POLÍTICA

Todo ciudadano español de al menos 16 años -e incluso desde los 14, bajo condiciones- podrá cambiar la mención de su sexo en el registro civil con solo pedirlo, según un proyecto de ley del gobierno.

El proyecto, que creó fuertes tensiones en la coalición de gobierno entre los socialistas de Pedro Sánchez y su aliado de izquierda radical Podemos, convertiría a España en uno de los pocos países en Europa que permiten la autodeterminación de género.

La número dos del ejecutivo, la socialista Carmen Calvo, había dicho en febrero que le preocupaba la idea de “pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”.

Esta ley permitirá a la persona que lo desee cambiar su nombre y género en su documentación, sin tener que facilitar informes médicos ni seguir un tratamiento hormonal.

“Reconocemos por tanto el derecho a la libre determinación de la identidad de género, acometemos la ‘despatologización’, es decir, las personas trans ya no van a ser consideradas enfermas en nuestro país”, dijo Irene Montero ministra de Igualdad e integrante de Podemos.

Los dos socios de gobierno acabaron por entenderse gracias a la inclusión de un plazo de tres meses entre la formalización de la solicitud y su validación por el demandante, para que pueda confirmar su decisión de cambiar de género.

El texto prevé igualmente abrir esta posibilidad para los jóvenes de 14 a 16 años si están acompañados a lo largo del proceso por sus representantes legales. El proyecto dispone que los menores de 12 y 13 años necesitarán una autorización judicial para cambiar su sexo en el registro civil.

El proyecto ha recibido críticas del Partido Popular y la extrema derecha de Vox.

El movimiento LGTBI celebra el proyecto de ley, aunque lamenta que deje fuera a las personas trans migrantes y a las no binarias -que no se perciben totalmente como hombre o mujer y prefieren identificarse con un tercer género o ninguno-.

Dentro de la Unión Europea, los derechos de las personas trans siguen siendo muy variables.

En 2014, Dinamarca fue el primer país europeo que concedió el derecho a la autodeterminación de la identidad de las personas transgénero.

Francia, que se convirtió en 2010 en el primer país en el mundo en sacar la transexualidad de la lista de enfermedades psiquiáticas, autoriza desde 2017 la modificación del estado civil sin tener que “justificar tratamientos médicos, operación quirúrgica o esterilización”, pero a través de un proceso en los tribunales.

En América Latina, en 2012 Argentina fue pionera al autorizar el cambio de género en el estado civil con una simple declaración.

En estos últimos años, varios países latinoamericanos han adoptado leyes parecidas, como Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay.

En Chile, la ley sobre la identidad de género, que entró en vigor a finales de 2019 tras años de ásperos debates, ganó visibilidad con la película ganadora de un Óscar Una mujer fantástica, protagonizada por la actriz transgénero Daniela Vega.

Hace apenas dos años la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la transexualidad como una enfermedad mental.