Todos los mandatarios desde 1980 son investigados por supuesto cobro de sobornos de Odebrecht.

El estallido del caso Odebrecht en Perú, un derivado del Lava Jato en Brasil que ya tiene a varios políticos y empresarios en la cárcel, amenaza seriamente con dejar en prisión a todos los presidentes peruanos desde la recuperación de la democracia en 1980.

Tan solo Fernando Belaúnde (1980-1985) y Valentín Paniagua (2000-2001), ambos fallecidos, quedarían al margen de la larga. Todos los demás, Alan García (1985-1990 y 2006-2011), Alberto Fujimori (1990-2000), Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), o ya está en la cárcel o afrontan investigaciones serias por corrupción.

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De todos estos, Fujimori es el que menos implicado aparece de momento en el caso Odebrecht, cuyas coimas millonarias comenzaron a darse después de su gobierno. Sin embargo, Fujimori ya se encuentra en prisión condenado, además de por varios delitos de violación a los derechos humanos, por varios cargos de "peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado".

Estrictamente por el caso Odebrecht, el más implicado de momento es Toledo, después de que el exdirector de la compañía brasileña en Perú, Jorge Barata, confesara a la fiscalía que pagó 20 millones de dólares al expresidente para ganar la licitación de una carretera.

La confesión llevó a la Fiscalía a ordenar el fin de semana pasado el registro de la mansión que Toledo compró en Lima y se espera que en las próximas horas se emita un pedido de busca y captura en su contra. Toledo, que se encuentra en París y quien tiene previsto viajar a Estados Unidos para reincorporarse a su trabajo como investigador en la Universidad de Stanford, ha negado haber recibido sobornos y ha acusado a sus "enemigos" de pretender vengarse por haber defendido la recuperación democrática del país.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, calificó de "traición" los supuestos actos de corrupción de Toledo. "Si todo esto es cierto, es una gran vergüenza, una traición a Perú y una falta de respeto a sus colegas que tanto nos esforzamos en hacer un buen gobierno", dijo el jefe de Estado a la W Radio de Colombia.

El siguiente presidente con mayores problemas con la justicia es Humala, quien ya está siendo investigado formalmente por el presunto delito de lavado de activos.

Sobre Humala y su mujer, Nadine Heredia, pesan sendos impedimentos legales que les obligan a contar con una autorización judicial expresa para ausentarse de su lugar de residencia, cambiar de domicilio o salir del país.

La acusación sobre ellos es la de haber recibido fondos del expresidente de Venezuela Hugo Chávez y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar las campañas electorales de 2006 y 2011 del Partido Nacionalista.

A García, el que más cargó públicamente contra "las ratas" y los "fariseos" acusados de recibir coimas de Odebrecht desde su cuenta de Twitter, la trama le está salpicando a través de varios de sus inmediatos colaboradores. De hecho, los primeros detenidos en el país a causa de las confesiones han sido el que fuera su viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, y Edwin Luyo, uno de los responsables de la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, adjudicada a Odebrecht en 2009.

Se encuentra en prisión condenado por varios delitos de violación a los derechos humanos, por varios cargos de "peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado".

Es el más comprometido. Un exdirector de Odebrecht confesó que le pagó 20 millones de dólares para ganar la licitación de una carretera. Está en París, la fiscalía estudian un pedido de captura.

Habría recibido fondos del expresidente de Venezuela Hugo Chávez y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar campañas electorales del Partido Nacionalista que presidían.

Se encuentra fuera de Perú. Dos de sus más cercanos colaboradores fueron detenidos la semana pasada y están negociando con la fiscalía una reducción de pena a cambio de información.

EFE Y AFP

LA CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINAEFE Y AFP