Desconoció su destitución y alertó: “Estamos antes un poder de facto, no hay gobierno”.

Respaldada por la comunidad internacional y sus colegas de la región, que desconocen su destitución y repudiaron el golpe de Nicolás Maduro en Venezuela, la fiscal general Luisa Ortega no da el brazo a torcer y reivindica su derecho a mantenerse en el cargo.

"Yo desconozco esa remoción, yo sigo siendo la fiscal general de este país", dijo Ortega ayer domingo, ante un enjambre de periodistas un día después de ser destituida por la Asamblea Constituyente, que comenzó a funcionar este sábado como un organismo con superpoderes y desplazando de hecho al Parlamento de mayoría opositora.

La Constituyente fue electa el domingo 30 de julio, en unas elecciones plagadas de irregularidades, sin observadores internacionales independientes y denunciadas por fraudulentas. Además, todos los candidatos eran afines al régimen chavista de Maduro, que ya antes de la elección de la Constituyente adelantaba que una de las primeras medidas que tomaría este organismo sería la destitución de la fiscal Ortega.

"¡Fiscal, traidora, ya te llegó tu hora!", gritaron los más de 500 asambleístas el sábado al decidir por aclamación su destitución.

Ortega igual no se calla y sigue denunciando al régimen. "Estamos ante un poder de facto, aquí no hay gobierno. Quien ocupa ilegalmente el poder es esa Asamblea Nacional Constituyente presidencial", indicó Ortega, una chavista que se rebeló a Maduro.

"La Constituyente lo que está haciendo es persiguiendo, fue convocada ilegalmente. La elección también lo fue, la participación fue muy pequeña y las pocas personas que concurrieron lo hicieron de manera obligada", añadió Ortega, que aseguró que la Fiscalía recibió denuncias de instituciones públicas que obligaron a sus empleados a votar.

Ortega recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su lugar ya fue juramentado el radical Tarek William Saab, hasta ahora defensor del Pueblo, mientras Ortega espera por un juicio por irregularidades en su gestión.

Tiene sus bienes congelados y prohibición de salida del país, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo.

La destitución recibió un amplio rechazo internacional: el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo, Estados Unidos, Canadá y varios países latinoamericanos rechazaron la decisión. También lo hicieron ayer los fiscales del Mercosur (ver recuadro).

Para el presidente colombiano Juan Manuel Santos, la destitución de Ortega es el "primer acto dictatorial" de la "ilegítima" Constituyente de Maduro, mientras el secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió que la "dictadura será barrida".

Tras echar a la fiscal Ortega, la Constituyente se dispone ahora a "investigar" supuestos crímenes por parte de dirigentes de la oposición durante las manifestaciones contra Maduro en estos meses, que han dejado al menos 125 muertos.

¿Cacería de brujas? "No se trata de perseguir a personas, sino al delito", dijo en una entrevista con la AFP la excanciller Delcy Rodríguez, quien preside la Constituyente.

La ONG Foro Penal, que cifra en 4.500 los arrestos durante las manifestaciones, asegura que un millar de personas siguen presas, unas 300 por orden de tribunales militares.

Además de destituir a la fiscal Luisa Ortega, otra medida tomada por la Constituyente fue extender su período de funciones. Esto estremeció el ya convulso escenario político venezolano, pues de abarcar ese lapso iría más allá del mandato de Nicolás Maduro, que finaliza en enero de 2019. Y expertos coinciden que unas elecciones, en este escenario, están en un limbo.

Los fiscales y procuradores generales del Mercosur rechazaron ayer domingo la destitución de su homóloga venezolana, Luisa Ortega, y dijeron que desconocerán la autoridad de su sustituto y hasta este sábado defensor del Pueblo, Tarek William Saab. En una declaración conjunta, los fiscales señalaron que la "destitución ilegal" de Ortega es "un claro atentado a la autonomía e independencia del Ministerio Público venezolano".

En consecuencia, "los ministerios públicos de los Estados parte y asociados del Mercosur no reconocen la autoridad de una institución encabezada por autoridades ilegal y arbitrariamente designadas".

La declaración conjunta de los fiscales tuvo en cuenta la suspensión de Venezuela del Mercosur por violación de la cláusula democrática prevista en el Protocolo de Ushuaia, tomada el sábado por los cancilleres del bloque reunidos en San Pablo. La declaración fue firmada por los fiscales generales de Brasil, Rodrigo Janot; de Argentina, Alejandra Gils Carbó; de Paraguay, Javier Díaz Verón; de Uruguay, Jorge Díaz Almeida; de Chile, Jorge Abbott Charme, y de Perú, Pablo Sánchez Velarde.

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