VENEZUELA

La oposición venezolana denunció ayer domingo la detención ilegal de dos cercanos colaboradores del líder opositor, Juan Guaidó, y responsabilizó Nicolás Maduro por “la integridad física” de estos trabajadores. “Grupos armados de la dictadura llegaron a la residencia de Rafael Rico, miembro del equipo (de) Juan Guaidó. Secuestraron a dos trabajadores: Rómulo García y Víctor Silio”, dijo el centro de comunicaciones de Guaidó en Twitter.

En un video que colgó en Twitter el mismo centro de comunicaciones se aprecia a un hombre forzar a otro a ingresar a una camioneta, para luego escapar en una motocicleta que era conducida por otro.

No se aprecia a nadie con uniformes de las fuerzas de seguridad de Venezuela. Tampoco vehículos oficiales.

Silio había sido agredido a finales de febrero por miembros de los llamados colectivos chavistas -grupos paramilitares- cuando estos robaron el vehículo de un diputado opositor en el estado de Lara.

Guaidó reaccionó en Twitter a los arrestos y señaló que “deshonra perseguir a quienes defienden la libertad”, en referencia a estos dos colaboradores que hacen parte de su equipo de seguridad.

“Funcionarios honestos, la oportunidad: Gobierno de emergencia. Es minoría quien está acusada de narcoterrorismo y violación de derechos humanos. No sean cómplices del régimen agonizante”, agregó en referencia a la propuesta que lanzó este fin de semana para la conformación de una nueva administración amplia sin Maduro.

La idea de Guaidó es un “gobierno de emergencia” en Venezuela que reúna a representantes de “todos los sectores” para contener el avance del nuevo coronavirus.

El plan “incluye medidas urgentes como entrada de insumos para nuestros médicos, enfermeras y hospitales”, destacó Guaidó la noche del sábado en un video difundido en sus redes sociales.

“Este gobierno de emergencia por razones obvias no puede ser encabezado por alguien acusado de narcotráfico, pero tampoco puede ser un gobierno conformado únicamente por las fuerzas que representamos”, dijo Guaidó aludiendo a las acusaciones de “narcoterrorismo” lanzadas por Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro y varios de sus colaboradores.

El jueves, Washington ofreció 15 millones de dólares por informaciones que permitan detener a Maduro y fijó otras recompensas por otros funcionarios del régimen.