Tribunal de Justicia le congeló las cuentas y le prohibió salir de Venezuela.

El régimen chavista y la oposición en Venezuela hace tiempo que no confían uno en el otro, pero esta semana el episodio del helicóptero llevó el nivel de suspicacia al máximo. Para el gobierno se trató de un "atentado terrorista" que enmarcó en los intentos por derrocar al presidente Nicolás Maduro; la oposición y algunos analistas, sin embargo, sospechan que pudo tratarse de un montaje con el objetivo de distraer la atención sobre la ofensiva chavista contra la fiscal general Luisa Ortega, que en los últimos meses se ha convertido en un azote insoportable para Maduro y los suyos.

El hostigamiento del régimen contra la fiscal general se hizo más fuerte ayer miércoles. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó las medidas cautelares solicitadas por el diputado chavista Pedro Carreño contra Ortega, que incluyen la prohibición de salir del país y la congelación de sus cuentas bancarias. El TSJ fijó además para el próximo 4 de julio la audiencia oral y pública en la que iniciará el proceso de enjuiciamiento de la fiscal general, que ayer acusó al Supremo de mantener una "ruptura del hilo constitucional" y de estar "desmantelando el Estado".

Antes de conocer la decisión del TSJ, Ortega había dicho que para el gobierno de Maduro "todo el país es terrorista" y aseguró que lo que existe es "terrorismo de Estado".

La fiscal reaccionó así tras una sentencia del Supremo en la que se le otorga a la Defensoría del Pueblo competencias propias del Ministerio Público en el marco de una ola de protestas antigubernamentales que ha dejado 77 fallecidos desde el 1° de abril.

Ortega indicó además que se están dando "allanamientos sin orden judicial", que no hay "un debido proceso" en las detenciones y acusaciones y que el derecho a elegir y a participar son "caminos que están cerrados", por lo que reiteró "esto es terrorismo de Estado".

Ayer miércoles el régimen chavista insistió con su tesis de que es víctima de un intento de golpe de Estado para derrocar a Maduro, y que el incidente del martes, cuando un policía dispara desde un helicóptero contra la sede del STJ, es parte de ese complot. Sin embargo, fuera de los incondicionales al chavismo, nadie cree en esta tesis. Horas antes del incidente, Maduro había advertido que si la llamada revolución bolivariana fuera destruida, "iríamos al combate (...) y lo que no se pudo con los votos, lo tomaríamos con las armas".

Ayer fue encontrado en una localidad cerca de Caracas el helicóptero de la policía científica usado el martes por Oscar Pérez (ver perfil).

Maduro vincula al complot a su exministro de Interior y general en retiro, Miguel Rodríguez Torres, quien según el presidente tuvo a Oscar Pérez como piloto. A ambos los sindica de estar al servicio de la CIA. "Los militares retirados no dan golpes", se defendió Rodríguez Torres.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijo que examinará la denuncia del helicóptero, sin descartar que todo pueda tratarse de un "peine" (montaje) del gobierno. "Sea lo que sea es gravísimo (...), la situación es insostenible", dijo Julio Borges, presidente del Legislativo.

"Es posible que el evento del helicóptero sea organizado por el gobierno, ya sea para distraer la atención (...) o provocar una reacción de las filas medias para continuar purgando fuerzas de seguridad", comentó a la AFP Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit, con sede en Londres.

La máxima corte del país emitió dos sentencias justo cuando el helicóptero sobrevolaba el centro de Caracas. En ellas, le da facultades de la Fiscalía a la Defensoría del Pueblo, permitiéndole, entre otras cosas, participar en investigaciones penales.

"Tras esa fachada lo que se esconde es un claro propósito: hacer de la Defensoría del Pueblo una especie de Fiscalía paralela. Con ello se permitirá tener versiones alternativas a las conclusiones a las que llegue la Fiscalía", opinó el abogado y profesor universitario José Ignacio Hernández.

Además, el TSJ anuló la designación del vicefiscal y dijo que será su Sala Constitucional la que nombrará a uno nuevo. Con ello, dijeron analistas, se estaría allanando el camino para remover a la fiscal general, Ortega, y reemplazarla por alguien alineado con el gobierno.

Oscar Pérez, policía y actor aficionado de 36 años, es por estas horas en Venezuela el protagonista de una historia de película: difundió videos en los que llama a rebelarse contra el presidente Nicolás Maduro y sobrevoló Caracas en un helicóptero que, según el gobierno, lanzó granadas contra la Corte Suprema. Escoltado por cuatro personajes enmascarados y armados Pérez, el único con el rostro descubierto, pidió a "todos los venezolanos" reencontrarse con "nuestra Fuerza Armada" y recuperar "nuestra amada Venezuela". En cinco videos, divulgados en Instagram, Pérez exigía a Maduro su "renuncia inmediata". A la vez, fotos y videos del helicóptero en vuelo se volvían virales en las redes sociales. La aeronave, perteneciente a la policía científica, llevaba colgado un cartel con el mensaje "350 Libertad", en referencia a un artículo constitucional sobre la desobediencia civil, invocado por la oposición para pedir desconocer al gobierno de Maduro.

Esta no era la primera vez que los venezolanos veían la cara de Oscar Pérez. Protagonizó en 2015 la película Muerte Suspendida, un filme de acción basado en el famoso secuestro de un comerciante portugués en Caracas en 2012. Pérez era jefe de operaciones aéreas de la Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con 16 años de carrera en la institución. "Soy piloto de helicóptero, buzo de combate y paracaidista libre. También soy padre, compañero y actor (...) Soy un hombre que sale a la calle sin saber si va a volver a la casa porque la muerte forma parte de la evolución", dijo al diario Panorama antes del estreno del filme. Hoy, para unos es un hombre "alzado en armas" y para otros el protagonista de un nuevo "show". AFP

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