Busca evitar una devaluación brusca, debe lograr financiamiento y abordar la inflación elevada

El triunfo de Mauricio Macri despejó buena parte de los interrogantes que permanecían sin respuesta hace apenas siete días en Argentina. La mayoría social que eligió al candidato del frente Cambiemos no solo dio por terminado un ciclo de más de 12 años de gobiernos kirchneristas, sino que se pronunció en favor de iniciar una etapa más cercana a la búsqueda de consensos que a la confrontación política. Esas certezas, sin embargo, no alcanzan a disipar la incertidumbre sobre el futuro económico del país.

El gobierno que asumirá el 10 de diciembre recibirá una pesada herencia. Estancamiento del PIB desde hace cuatro años, inflación en torno al 25% anual, rojo fiscal equivalente al 6% del PIB, atraso cambiario, escasez de dólares en el Banco Central y abundancia de pesos derivada de la emisión monetaria para financiar al Tesoro conforman un escenario repleto de desafíos. "La herencia es una economía que, sin llegar a un estado crítico, está en una situación compleja. Enfrenta muchos desafíos a corto plazo porque tiene pendiente un ajuste de tarifas y del tipo de cambio, y esas correcciones siempre generan costos políticos", dijo a El País el economista Maximiliano Castillo, director de la consultora ACM.

Durante la campaña electoral, Macri se diferenció del candidato oficialista, Daniel Scioli, con la propuesta de eliminar el cepo y unificar el mercado cambiario en el primer día de su gestión. La elección de Alfonso Prat-Gay como ministro de Hacienda y Finanzas, el cargo más importante de las seis carteras que integrarán el gabinete económico, parece ratificar esa promesa de campaña.

No obstante, la ventaja menor al 3% sobre Scioli en el balotaje, más estrecha que la estimada en los sondeos preelectorales, es un factor que obligará al nuevo gobierno a pisar sobre seguro. Más aún si se tiene en cuenta que la campaña del kirchnerismo enfocada en advertir sobre los efectos sociales de una devaluación abrupta en caso de liberarse totalmente el cepo habría sido la clave para el acortamiento de la distancia entre los dos candidatos. El objetivo, entonces, es que la liberación de los controles cambiarios sea rápida, pero también ordenada para evitar una sobre reacción del mercado que impulse un salto en la cotización del dólar.

"Lo más probable es que la apertura del cepo se instrumente mediante una liberación de los flujos y una negociación de los stocks", dijo a El País el economista Dante Sica, director de la consultora Abeceb. En esa línea, habrá dólares para el pago de las importaciones hacia adelante, pero no para cancelar la deuda que el Banco Central mantiene con los importadores por compras ya ingresadas al país. Esa deuda de unos US$ 9.000 millones, según la Cámara de Importadores de la República Argentina, sería cancelada con bonos dolarizados que cotizan en el mercado.

El mismo esquema se utilizaría para los más de 10.000 millones de dólares acumulados de utilidades de empresas que no pudieron ser giradas al exterior en los últimos tres años. En cuanto a la demanda minorista para atesoramiento, si bien habrá una mayor flexibilización con relación a las restricciones actuales, las personas podrán comprar divisas en función de su capacidad contributiva. "Destrabar esas operaciones permitiría que la economía empiece a mostrar resultados positivos a partir del segundo semestre de 2016", señaló Sica.

Para hacer frente a la apertura del cepo sin que eso provoque una devaluación brusca, en el macrismo estudian varias opciones para acercar divisas al Banco Central apenas asuman el gobierno. La principal apuesta es que un ajuste moderado del tipo de cambio, sumado a la eliminación de retenciones al trigo, maíz, carne y economías regionales, además de la baja de 5 puntos en la soja, impulsará a los productores agropecuarios a liquidar cerca de 6.000 millones de dólares que hoy acopian a la espera de las medidas del próximo gobierno.

La otra fuente de ingreso de dólares en el corto plazo podría provenir de negociaciones que ya están en marcha para obtener créditos de bancos internacionales y organismos multilaterales, aportes de fondos de inversión y préstamos bilaterales de otros países.

Una vez superada la urgencia, en una segunda etapa se buscarán otras fuentes de financiamiento, que incluyen el canje por divisas líquidas del intercambio de monedas (swap) vigente con China, el acuerdo de un esquema similar con Brasil y la emisión de deuda por parte de los gobiernos nacional y provinciales, además de la petrolera YPF.

"El bajo endeudamiento del sector público y el privado en dólares es un gran activo que tiene Argentina, pero para poder emitir deuda en el mercado primario a tasas razonables, antes hay que salir del default selectivo", señaló Sica.

El próximo gobierno prevé dar señales de buena voluntad para avanzar en la solución del conflicto con los fondos buitre. El objetivo de Macri es que, a cambio de iniciar negociaciones, el juez neoyorquino Thomas Griesa vuelva a colocar el stay (medida de no innovar) para que Argentina pueda emitir deuda a tasas más bajas. En emisiones recientes, el país debió admitir tasas que duplican a las obtenidas por Uruguay.

