LA CRISIS POLÍTICA EN ESPAÑA

Rajoy llama a votar en las elecciones del 21 de diciembre.

El Tribunal Constitucional de España anuló ayer miércoles la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre, en medio de una huelga general en la región catalana que bloqueó por horas el transporte por carretera y vías férreas, aunque tuvo un impacto menor en la actividad comercial.

"Se declara inconstitucional y nula la declaración de independencia del 27 de octubre", indicó el texto de la corte, que ya la había suspendido cautelarmente el 31 de octubre al aceptar un recurso del gobierno de Mariano Rajoy.

La mayoría independentista del Parlamento catalán aprobó la proclamación de la secesión de España el 27 de octubre, tras lo cual el gobierno de Rajoy tomó el control de la región, cesó a su Ejecutivo y convocó elecciones regionales para el 21 de diciembre.

Rajoy afirmó ayer miércoles en el Congreso de los Diputados que espera que "la gente sea consciente de la importancia" de esos comicios.

Con pancartas y gritando "libertad", independentistas catalanes cortaron ayer miércoles autopistas, carreteras, calles y vías de ferrocarril en protesta por el encarcelamiento de sus líderes. Más de 10.000 pasajeros de trenes de alta velocidad se vieron afectados por la huelga. La compañía española de ferrocarriles (Renfe) se vio obligada a suspender el servicio en la estación de Sants de Barcelona, principal nudo ferroviario de la capital catalana, donde unos 400 manifestantes cortaron durante horas las vías.

Pero a diferencia del paro general del 3 de octubre, convocado en protesta por las cargas policiales contra el referéndum de independencia dos días antes, y que tuvo un gran acatamiento, ayer la mayoría de los comercios de Barcelona abrieron con normalidad.

Los huelguistas concentraron su acción en cortar carreteras y perturbar los transportes públicos.

La huelga de ayer fue convocada por la intersindical independentista CSC poco después de la decisión de la Audiencia Nacional de Madrid de encarcelar a 8 de los 13 miembros del gobierno del Carles Puigdemont, el presidente catalán cesado por Rajoy. Puigdemont y el resto de su gabinete se encuentran en Bruselas pendientes de una orden de extradición. La justicia española los investiga por delitos de rebelión, sedición y malversación por impulsar el proceso de secesión.

El paro de ayer no fue apoyado por los principales sindicatos españoles CCOO y UGT, pero sí el de sindicatos de sectores como la educación o la agricultura, así como de las principales organizaciones independentistas Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Los dos diarios en catalán El Punt Avui y Ara se sumaron y no llegaron a los quioscos. También la secundaron los medios públicos catalanes y la emisora de radio RAC1.

Llevando pancartas pidiendo "libertad de los presos políticos" y banderas catalanas, unas 8.000 personas según la policía municipal, se concentraron ayer en la plaza Sant Jaume ante el palacio de la Generalitat de Barcelona. "Es Puigdemont nuestro presidente", "no es justicia es dictadura", gritaba la multitud.

La Constitución española, aprobada en 1978, tres años después de la muerte de Francisco Franco, establece que la "soberanía nacional reside en el pueblo español" y reserva el término "nación" para el conjunto de España. Sin embargo, el mismo texto introduce la idea de que en España existen diversas "nacionalidades" a las que se les reconoce "el derecho a la autonomía".

Entre la declaración de la II República en 1931 y el inicio de la Guerra Civil en 1936, fueron tres los territorios que llegaron a aprobar sus estatutos de autonomía: Cataluña en 1932, País Vasco y Galicia, en 1936. Por esta razón, en 1978, tras casi 40 años de dictadura de Franco, únicamente estos territorios fueron considerados "nacionalidades históricas".

Finalmente, España se articuló en 17 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en el norte de África. Cada una de esas comunidades se rige por su propio "estatuto de autonomía", una especie de constitución que regula las competencias del gobierno autonómico.

No obstante, todavía hoy perduran diferencias entre comunidades. Aunque áreas como la sanidad y la educación, por ejemplo, dependen plenamente de los gobiernos autonómicos, solo algunas como el País Vasco, Navarra y Cataluña cuentan con cuerpos de policía propios. Y mientras que ciertas comunidades disponen de sus propios medios de comunicación públicos, otras no los tienen.

La diferencia más notable está en el País Vasco y Navarra, que gozan de una mayor autonomía fiscal que el resto de las comunidades en virtud de su "régimen foral". Esta consideración —reconocida en la Constitución como un derecho histórico— otorga a estos territorios la potestad para regular su régimen tributario.

"Creo que esto es en parte lo que genera el sentimiento de agravio en Cataluña. Dicen: Bueno, somos comunidad histórica, pero, ¿qué más da si al final Murcia o Asturias, por poner dos ejemplos, se han aproximado mucho a lo que tengo yo, pero yo no me he aproximado a lo que tiene el País Vas-co?", explicó hace un mes a BBC Miguel Ángel Presno, profesor de derecho de la Universidad de Oviedo. "Esto es un juicio probablemente temerario, pero yo creo que si hace 10 años tú le dices a Cataluña: no hay problema, os vamos a dar más capacidad económica. Y alguna cosa simbólica, incluso el carácter nacional del territorio… Seguramente no estaríamos en la situación actual. Aunque esto es especular con el pasado".