El líder izquierdista fue condenado y el presidente está en riesgo.

No fue para nada una rendición. Por momentos jovial y en otros desafiante, el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se presentó ante un público partidario que lo aclamó, y se describió a sí mismo como la víctima de un sistema judicial engañoso que incursiona peligrosamente en la política.

"Si creen que con este fallo me van a sacar del partido, les hago saber que sigo en el partido", dijo da Silva, el jueves pasado, al día siguiente de su procesamiento por corrupción y lavado de dinero, las acusaciones que amenazan su tercer intento de acceder a la presidencia.

Las investigaciones sobre corrupción han desacreditado a casi todas las fuerzas políticas poderosas de Brasil, alterando al país antes de la elección presidencial prevista para el año próximo.

Ahora, los adversarios políticos que se sitúan en posiciones muy diferentes del panorama ideológico dependen de la misma estrategia de sobrevivencia: atacar la legitimidad de los fiscales y jueces que se han propuesto desmantelar la cultura de corrupción que los políticos brasileños institucionalizaron durante décadas.

El fallo contra Lula, uno de los políticos más influyentes e importantes de América Latina, es la mayor condena lograda en una batalla entre la clase política y un cuerpo de jueces y fiscales —muchos de ellos veinteañeros, treintañeros y cuarentones— que han quebrado la impunidad de la que gozaron, durante años, las autoridades elegidas. En esta lucha, de un lado están los políticos veteranos como Lula y el actual presidente Michel Temer, quien enfrenta la posibilidad de ser destituido del cargo y enviado a prisión a raíz de acusaciones de supuesta corrupción.

Los dos hombres son septuagenarios y duros rivales políticos que han pasado décadas ascendiendo y cayendo en el fracturado sistema de partidos brasileño, donde alianzas débiles son selladas con frecuencia en negociaciones tras bambalinas y con pagos secretos.

Frente a ellos se plantan fiscales y jueces que argumentan que lideran una visión de gobierno más receptiva. Predican la transparencia, son activos en las redes sociales y alientan abiertamente a los brasileños a asumir una postura unida contra la corrupción.

"La fe en la clase política se debilita y eso genera una sensación de confianza en la Justicia", dijo Alan Mansur, quien encabeza la Asociación Nacional de Fiscales de Brasil.

Decenas de legisladores —un 30% del Parlamento— han estado bajo acusación e investigación en los últimos años, como consecuencia de una serie de delitos que incluyen aceptar fondos ilegales para las campañas electorales, pedir coimas y lavar dinero.

Las encuestas de opinión pública muestran que una abrumadora mayoría de los brasileños apoya las investigaciones que estremecen a la clase política. Una encuesta de Ipsos difundida en enero reveló que el 96% de los ciudadanos apoya la continuación de las arrolladoras investigadciones que han puesto al descubierto a varias figuras políticas, "hasta el final, más allá del resultado".

Sergio Moro, de 44 años, el juez que condenó a Lula, se ha convertido en la figura más prominente de la cruzada contra la corrupción. Si bien dijo que no sintió placer al condenar al expresidente a casi diez años de cárcel, Moro invocó un pensamiento del historiador inglés del siglo XVII, Thomas Fuller, para subrayar su fallo: "No importa cuán alto estés, la ley siempre está por encima de tí", escribió.

En ámbitos jurídicos del exterior, Moro es aclamado como una fuerza transformadora de Brasil.

Sin embargo, Lula, que ayudó a sacar a millones de personas de la pobreza durante sus mandatos presidenciales de 2003 a 2010 y todavía tiene la lealtad de numerosos brasileños, argumenta que los jueces y fiscales lo persiguen en los juzgados porque carecen del apoyo para derrotarlo en las urnas.

El jueves pasado, en declaraciones que hizo en la central del Partido de los Trabajadores (PT), en San Pablo, en lo que pareció un acto de campaña electoral, Lula se describió a sí mismo como la víctima de una estructura judicial impulsada por motivos políticos y que fracasará en su esfuerzo de apartarlo de su intento de retornar a la presidencia. En un momento, en tono jocoso, dijo que no se preocupó de leer el fallo de 218 páginas que lo condenó porque estuvo ocupado mirando el partido que disputó su club Corinthians. A continuación, en un ataque al sistema judicial, invocó su crianza en un hogar pobre y el legado de su madre. "Aprendí la honestidad de una mujer analfabeta", dijo Lula, con lágrimas.

