Argentina

Macri contra jueces por motochorro uruguayo

El presidente criticó la liberación de dos extranjeros con antecedentes penales; es “indignante”, sostuvo.

Más de 1.400 extranjeros fueron expulsados de Argentina en los últimos tres años. Foto: Policía de La Ciudad
Más de 1.400 extranjeros fueron expulsados de Argentina en los últimos tres años. Foto: Policía de La Ciudad

El presidente argentino Mauricio Macri despachó ayer jueves todo su enojo contra los jueces de su país que liberan delincuentes, desatando una polémica como las que en esta orilla del Río de la Plata tienen a menudo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con los magistrados uruguayos por la misma razón.

Además, en el caso argentino hay un uruguayo implicado: un "motochorro" —ladrón que circula en motos.

"Es indignante el caso de la jueza que nuevamente liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país. Las Fuerzas de Seguridad están haciendo su trabajo en la calle pero con una Justicia así no hay policía que alcance", escribió Macri en Twitter.

El presidente argentino hacía referencia a dos "motochorros" con antecedentes penales que fueron detenidos por la Policía en Buenos Aires, uno de ellos uruguayo, con antecedentes penales y que tenía prohibida la entrada a Argentina.

El otro era un colombiano de 25 años, detenido por robar un celular, que llegó hace siete meses a Argentina, con antecedentes en su país por hurto, tráfico de armas y violencia familiar. La jueza Patricia Guichandut lo liberó con la condición del pago de una fianza de 700 pesos (poco más de 18 dólares) a la víctima, presentarse todos los meses en el Área de Control y Dirección de Ejecución Penal, regularizar su situación en Migraciones y no consumir drogas ni alcohol durante un año.

También quedó en libertad el uruguayo, de 36 años, que según informó la agencia esta- tal de noticias Télam tenía prohibido el ingreso a Argentina y un pedido de expulsión si era hallado en el país, ya que cuenta con dos antecedentes penales.

El uruguayo fue interceptado el miércoles cuando circulaba junto a un cómplice por Buenos Aires. Los policías descubrieron que sobre él pesaban pedidos judiciales, por lo que fue detenido y trasladado a una comisaría, donde permaneció arrestado durante menos de 24 horas, ya que fue excarcelado.

Reacción.

La jueza Guichandut reaccionó a las críticas del presidente Macri. La magistrada defendió su accionar y aseguró que no fue informada de que los ladrones tenían antecedentes penales. Además, desmintió haber estado al frente de una de las dos investigaciones.

Reacia a hablar con la prensa, Guichandut emitió un comunicado de tres páginas donde explica en detalle los hechos que la llevaron a fallar de esa forma en el caso del colombiano. Según detalló, "solamente aplicó la ley vigente en la Argentina" que establece la posibilidad de una probation y liberación cuando se trata de tentativa de robo y el detenido no tiene antecedentes penales. En su texto explica que cuando se consultó a la Dirección Nacional de Migraciones si tenía antecedentes en el país o en el extranjero, le dijeron que no. Migraciones confirmó este mismo dato al diario La Nación: al momento de ingresar al país, el colombiano no presentaba antecedentes locales ni había información de que los tuviera en su país de origen.

En otro pasaje del texto la jueza explica, y adjunta una nota de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que da cuenta de que no fue su juzgado el que intervino en la causa contra el "motochorro" uruguayo.

"Debo aclarar que los jueces no somos legisladores, solo operadores del sistema y que contamos con las herramientas que nos brinda el ordenamiento legal del cual no podemos apartarnos so pena de violar derechos y garantías de orden constitucional", escribió la magistrada. El texto cierra con una crítica al Poder Legislativo y Ejecutivo: "Si se trata de efectuar modificaciones a la ley de flagrancia, a la suspensión del juicio a prueba, aplicación de penas, modificar las reglas de política criminal, no es el Poder Judicial el que puede dar respuesta al tema".

Un total de 1.433 extranjeros con causas penales fueron expulsados de Argentina en los últimos tres años, en el marco de la política migratoria del gobierno, que planea solicitar que quienes quieran radicarse en el país presenten un certificado de antecedentes de la última década emitido por su país de origen. El director de Migraciones, Horacio García, explicó a Télam que el aumento de las deportaciones se logró a partir de un decreto de enero de 2017, que permitió agilizar los trámites. 

Contrapunto

Mauricio macri
Mauricio Macri. Foto: EFE
Presidente de Argentina

"Es indignante el caso de la Jueza que nuevamente liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país. Las Fuerzas de Seguridad están haciendo su trabajo en la calle pero con una Justicia así no hay policía que alcance", escribió Macri en Twitter. Hace dos años, el gobierno de Macri firmó un polémico decreto por el que endureció la política argentina de migración para evitar la entrada de extranjeros que hubieran cometido delitos graves y acelerar los procesos de deportación de quienes delinquen en el país.

Patricia Guichandut
Patricia Guichandut
Jueza argentina

"Debo aclarar que los jueces no somos legisladores, solo operadores del sistema y que contamos con las herramientas que nos brinda el ordenamiento legal del cual no podemos apartarnos so pena de violar derechos y garantías de orden constitucional", escribió. El texto cierra con una crítica al Legislativo y Ejecutivo: "Si se trata de efectuar modificaciones a la ley de flagrancia, a la suspensión del juicio a prueba, aplicación de penas, modificar las reglas de política criminal, no es el Poder Judicial el que puede dar respuesta al tema".

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