Fiscalía cree que blanqueó coimas con lujoso apartamento.

La Fiscalía de San Pablo citó a declarar en calidad de investigado al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por supuesto lavado de dinero a raíz de la compra de un apartamento en el balneario de Guarujá, informaron ayer fuentes oficiales.

El fiscal Cássio Conserino citó a declarar a Lula y a su mujer Marisa Letizia Lula da Silva el próximo 17 de febrero en San Pablo para investigar si el expresidente es propietario de un apartamento que no fue declarado, lo que constituye un delito de blanqueo de dinero, confirmó el Ministerio Público.

Es la primera vez que el exmandatario es llamado a declarar como investigado, pues hasta ahora sólo había sido intimado en calidad de testigo.

También fue convocado José Adelmário Pinheiro, expresidente de la constructora OAS, una de las empresas envueltas en el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, por el que también están siendo investigados medio centenar de políticos.

Precisamente la Policía Federal inició esta semana una nueva fase de la investigación de las corruptelas en la petrolera para determinar si parte del dinero desviado de la compañía fue blanqueado mediante operaciones inmobiliarias.

En el eje de estas transacciones está un edificio llamado Condominio Solaris, en Guarujá, donde se encuentra el apartamento que el Ministerio Público quiere ahora investigar si es propiedad del exmandatario.

El inmueble fue construido por una cooperativa sindical (Bancoop) vinculada al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que en 2009 fue vendido a la constructora OAS.

Uno de los apartamentos de esa propiedad estaba reservado por la familia de Lula y, según informaciones obtenidas por la prensa local, llegó a ser objeto de reformas encargadas a la empresa OAS, que al día de hoy figura como su propietaria legal. Lula negó que hubiera comprado un apartamento en ese edificio, pero admitió que su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, adquirió en 2009 una participación con vistas a una posible adquisición.

Sin embargo, aclaró que las obras para la conclusión del edificio se atrasaron y la constructora OAS ofreció reintegrarle el dinero a quienes aún no habían confirmado la compra, lo que aún no fue realizado.

Lula se ha defendido en varias ocasiones contra las conjeturas que sugieren su participación en la trama de corrupción de Petrobras y llegó a admitir que en Brasil "no existe alma viva más honesta" que él.

"Son infundadas las sospechas del Ministerio Público y son frívolas las acusaciones sobre supuesto ocultamiento de patrimonio por parte del expresidente Lula y sus familiares", sostuvo en una nota el instituto que lleva el nombre del exmandatario y le representa.

"Tenemos pruebas documentadas, circunstanciales y testigos que afirman que la familia [de Lula] era la dueña del inmueble, que fue incluso remodelado por OAS y le añadieron un ascensor privado para beneficiar al expresidente", indicó el fiscal al diario O Globo del domingo pasado.

"Después de que entregaron el apartamento, tanto Marisa como uno de los hijos de Lula, Lulinha (Fabio Luis Lula da Silva), llegaron a pasar algunos días en el inmueble", añadió.

Para el fiscal Conserino, hay indicios de que los investigados intentaron esconder el nombre de los verdaderos dueños del apartamento, lo que supondría el delito de lavado de dinero, según el diario Folha.

Al ser reelecto en 2006, Lula declaró en su impuesto de renta haber pagado una cuota para este proyecto inmobiliario en la Bancoop, la cooperativa de bancarios que era propietaria de la obra. Por inviabilidad, la obra fue luego transferida a la compañía OAS.

"Pero nunca fueron propietarios de ningún apartamento en ninguno de los condominios de la Bancoop o sus sucesoras. La verdad saldrá a la luz con el desarrollo de las investigaciones", aseguró el Instituto Lula.

El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, aseguró ayer que la posibilidad de que la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, sea sometida a un juicio con miras a su destitución ha perdido la "fuerza" que tenía hasta hace unos meses. "Confieso que hace unos meses tenía más fuerza, pero creo que ahora ha perdido mucha consistencia", declaró Temer a periodistas sobre el trámite para un posible juicio político contra Rousseff, que puede reiniciarse a partir de la semana próxima, cuando acabará el receso parlamentario que comenzó a fines de diciembre pasado. Según Temer, primero en la línea de sucesión en caso de que la mandataria pierda el cargo, en este momento los líderes políticos "deben tener responsabilidad para con el país", por lo que propuso "una pacificación entre todos los sectores de la sociedad". El trámite para un juicio político contra Rousseff, fundamentado en unas maniobras contables irregulares que el Gobierno supuestamente hizo para mejorar sus resultados fiscales, comenzó el pasado diciembre en la Cámara de Diputados, pero fue suspendido por algunos "errores de procedimiento" detectados por la Corte Suprema.

El tribunal ordenó entonces que el trámite sea reiniciado, lo cual se prevé que ocurrirá una vez que pase el Carnaval, una fiesta popular que paralizará aBrasil y que previsiblemente demorará el proceso en el Congreso, que retomará su trabajo el próximo martes.

El cerco se estrecha sobre el PTEFE Y AFP