El fallo es un golpe para la primera ministra, que puede ver retrasado el proceso para la salida de la UE.

El Tribunal Superior de Inglaterra dictaminó el jueves que el gobierno británico requiere la aprobación parlamentaria para poner en marcha el proceso para abandonar la Unión Europea (UE), un duro revés a los planes de la primera ministra Theresa May para llevar a cabo el "Brexit" a partir de marzo de 2017.

Tres jueces sentenciaron que May no tiene el derecho de usar su poder para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa tras el cual comienzan los dos años de negociaciones para establecer las condiciones para que el Reino Unido deje el bloque.

"La ley más fundamental de la Constitución de Reino Unido es que el Parlamento es soberano y puede hacer y deshacer cualquier ley que desee", dijo el máximo magistrado del Tribunal, lord John Thomas.

En teoría, el Parlamento podría bloquear el "Brexit", pero pocos esperan que eso ocurra, dado que los británicos votaron en junio por 52% contra 48% a favor de abandonar la UE.

Gina Miller, la principal demandante que llevó el caso al Tribunal, saludó el dictamen y pidió May que tome "la sabia decisión de no apelar".

Sin embargo, el gobierno británico anunció que apelará ante la Corte Suprema. Esta apelación tendrá lugar a principios de diciembre.

"El gobierno está decepcionado" y "determinado a respetar el resultado del referéndum. Vamos a apelar", dijo Downing Street, sede del gobierno, en un comunicado.

La mayoría de los miembros de la Cámara de los Comunes (cámara baja del Parlamento) había hecho campaña para que el Reino Unido se quedara dentro de la UE, por lo que esta decisión judicial, si es ratificada en apelación, podría abrir la vía a una salida menos brusca o retrasar el Brexit considerablemente. Sin embargo, los analistas no esperan que los diputados actúen en contra de la decisión expresada en el referéndum. "No se trata de una decisión sobre la oportunidad o no de dejar la UE, sino de una decisión sobre una cuestión de derecho para determinar la manera correcta de hacerlo", consideró Trevor Tayleur, profesor de la University of Law.

Con todo, la decisión supone "una convulsión y una vergüenza para el gobierno", según Tony Travers, experto de la London School of Economics (LSE), que ve en esto un "follón constitucional".

Nigel Farage, líder interino del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), quien dirigió la campaña en favor del Brexit, afirmó que le "preocupa que una traición esté cerca" y advirtió que, si se retrasa el proceso de salida, los políticos tendrán que enfrentar la "ira pública".

Para el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, que defendió la permanencia en la UE, el fallo judicial confirma la necesidad "de transparencia" y de comprometer "la responsabilidad del Parlamento" sobre "las condiciones del Brexit".

Por su parte, Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia, donde el voto a favor de la permanencia en la UE fue mayoritario, y jefa del partido independentista SNP, declaró que "el gobierno debería aceptar esta decisión" de la justicia. Según Sturgeon, "una votación del Parlamento sacará a la luz la ausencia total de planes sobre lo que será el Brexit".

Los demandantes argumentan que Gran Bretaña ingresó en la UE a través del voto del Parlamento, y que sólo este órgano puede tomar la decisión de la salida.

Después del veredicto de ayer y la apelación anunciada por el gobierno, el asunto pasará a la Corte Suprema. Los once jueces del máximo tribunal británico —en realidad son 12, pero hay una plaza vacante— están llamados a decidir los asuntos constitucionales de la mayor importancia, también cuestiones acerca de las relaciones entre los diferentes poderes del Estado y el derecho en la activación de un artículo de un tratado internacional, en este caso el número 50 del Tratado de Lisboa referido a negociaciones en caso de ruptura con la UE.

Los expertos entienden que una primera audiencia sobre la cuestión, de acuerdo con el calendario de la Corte, podría ser el 7 y 8 de diciembre.

Los tiempos para llegar a un veredicto sobre la cuestión no deben ser demasiado largos para permitir cualquier otro paso institucionales que deba realizarse con posterioridad.

Si el fallo de la Corte vuelve atrás la sentencia del Tribunal, el gobierno debe respetar su "hoja de ruta" y activar la desvinculación de la UE en marzo de 2017. De lo contrario, sería el Parlamento el que decida. En caso de fallo contrario en los tribunales británicos, al gobierno le queda el Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo.

El Banco de Inglaterra descartó los planes de reducir sus tasas de interés y dijo que se podrían mover en cualquier dirección tras aumentar sus previsiones de crecimiento e inflación para 2017, después de la abrupta caída de la libra esterlina luego de la votación a favor del Brexit. El banco central, que ha sufrido fuertes críticas políticas por mantener sus tasas cercanas a cero, ajustó su perspectiva sobre cuándo la economía sentirá el golpe del referendo a favor de la salida de la UE. En una serie de previsiones trimestrales publicadas el jueves, el Banco de Inglaterra anticipó un menor impacto a corto plazo, pero advirtió que el acceso británico a los mercados de la Unión Europea podría verse "materialmente reducido".

Gina Miller no es una persona dada a lamentarse. Por eso el pasado 24 de junio, cuando supo que sus conciudadanos habían votado mayoritariamente por abandonar la Unión Europea, Miller se planteó qué podía hacer ella. Abogada, nacida hace 51 años en Guyana, hija de un ex fiscal general y afincada en Londres desde 1976, Miller es la demandante principal en la causa contra el gobierno británico por su intención de iniciar el proceso de salida de la UE sin contar con el Parlamento. Fundadora de una compañía de inversión privada, no es la primera vez que Miller ejerce de David contra Golliat. En 2012 puso en marcha una campaña que abogaba por una mayor transparencia en la gestión de fondos de inversión. Su lucha contra los privilegios de la City, relató en una entrevista con el Financial Times, le valió el arácnido sobrenombre de "viuda negra". Miller cuenta con un largo historial como filántropa, a través de una fundación que creó en 2009, pero también se ha enfrentado a un sector del voluntariado al denunciar, en 2013, las altos salariales de algunos voluntarios profesionales.

VIDEOAFP, REUTERS, ANSA, EFE