El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro pidió personalmente ayer a la Asamblea Nacional superpoderes en tema de seguridad para enfrentar "agresiones imperialistas" de Estados Unidos contra su país, golpeado por la inflación, recesión y una severa crisis de desabastecimiento.

"He decidido asistir hoy (ayer) a la Asamblea Nacional personalmente para entregar la solicitud de la Ley Habilitante por La Paz y la Soberanía...", escribió más temprano Maduro en la red social twitter.

El mandatario concurrió a la sede parlamentaria acompañado de su esposa Cilia Flores, y al ingreso fue escoltado por el presidente de la AN y vicepresidente de la nación, Diosdado Cabello, para formular la petición formal.

El lunes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una nueva escalada de la tension bilateral, calificó la situación en Venezuela como "una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política externa" de su país, al implementar sanciones contra siete funcionarios venezolanos que según Washington participaron de la represión a las manifestaciones antigubernamentales que dejaron 43 muertos en 2014.

El heredero político de Hugo Chávez, replicó acusando a Estados Unidos —al que viene involucrando en planes de golpes y magnicidios— de haber dado "el paso más agresivo, injusto y nefasto que se haya dado contra Venezuela" y anunció que pediría poderes especiales ayer.

La última vez que el presidente solicitó superpoderes —para legislar por un año en temas económicos— fue a fines de 2013 y el lapso entre el pedido y el otorgamiento fue de seis semanas.

Líderes de ONG especializadas en temas de seguridad y analistas políticos opinaron que esta ley habilitante podría ser utilizada para recortar las garantías individuales bajo el fantasma del enemigo externo. "Usando la figura del enemigo externo, que es el imperialismo, el gobierno aprovecha para construir un entramado legal mas represivo", explicó el politólogo Edgard Gutiérrez, coordinador de la consultora Venebarómetro.

"La Ley Habilitante Antimperialista será un instrumento contra el enemigo interno y, como las habilitantes de Maduro, orientada a socavar los derechos humanos", coincidió en Twiter Rocío San Miguel, titular de la organización no gubernamental Control Ciudadano, especializada en temas militares y de seguridad.

La ley habilitante es un dispositivo de la Constitución venezolana que permite al jefe de Estado gobernar durante un año por decreto en temas específicos. Una habilitante debe ser aprobada por la mayoría especial constitucional del 60% de los diputados del legislativo unicameral. Ese es el porcentaje que dispone, precisamente, el gobierno chavista, cuya brigada parlamentaria suma 99 legisladores sobre 165.

De todas formas esa mayoría de la Asamblea permite al oficialismo no solamente sancionar las habilitantes, sino también dar quorum para las sesiones, controlar la agenda parlamentaria y aprobar o rechazar todos los proyectos de ley sin necesidad de ninguna alianza con la oposición.

Maduro requirió y obtuvo en noviembre de 2013 una ley habilitante para legislar en temas económicos y de corrupción durante 2014. Ese año, en que el gobierno dijo estar sometido a una "guerra económica", Maduro sancionó unas cuatro decenas de decretos, entre ellas normas que fijaron los límites de ganancias a las empresas, centralización de la distribución de alimentos e impuestos específicos a la renta y al consumo. Venezuela enfrentó en 2014 un clima de degradación económica caracterizado por un déficit fiscal de 20 % del PIB, una caída de la actividad económica de 4 puntos, inflación cercana al 70% y una pertinaz penuria de alimentos y medicinas. El dólar paralelo por su parte aumentó 6 veces su valor en el año y medio que va de octubre de 2013 a marzo de 2015.

Por su parte el difunto presidente Hugo Chávez utilizó superpoderes en cuatro ocasiones (2000, 2001, 2008 y 2010) y sancionó dos centenares de decretos. La declaración de Obama y las sanciones contra siete miembros de las fuerzas armadas y la justicia venezolana se inscriben en el rápido deterioro de las relaciones entre Washington y Caracas, que carecen de embajadores desde 2010 y han protagonizado sonados enfrentamientos diplomáticos desde la llegada al poder del presidente Chávez (1999-2013).

No obstante, las sanciones no tendrán "efecto directo" sobre el sector petrolero, aseguró un alto funcionario estadounidense. Washington es el principal comprador del petróleo venezolano. El Departamento de Estado había restringido en febrero las visas de 56 funcionarios venezolanos, y Maduro respondió a fines de ese mes exigiendo la reducción del número de diplomáticos de EE.UU. en Caracas e implementando visas para turistas estadounidenses.

El gobierno de Estados Unidos no promueve la inestabilidad en Venezuela, pero las sanciones anunciadas el lunes se proponen "persuadir" a Caracas a que "cambie de comportamiento", aseguró en tanto la vocera del Departamento de Estado de EE.UU.

"A pesar de declaraciones en sentido contrario por parte de funcionarios venezolanos, no estamos promoviendo inestabilidad en Venezuela", dijo la portavoz, Jen Psaki, quien calificó de "falsa" la versión de que Washington se propone "socavar" al gobierno de Nicolás Maduro.

Según Psaki, "el objetivo de las sanciones es persuadir al gobierno de Venezuela de que cambie de comportamiento", en medio de denuncias sobre violaciones de derechos humanos y persecución de opositores venezolanos.

La portavoz de la cancillería estadounidense aseguró que las sanciones anunciadas por la Casa Blanca se restringen a "corruptos y personas que cometieron abusos de derechos humanos", pero no se proponen afectar "la economía de Venezuela". "Hay razones específicas de por qué esas personas fueron sancionadas", dijo.

El texto de la declaración, firmada por el presidente Barack Obama, elevó considerablemente el tono en las tensiones entre Washington y Caracas. En ese texto, Obama definió la situación en Venezuela como "una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos" y declaró "una emergencia nacional" para enfrentarla. Pero Psaki acotó que la cuestión fue anunciada mediante una declaración de "emergencia nacional" porque se trata de una denominación requerida por la burocracia.

"Es importante que todos entiendan que ésta es la forma en que describimos el proceso para aplicar sanciones", dijo.

Las sanciones afectan al exdirector de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides, el director del servicio de inteligencia Sebin, Gustavo González, la fiscal Katherine Haringhton, y el director de la Policía Nacional, Manuel Pérez, entre otros. Los señalados verán bloqueados sus bienes en Estados Unidos y no podrán ingresar a ese país.

Las redes sociales estallaron por el temor a una invasión a Venezuela, y, con críticas al mandatario, afirman que la medida se debe a las acusaciones que recibió el jefe de la Casa Blanca de ser "demasiado blando" en sus negociaciones con Irán y con Cuba. "Es sólo una estupidez para amedrentar al país", "Estados Unidos se está quedando sola", "Gringos, a gobernar su país mal gobernado", y "Obama, que coño te fumaste al considerar a Venezuela una amenaza?", son algunos de los comentarios en Twitter. Gran parte de las opiniones que se encuentran en Facebook, los usuarios manifiestan su preocupación acerca de un posible ataque militar (o una invasión) de parte de EE.UU. a Venezuela.

VEA EL VIDEOAFP, ANSA, EFE