El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere legalizar la explotación de la minería en la Amazonia, un asunto que esta semana renovó la preocupación de la comunidad internacional. La zona está bajo la lupa en estos días por el asesinato de un líder de la etnia indígena waiapi, cuyas causas están siendo investigadas, aunque los primeros indicios descarten una invasión de mineros ilegales, muy frecuente en la Amazonia.

A raíz de este episodio, la ONU y países como Alemania y Francia han vuelto a mostrar su preocupación por la preservación de la Amazonia, región considerada el “pulmón del planeta”. La devastación de la selva amazónica brasileña escaló un 88,4% en junio, según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), dato cuestionado por Bolsonaro.

El presidente ha contraatacado al denunciar la injerencia de los países europeos en la política medioambiental de su país. “Brasil es nuestro, la Amazonia es nuestra (…) es del pueblo brasileño”, afirmó.

Dispuesto a mantener el control sobre el bosque tropical más grande del planeta, Bolsonaro abogó por legalizar la minería en la Amazonia para explorar económicamente la zona y culpó a las reservas indígenas de “impedir” el progreso en un país que “vive de las materias primas”.

“Mi intención es regularizar la minería, legalizarla, incluso para el indígena, que tiene que tener derecho de explotar minerales en su propiedad. Tierra indígena es como si fuera su propiedad. Lógico, ONG de otros países no quieren, quieren que el indígena continúe preso en un zoológico animal, como si fuera un ser humano prehistórico”, afirmó.

Según ONG medioambientales, Bolsonaro ha dado aliento a diversos grupos de madereros y garimpeiros ilegales para invadir tierras indígenas y ha incentivado la violencia en la región amazónica.

“Una cosa ha quedado clara: Bolsonaro odia la Amazonia. No se preocupa por la deforestación, la violencia y el crimen que provocan destrucción de floresta; cuando abre la boca es para incentivar la violencia en la selva”, dijo a EFE el coordinador de políticas públicas de Greenpeace, Marcio Astrini.

En medio de esta polémica, las autoridades brasileñas investigan desde la semana pasada el posible asesinato de un cacique indígena de la etnia waiapi, después de que algunas personas relataran la invasión de trabajadores de la minería ilegal.

No obstante, el homicidio del líder indígena fue puesto en duda el lunes por Bolsonaro. “No hay todavía ningún indicio fuerte de que ese indígena fue asesinado allí”, comentó.

Un equipo de peritos de la Policía Federal estuvo en la remota región del estado de Amapá para investigar la muerte del cacique Emyra Waiapi.

El Ministerio Público Federal (MPF), que conduce las investigaciones, afirmó el lunes que de momento no se hallaron indicios de homicidio. Aunque afirman que no presenciaron el asesinato, los waiapi aseguran que el cacique murió “de forma violenta”.

Sin embargo, el MPF sostiene que no es posible confirmar todavía que se trate de un homicidio, aunque sea una de las hipótesis. “Por ahora disponemos de los siguientes elementos: hubo una muerte, que será investigada para entender en qué circunstancias ocurrió”, afirmó el fiscal Rodolfo Lopes, jefe del MPF de Amapá.

La tierra waiapi es uno de los cientos de territorios indígenas demarcados en Brasil desde los años 1980 para el uso exclusivo de sus habitantes, que tienen el derecho a ocupar sus tierras ancestrales garantizado en la Constitución. El acceso a terceros está estrictamente regulado.

La tierra de los waiapis es rica en oro, manganeso, hierro y cobre.

La muerte de este cacique ha sido condenada por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y por organizaciones medioambientales. “El asesinato de Emyra Waiapi no debe ser el anticipo de una nueva ola de violencia para causar miedo entre quienes viven en sus tierras ancestrales y que esto permita la destrucción de la selva (...) Cuando los pueblos indígenas son expulsados de sus tierras, no se trata solo de un asunto económico”, dijo Bachelet.

En medio de la presión internacional sobre sus políticas medioambientales, Bolsonaro canceló el lunes, a última hora, un encuentro en Brasilia con el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, quien enumeró las condiciones para aprobar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, entre ellas el cumplimiento de normas ambientales. El presidente francés, Emmanuel Macron, llegó a condicionar la firma del acuerdo Mercosur-UE al compromiso de Brasil con el Acuerdo de París sobre cambios climáticos, pero tras una reciente reunión entre ambos mandatarios, Bolsonaro dio garantías de que lo respetará.