cuando acabaron los discursos sin ver a su presidente.

Del lado de la oposición, el partido Voluntad Popular (VP), liderado por Leopoldo López, alertó ayer lunes sobre una "posible ola de represión" para incriminar a dirigentes políticos por el supuesto atentado contra Maduro.

"En Venezuela nadie cree nada de lo que diga la dictadura", dice un comunicado de VP. "Rechazamos las acusaciones irresponsables de la dictadura con las cuales pretende involucrar a la oposición en lo sucedido, y alertamos sobre una posible ola de represión para incriminar a dirigentes políticos en esto", agregó. VP "reafirma", pese a las "amenazas de la dictadura", su decisión de "luchar por el cambio político urgente".

Un juez brasileño ordenó suspender temporalmente la entrada de venezolanos a Brasil por el estado fronterizo de Roraima hasta que haya un "equilibrio" entre el número de inmigrantes que ingresa con los que salen a otras ciudades. La decisión del juez condiciona la entrada de nuevos venezolanos a Brasil por la frontera al llamado proceso de interiorización, que es una medida del Gobierno federal brasileño mediante la cual transfiere inmigrantes desde Roraima, uno de los estados más pobres de Brasil, a otras regiones y les asegura la regularización. Hasta el momento este proceso ha trasladado a 820 inmigrantes venezolanos a ciudades como San Pablo, Cuiaba, Brasilia y Río de Janeiro, no obstante se estima que, por día, ingresan 500 venezolanos por la frontera de Roraima. "Decido cautelarmente suspender la admisión y el ingreso en Brasil de inmigrantes venezolanos a partir de la ciencia de esta decisión y hasta que se alcance un equilibrio numérico con el proceso de interiorización y se creen condiciones para una acogida humanitaria en el estado de Roraima", señaló el juez Helder Girão Barreto. EFE