BRASIL

El presidente Jair Bolsonaro sufrió ayer martes una derrota muy significativa en su prédica contra del cierre de actividades por el COVID-19, el mismo día en que oficializaba en su cargo al nuevo ministro de Salud, el cuarto que tiene en medio de la pandemia. Además, la Justicia brasileña le dio otro golpe a Bolsonaro también ayer, al dejar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva cada vez más cerca de ser candidato en las elecciones del próximo año.

La Corte Suprema de Brasil rechazó ayer la petición presentada por Bolsonaro de impedir que los Gobiernos regionales y municipales impongan medidas restrictivas para intentar frenar el avance del coronavirus en momentos en que el país vive el peor momento de la pandemia.

El magistrado Marco Aurelio Mello, el decano entre los once miembros del Supremo Tribunal Federal, negó en una medida cautelar que las decisiones adoptadas por los Gobiernos regionales o municipales sean inconstitucionales y, por lo mismo, rechazó suspenderlas.

Bolsonaro alega que las medidas restrictivas como los confinamientos y los toques de queda, por provocar desempleo, tienen peores efectos que la propia pandemia.

La Presidencia brasileña presentó el pasado viernes un recurso ante el Supremo pidiendo que se declararan inconstitucionales las medidas adoptadas por las Gobernaciones para intentar restringir la circulación de personas.

La decisión del magistrado mantuvo en vigor decretos que, entre otros asuntos, impusieron toques de queda nocturnos y prohibieron el funcionamiento de todas las actividades, con excepción de las esenciales.

Pese a que la petición se refería concretamente a decretos para promover el distanciamiento social anunciados pocos días antes por los gobernadores de Río Grande do Sul, Bahía y Brasilia, el recurso, en caso de que la máxima corte lo hubiera aceptado, se habría extendido a todas las medidas de Gobiernos regionales y municipales para restringir la movilidad e intentar frenar la pandemia.

La mayoría de los gobernadores y alcaldes de Brasil han anunciado en los últimos días medidas para intentar restringir la movilidad en momentos en que el país llega a las 300.000 muertes por COVID-19 y supera los 12 millones de contagios.

Brasil, el país que más ha registrado muertes y casos de la enfermedad en la última semana, es el segundo en el mundo con más víctimas y contagios desde el inicio de la pandemia, superado tan solo por Estados Unidos.

En su petición, Bolsonaro alegó que las medidas eran inconstitucionales porque solo podían haber sido impuestas mediante leyes aprobadas por los legislativos regionales y no mediante decretos ejecutivos.

“Son medidas dictatoriales”, propias de un “estado de sitio”, sostuvo Bolsonaro, quien dijo que “el terreno fértil para las dictaduras son el hambre y la pobreza”.

También advirtió que las Fuerzas Armadas no intervendrán para imponer el cumplimiento de las medidas de las autoridades locales.

En respuesta a esta posición de Bolsonaro, el juez Mello alegó que, en un régimen democrático, es “impropia la visión totalitaria” de quien quiere asumir todos los poderes exclusivamente. “Ante los aires democráticos que vivimos, es impropio, a todos los títulos, tener una visión totalitaria. Al presidente de la República le corresponde el liderazgo mayor y la coordinación de los esfuerzos que buscan el bienestar de los brasileños”, afirmó el magistrado en su sentencia.

Casi en paralelo con la sentencia de Mello, Bolsonaro juramentó ayer martes a su cuarto ministro de Salud en un año de pandemia, una semana después de designarlo. El cardiólogo Marcelo Queiroga, de 55 años, fue juramentado en el cargo en una ceremonia privada, en sustitución del general Eduardo Pazuello.

El 15 de marzo, Bolsonaro anunció que designaría a Queiroga para sustituir a Pazuello, quien ha sido duramente criticado por su manejo de la pandemia en los diez meses que ocupó el cargo.

La tardanza para juramentar a Queiroga creó la inusual situación de tener a dos ministros de Salud, acentuando las críticas contra el gobierno.

Según la prensa brasileña, Pazuello podría asumir la secretaría especial del Programa de Alianzas para Inversiones (PPI), del ministerio de Economía.

De ese modo, mantendría su fuero como ministro y evitaría los procesos judiciales que se ciernen sobre él a causa de la falta de suministro de oxígeno en Manaos, capital del estado de Amazonas, donde en enero decenas de pacientes murieron asfixiados por la falta de ese gas en los hospitales.

Los dos primeros ministros de Salud, los médicos Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich, salieron del cargo por confrontar a Bolsonaro en su rechazo a las medidas de confinamiento o el uso de la mascarilla para contener la pandemia.

Las reservas de oxígeno para pacientes de COVID-19 que requieren de apoyo de respiración artificial están en niveles “preocupantes” en seis de los 27 estados de Brasil, informó ayer martes la Fiscalía General.

Estos estados con Acre y Rondonia en el noroeste, Mato Grosso en el centro-oeste, Amapá en el norte, y Ceará y Rio Grande do Norte en el noreste.

Con el objetivo de evitar que una tragedia como la de Manaos en enero pasado se repita en otras regiones, la Fiscalía organizó esta semana una reunión con representantes del ministerio de Salud y de la empresa White Martins, uno de los principales distribuidores de oxígeno para uso médico.

El lunes, el estado de San Pablo anunció que instalará una fábrica para producir oxígeno en un plazo de diez días cerca de Ribeirao Preto, en alianza con el gigante de la cerveza Ambev. Producirá 125 tanques al día, destinados a los hospitales más sobrecargados de la región.

Alemania cierra en Turismo por el COVID-19

Alemania entró en una “nueva pandemia” debido a la propagación de las variantes del COVID-19, afirmó ayer martes la canciller Angela Merkel, quien anunció medidas de confinamiento más estrictas tras una negociación maratoniana con líderes regionales. “Tenemos un nuevo virus (...) es mucho más letal, mucho más infeccioso y contagioso durante mucho más tiempo”, declaró la canciller en rueda de prensa en Berlín.

Alemania dio este lunes un paso atrás en la reapertura de actividades ante el repunte de la pandemia, y ayer anunció un cierre general para Semana Santa y obligó al comercio minorista de la mitad del país a bajar de nuevo la persiana.

Merkel y los jefes de gobierno de los 16 estados federados acordaron en una tensa reunión de más de 11 horas este paso, ante el ímpetu que ha tomado la tercera ola -con la variante británica ya como mayoritaria- cuando aún no se había aplacado completamente la segunda.

La incidencia acumulada a siete días se situó este lunes en los 107,3 casos por cada 100.000 habitantes, cuando el 15 de febrero era de 58,9 (tras los 197,6 del 22 de diciembre).

La canciller advirtió que la situación es “muy grave” y apuntó la importancia de no “sobrecargar el sistema sanitario”. “Tenemos una nueva pandemia con la propagación de la variante británica”, insistió Merkel e indicó que esta mutación es “más mortífera, más infecciosa” y provoca convalecencias más prolongadas.