Para encarar todos esos frentes abiertos, Macri se decidió por un economista con sólidos contactos en el mundo financiero. Prat-Gay fue jefe de Investigación y de Estrategia de Monedas del banco JP Morgan en Nueva York y Londres antes de hacerse cargo de la presidencia del Banco Central de Argentina entre 2002 y 2004, lapso en el que logró contener la inflación derivada del estallido de la convertibilidad. Lejos de posturas neoliberales, Prat-Gay tiene orientación keynesiana.

De hecho, nunca perteneció al PRO, el partido de centroderecha fundado por Macri, sino que integró la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, y tiene fluidas relaciones con altos dirigentes de Unión Cívica Radical.

Otro puesto clave es la presidencia del Banco Central. Para ese cargo, Macri también eligió a un economista partidario de levantar el cepo cambiario cuanto antes. Se trata de Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Ciudad. Sin embargo, aún no está claro cuándo podrá asumir. El actual titular Alejandro Vanoli, alineado a las políticas del gobierno de Cristina Kirchner, tiene mandato hasta 2019 y ya anticipó que no piensa renunciar.

En ese caso, los legisladores de Cambiemos buscarán removerlo a través de una comisión bicameral conformada de urgencia en el Congreso. El resultado de esa jugada será clave: sin una coordinación de las políticas monetarias y fiscales, la herencia que recibirá el próximo gobierno podría volverse aún más pesada.

La titularidad del Indec será el fin de la usina del relato kirchnerista. Entre las profundas medidas que prepara el próximo gobierno a partir del 10 de diciembre está la reparación del desmantelado Indec —intervenido desde enero de 2007— y de sus estadísticas. El desafío es grande y tendrá consecuencias directas en la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Para conseguir los dólares que escasean en el Banco Central (BCRA) y que permitirían a la Argentina volver a crecer, Alfonso Prat-Gay —uno de los denunciantes en la Justicia de cómo la manipulación de los datos del PBI benefició a algunos bonistas— buscará reconstruir la confiabilidad para acceder a los mercados. Parte de esa tarea requiere datos oficiales creíbles. Se buscan habilidades técnicas y políticas. LA NACIÓN/GDA

Una de las características salientes de los funcionarios designados por el presidente electo Mauricio Macri es que hay entre ellos una alta proporción de directivos de empresas y entidades financieras. Gustavo Lopetegui, actual presidente de LAN Argentina, y Mario Quintana, titular del fondo de inversión Pegasus, que administra, entre otras empresas, la cadena de heladerías Freddo, serán los más estrechos colaboradores de Marcos Peña, el designado jefe de gabinete. Esos ejecutivos tendrán la tarea de coordinar la gestión de los ministros que integrarán el gabinete económico.

Uno de esos ministros será Juan José Aranguren, expresidente de Shell Argentina, quien desde el 10 de diciembre ocupará la cartera de Energía y Minería. Susana Malcorra, quien fue designada como canciller, también exhibe antecedentes de peso en el mundo corporativo. Si bien en los últimos años se desempeñó como jefa de gabinete del secretario general de las Naciones Unidos, Ban Ki-mon, antes hizo carrera en IBM Argentina y fue CEO de la filial de Telecom.

Otro ministro que proviene del sector corporativo será el de Producción, Francisco Cabrera, quien trabajó en Hewlett Packard y en las entidades financieras Grupo Roberts y HSBC.

Otro hombre del sector financiero es el economista Carlos Melconian, que luego de pasar por el BCRA, creó su consultora M&S.

El futuro ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Buryaile, confirmó el primer gran cambio de su gestión: eliminará los impuestos a las exportaciones de granos como trigo y maíz y reducirá los de la soja, tal y como exigen las grandes entidades agrarias desde hace años.

"Se eliminarán desde el primer día las retenciones al trigo y el maíz, en línea con lo que prometimos", dijo el ministro en declaraciones que publicó ayer el diario "Clarín".

Buryaile agregó que también eliminará las retenciones a la exportación de girasol y de carne, mientras que las aplicadas a la soja pasarán del 35 % actual al 30 % y bajarán un 5 % anual.

Las medidas anunciadas comenzarán a regir a partir del 11 de diciembre, un día después de que el conservador Mauricio Macri asuma como nuevo presidente de Argentina, y supondrán un fuerte giro en la relación entre el Ejecutivo argentino y el poderoso sector agrícola del país suramericano.

La gestión kirchnerista se ha visto marcada por un fuerte enfrentamiento con las grandes patronales agrarias, que tuvo su punto álgido en 2008, con numerosas huelgas de comercialización de granos y carnes que causaron severas pérdidas económicas al país. El país cerró su última campaña agrícola con una cosecha récord de casi 119 millones de toneladas, la mitad corresponden a soja, según el Ministerio de Agricultura. EFE

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