El Partido de los Trabajadores, de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, vive los días más aciagos de su historia. Después de vivir el infierno con la investigación Lava Jato, que reveló una gigantesca red de corrupción en la compañía estatal Petrobras, ahora la fiscalía apunta al fundador del partido y expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La Fiscalía General de la República abrió el pasado día 21 una investigación preliminar sobre el papel de Lula en los negocios exteriores de Odebrecht, un gigante de la construcción.

El departamento de Combate contra la Corrupción busca indicios de tráfico de influencias en la actuación del exmandatario brasileño con varios gobiernos extranjeros entre 2011 y 2014 para conseguir contratos para Odebrecht en grandes obras de infraestructura.

"Aún no hay pruebas y no se ha convertido en una investigación en firme", explica Mirella Aguiar, la fiscal responsable de evaluar el caso, que antes del próximo día 20 tendrá que decidir si hay indicios suficientes para seguir adelante con el proceso, o si debe ser archivado.

La sospecha se hizo pública con la difusión de un reportaje de la revista Época, que cuestionaba varios viajes de Lula, pagados por Odebrecht, a países como Ghana o República Dominicana. Después, la empresa consiguió contratos de ejecución de obras en esos países, obras financiadas a su vez por el banco público de Brasil (Bndes).

Si la investigación procede, podrán ser analizados tanto los viajes de Lula como el papel del expresidente en la concesión de créditos del Bndes a la constructora.

Junto a otros partidos que integran la coalición de gobierno, el PT aparece implicado en un megaescándalo de sobornos y desvíos millonarios de Petrobras, en la mayor investigación por corrupción en la historia de Brasil, destapada hace un año.

Trece senadores, 22 diputados, dos gobernadores, el ahora extesorero del PT y exfuncionarios del Poder Ejecutivo son investigados por su presunta participación en esta red que habría movido unos 4.000 millones de dólares en la última década, según la fiscalía.

Odebrecht es una de las empresas brasileñas involucradas en esta causa, acusadas de integrar un "club" que pagaba sobornos a exdirectivos de Petrobras a cambio de asegurarse contratos con la estatal.

Otro frente se abrió este lunes para el PT, con la noticia de que la policía federal investiga a João Santana, el responsable de la última campaña electoral de Rousseff.

Según una investigación del diario Folha de São Paulo, los investigadores sospechan que en 2012 el consultor de marketing llevó 16 millones de dólares de Angola a Brasil en una supuesta operación de lavado de dinero para beneficiar al PT.

Santana protagonizó dos campañas electorales aquel año: en San Pablo, para el entonces candidato Fernando Haddad, hoy alcalde, y en Angola, donde asesoró al partido MPLA, cuyo candidato José Eduardo dos Santos ganó las elecciones presidenciales.

El PT ya ha respondido a ambas acusaciones. Un texto publicado en el sitio web del Instituto Lula, un think tank creado por el expresidente, rebate "las siete mentiras de la portada de la revista Época". El equipo de Lula asegura que los viajes al extranjero fueron simplemente para dar conferencias pagadas por empresas nacionales e internacionales y que el político fue "remunerado, como otros expresidentes" que participan en este tipo de actos. Según el comunicado, el reportaje criminaliza los créditos del Bndes a empresas brasileñas a pesar de que estos comenzaron "antes de 2003", o sea, antes del mandato de Lula.

João Santana también ha respondido a través de la página de su agencia, Polis Propaganda, publicando contratos de prestación de servicio, valores y recibos por su trabajo tanto en Angola como en Brasil y asegurando que el dinero de la campaña angoleña no fue a parar a la de Haddad en San Pablo.

A pesar de que existe la posibilidad de que ambas investigaciones sean archivadas, el escándalo echa leña al fuego del PT y da material a los diputados de la oposición y a quienes piden el impeachment de la presidenta, acosada por el paro económico del país y por una brusca caída en su popularidad. La denuncia contra Lula, además, sirve de pretexto para aumentar la presión en el Congreso a favor de una comisión que investigue el Bndes.

El politólogo brasileño Carlos Melo culpa a un ambiente electoral polarizado que todavía no se ha disipado en Brasil.

Las elecciones acabaron en octubre con la victoria más ajustada de la historia del PT, pero todavía existe una especie de sed de venganza contra Rousseff y su partido. Votantes y políticos no han perdonado a Rousseff por su campaña, en la que entre otras cosas insistió en el impacto negativo sobre la economía que tendría la victoria de la oposición.

Ahora, el ministro de Economía de su equipo, el tecnócrata Joaquim Levy, aplica recetas similares a las que la candidata criticaba.

El PT reiteró ayer que expulsará a los integrantes de la colectividad que sean condenados por corrupción. "Cualquier persona que cometa corruptelas e ilegalidades no continuará en los cuadros del partido", afirmó el presidente del PT, Rui Falcao, en un video divulgado en las redes sociales y luego por televisión.

El PT subrayó que la Justicia "debe ser igual para todas" las formaciones y recordó que "hay integrantes de varios partidos investigados, inclusive de la oposición".

El ente regulador del mercado de capitales de Brasil abrió un proceso contra ocho exmiembros y un integrante del Consejo de Administración de la petrolera Petrobras, para determinar si tomaron medidas que terminaron perjudicando a los inversores de la compañía estatal, informó ayer la prensa local.

Entre los ocho investigados se encuentran tres figuras de peso de los Gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de Dilma Rousseff, los exministros de Hacienda, Guido Mantega; y de Planificación, Miriam Belchior, actual titular de la Caixa Económica Federal.

La medida también abarca al actual presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), Luciano Coutinho, el único de los ocho que aún permanece en el Consejo de Administración de la petrolera. Esta acción de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil es el resultado de procesos administrativos abiertos por el ente regulador desde 2013 en base a demandas de inversores.

De acuerdo con la acusación realizada por inversores, la política de control de precios llevada a cabo por Petrobras hasta el año pasado impidió, según ellos, alcanzar las metas de endeudamiento fijadas en el Plan de Negocios 2014-2018.

Petrobras sufrió pérdidas por 21.587 millones de reales (unos 7.030 millones de dólares) en 2014, su peor resultado desde 1991. Las colosales corruptelas que se investigan en los tribunales le costaron a la firma al menos 6.200 millones de reales (unos 2.019 millones de dólares) desde 2004. EFE

Fiscalía General investiga sus vínculos con una empresa de la construcción