ESPAÑA

Estaba prevista para el lunes 10; la familia presentó un recurso.

El Tribunal Supremo español suspendió ayer martes temporalmente la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, y estudiará el recurso de sus familiares contra la decisión del gobierno de trasladarlos fuera del Valle de los Caídos, donde fue enterrado cuando murió en 1975.

El gobierno del socialista Pedro Sánchez había decidido en marzo pasado que los restos de Franco serían exhumados y llevados el 10 de junio próximo al cementerio de El Pardo, en las afueras de Madrid, donde está enterrada su esposa, Carmen Polo.

Según el Tribunal, se aplican las medidas cautelares solicitadas por los familiares para “evitar el perjuicio irreversible” que se causaría si, exhumados los restos, “se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan”.

El gobierno español asumió la decisión judicial de suspender la exhumación, pero está convencido de que finalmente se desestimará el recurso de la familia y el Tribunal permitirá el traslado del dictador.

Ahora, el Tribunal tendrá que resolver los recursos presentados por, entre otros, los nietos de Franco, sus parientes vivos más cercanos, contra los planes de trasladarlo fuera del Valle de los Caídos, mandado construir por el mismo dictador y que actualmente depende de la entidad estatal Patrimonio Nacional.

La Fundación Francisco Franco, que defiende la memoria del ‘Caudillo’, celebró en un comunicado el “nuevo varapalo judicial al gobierno ante sus ilegales pretensiones de profanar el cadáver de Francisco Franco”.

El gobierno, basado en una reforma de la ley de memoria histórica, decidió en febrero pasado la exhumación de Franco (1892-1975) y posteriormente, en marzo, su traslado al cementerio de El Pardo. Entre otros argumentos aducidos por el Ejecutivo, no puede haber ningún mausoleo en un sistema democrático para un dictador, en alusión al Valle de los Caídos. Ha pasado casi un año desde que Sánchez anunciara por vez primera la intención de llevarlo fuera de allí.

Los nietos del dictador, siempre opuestos a que Franco salga de aquel lugar, habían planteado que su abuelo fuera enterrado en la cripta de la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, en el caso de que la exhumación fuera inevitable. Pero el gobierno lo rechazó para evitar cualquier tipo de homenaje y exaltación del dictador y su régimen en ese templo o sus alrededores.

El “Generalísimo”, uno de los instigadores del levantamiento militar contra la República española en 1936 que desencadenó tres años de una sangrienta guerra civil, gobernó con mano de hierro al país entre 1939 y su fallecimiento en 1975.

El fallo de ayer del Tribunal Supremo adopta la versión franquista de la historia, considerando al dictador jefe de Estado desde octubre de 1936, con el gobierno legítimo de la República todavía vigente.

Al morir, fue enterrado en la basílica del Valle de los Caídos, a 50 kilómetros de Madrid, inaugurado el 1º de abril de 1959 y construido para honrar la memoria de las víctimas del bando vencedor. Su sepultura está en un lugar preeminente, a los pies del altar mayor.

Sin embargo, también fueron trasladados al lugar miles de muertos que pertenecían al bando republicano.

El portal web de memoria histórica del gobierno indica que yacen allí los restos de 33.833 personas (12.410 de ellas, desconocidas), depositados en columbarios individuales y colectivos después de ser trasladados desde “fosas y cementerios” de casi todas las provincias de España entre 1959 y 1983, ya en plena democracia. Una treintena de familias han dado lentamente pasos para recuperar los cuerpos de sus parientes allí enterrados.