La represión del régimen en Venezuela

Insiste en la versión de “suicidio”; EE.UU. acusa al régimen de implicancia.

El régimen de Nicolás Maduro hace oídos sordos al reclamo de la comunidad internacional y de la oposición en Venezuela para que investigue la muerte del concejal Fernando Albán. El fiscal general, Tarek Saab, afín al régimen, insistió ayer miércoles en que el concejal se suicidó al lanzarse el lunes del piso diez del edificio del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas, donde estaba detenido acusado de ser parte de un supuesto complot para atentar contra Maduro.

"Falleció a consecuencia del golpe recibido al caer de una altura (...), no había evidencia de maltrato físico previo a esa caída", dijo a la prensa Saab, al leer partes del dictamen forense. "Eso de que cayó muerto es una mentira podrida que no puede repetirse, y quien quiera repetirla, que la pruebe", añadió el funcionario, quien, como de costumbre, no respondió preguntas.

El fiscal matizó su versión inicial, que daba cuenta de que el concejal opositor se había lanzado por la ventana de un baño. "Se levantó abruptamente de la mesa diciendo que quería ir al baño, él aprovecha esa circunstancia (...) y corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso diez de la sede del Sebin (...) y se lanza al vacío", aseguró ayer miércoles.

El lunes, el fiscal había dicho que Albán "solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso diez".

Parientes y colegas de Albán, casado y con dos hijos, expresaron sus dudas sobre el suicidio debido a las distintas versiones oficiales y porque dicen que el concejal era un devoto católico que nunca atentaría contra su vida.

Las explicaciones del régimen tampoco son de recibo para la oposición. El diputado Julio Borges aseguran que Albán, de 52 años, ya estaba muerto antes de caer al asfalto. "Fue lanzado sin vida desde el edificio del Sebin", afirmó Borges, exiliado en Colombia y requerido por la Fiscalía venezolana que lo acusa por la explosión de dos drones cerca de una tarima donde el presidente Maduro daba un discurso, el 4 de agosto, durante un acto militar.

Albán fue detenido el pasado viernes por el mismo caso cuando volvía de un viaje a Nueva York, donde denunció violaciones a los derechos humanos en Venezuela en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Tampoco Estados Unidos cree la versión del régimen. "Estados Unidos condena la implicación del régimen de Maduro en la muerte del concejal opositor venezolano Fernando Albán", dijo la Casa Blanca en un comunicado.

Albán murió "mientras estaba bajo custodia del servicio de inteligencia de Venezuela", agregó.

La Casa Blanca también pidió la liberación de todos los presos políticos venezolanos y que el régimen de Maduro "restablezca la democracia en Venezuela y evite más sufrimiento y derramamiento de sangre".

El gobierno del presidente Donald Trump continuará aumentando la presión sobre el tema, enfatizó en el comunicado de la Casa Blanca.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció ayer que periodistas han recibido amenazas por informar sobre la muerte del concejal Albán. "Sabemos de amenazas contra periodistas que han informado sobre la verdad detrás de la muerte del concejal Fernando Albán. Nos han informado sobre las intenciones de detener a quienes han publicado datos del suceso. Todo el gremio periodístico está en estado de alerta", dijo el SNTP a través de Twitter.

También un grupo de ex-mandatarios iberoamericanos lamentó la muerte de Albán y condenó "el desenfreno criminal represivo" en Venezuela.

Los exmandatarios participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) emitieron una declaración por la muerte de Albán. La versión oficial de su muerte "ofende el sentido común", en tanto señalan que antes de morir Albán "fue víctima de una desaparición forzada" y estuvo en esa situación "más de 20 horas".

Entre los firmantes de la declaración están José María Aznar y Felipe González (España); Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe (Colombia); Felipe Calderón y Vicente Fox (México); Fernando de la Rúa (Argentina); Eduardo Frei y Ricardo Lagos (Chile); y Luis Alberto Lacalle (Uruguay).

"Condenamos el desenfreno criminal represivo por parte de la dictadura venezolana, que se agrega al mantenimiento de su pueblo en condiciones de hambruna generalizada y de masiva diáspora hacia el extranjero", señalan los expresidentes.

Además mencionan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Chitay Nech, 2010) estableció que "el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva representa un tratamiento cruel e inhumano".

Al igual que "el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales, agentes estatales o particulares que actúen con su aquiescencia o tolerancia, que impunemente practiquen la tortura y el asesinato, representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevención de violaciones a los de- rechos a la integridad física y a la vida".

El martes, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, responsabilizó al régimen por el "homicidio" de Albán y pidió a la ONU y la OEA que se investigue su muerte, pues rechazan la versión del suicidio.

Cientos de personas despidieron ayer miércoles al concejal venezolano Fernando Albán, convencidas de que no se suicidó como asegura el régimen de Nicolás Maduro, sino que fue asesinado mientras era interrogado por el presunto atentado contra el presidente en agosto pasado.

El cuerpo de Albán, de 52 años, fue sepultado en un cementerio del este de Caracas, mientras se multiplican las manifestaciones de preocupación de varios países que piden una investigación independiente para esclarecer el caso.

Siguiendo una carroza fúnebre, una multitud caminó varios kilómetros desde la Universidad Central de Venezuela —donde fue velado el concejal— hasta el camposanto.

Albán, capturado el pasado viernes cuando regresaba de Nueva York y recluido en los calabozos del servicio de inteligencia (Sebin), hacía parte de una treintena de detenidos señalados de participar, el 4 de agosto, en un ataque contra Maduro en el que según la Fiscalía fueron usados dos drones con explosivos durante un desfile militar.

El cardenal Jorge Urosa, quien ofició un misa durante el velatorio, dijo a periodistas haber recibido una llamada del canciller venezolano Jorge Arreaza "en la que sostuvo la tesis oficial" del suicidio y le aseguraba que "están haciendo las investigaciones". "Debe hacerse una investigación independiente (...), hay que presionar para que eso se pueda lograr", subrayó el prelado, crítico del régimen.

En el trayecto al cementerio, varios vecinos bajaron de edificios con banderas y carteles para dar el pésame a los familiares del concejal Albán.

"¡Asesinos!", "¡Exigimos justicia!", "¡Asesinato de Albán es responsabilidad del gobierno!", se leía en las pancartas.

En tanto, varios gobiernos seguían sumándose al reclamo de Naciones Unidas y la Unión Europea para que haya una investigación exhaustiva e independiente sobre la muerte del opositor.

"Estados Unidos condena la implicación del régimen de Maduro en la muerte del concejal", señaló la Casa Blanca en un comunicado, en el que advirtió que seguirá "presionando al régimen hasta que se restablezca la democracia".