El viernes, la defensa de Lula presentó la primera apelación contra el fallo. Ayer, el exmandatario ratificó que es inocente y solo el pueblo puede juzgarlo.

El tema de la interferencia judicial injusta ha dado fuertes rivales políticos un punto de coincidencia. Después de la condena a Lula, el abogado de Temer, Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, manifestó a los periodistas que los dos veteranos líderes políticos eran blanco de los fiscales que están acusando a "personas inocentes" y "destruyen reputaciones con acusaciones hechas con ligereza".

Fiscales y jueces rechazan las acusaciones de que actúan para decidir quién podrá ser candidato y no como defensores imparciales de la ley.

"Acusados de casi todos los partidos políticos son procesados", puntualizó Mansur, quien lidera la asociación de fiscales. "Esto muestra que no se trata de tener preferencia por un partido político ni de la persecución a un partido".

Los fiscales acusaron a Lula de lavado de dinero y corrupción y de haber aceptado las mejoras costosas a un apartamento frente al mar que hizo una empresa constructora. Los fiscales indicaron que, a cambio, la empresa recibió cuantiosos contratos de la petrolera estatal Petrobras.

La suerte de Lula ahora está en manos de un Tribunal de Apelaciones formado por tres jueces en la ciudad sureña de Porto Alegre. El presidente de ese tribunal dijo que espera que el cuerpo decida el caso antes del 15 de agosto de 2018, que es la fecha límite para registrar a los candidatos presidenciales.

Si el Tribunal mantuviera el fallo, Lula podría pasar casi diez años en la cárcel. Si la condena fuera derogada, el sagaz político podría volver al gobierno.

Marina Silva, ex miembro del gabinete de Lula, que se separó del PT en 2009, dijo que los escándalos que acosan a los partidos políticos dominantes podrían ser el catalizador para una profunda transformación que Brasil necesita. "La crisis actual requiere reinventar la política", sostuvo Silva, que fue candidata presidencial en 2004 y podría postularse el año próximo. "Este debate no se limita a Brasil, sino se extiende a todo el mundo".

La Cámara de Diputados resolverá el miércoles 2 de agosto si pasa la acusación por corrupción pasiva contra el presidente Michel Temer al Supremo Tribunal Federal para que lo juzgue. Se necesitan 342 votos de los legisladores para aprobar el envío del caso a la Corte. De acuerdo con el conteo que realiza el diario O Globo, hasta el momento hay 192 votos a favor, 107 en contra, 84 están indecisos y no se han pronunciado 129 legisladores. A medida que se acerque la fecha, los votos cambiarán. El gobierno está convencido de que cuenta con 260 votos en el plenario, los que superan ampliamente los 172 que necesita para archivar la denuncia.

La acusación de corrupción pasiva se fundamenta en confesiones de los directivos de la empresa cárnica JBS, que han dicho que sobornan a Temer a cambio de favores desde 2010.

Hace apenas tres años, el juez federal Sergio Moro era un desconocido para los brasileños. Hoy, el juez figura entre los favoritos para la Presidencia tras el protagonismo adquirido por la investigación del mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil.

Inspirado en la operación "Manos Limpias", que acabó con una compleja red de corrupción política en Italia en los años 90, Moro ha emprendido una lucha que por momentos ha enfrentado al poder judicial con el político y que ha dividido a la sociedad brasileña entre quienes le consideran un héroe y quienes le ven como un populista con interés partidario.

Moro había conducido varias investigaciones de calado cuando, en 2014, asumió desde su juzgado de Curitiba la operación "Lava Jato" (lavadero de autos, porque comenzó en una estación de servicio) que ha cobrado una dimensión inédita en Brasil. El proceso destapó una monumental red que vació Petrobras y que salpica a dirigentes y partidos de todo el arco político y a algunos de los principales empresarios de Brasil.

Moro nació en Maringá, en el sureño estado de Paraná, en una familia de clase media, estudió derecho en su ciudad natal y se especializó en el combate al lavado de dinero en un programa de Harvard. Tiene dos hijos con Rosangela Wolff, su esposa y principal valedora, creadora de la página "Eu Moro con ele" (un juego de palabras que significa yo vivo con él) que acumula más de 818.000 seguidores. Fuente: EFE

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