El gobierno de Dilma Rousseff ve con alarma cómo se acortan los plazos.

La juez brasileña que debía pronunciarse sobre un pedido de prisión preventiva contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por presunto lavado de dinero transfirió el caso al juez federal Sergio Moro que lleva el caso del megafraude en Petrobras.

La decisión fue tomada por el tribunal de primera instancia en San Pablo, de la magistrada Maria Priscila Hernandes Veiga, que había recibido una denuncia de la fiscalía contra Lula por "ocultación de patrimonio", una modalidad de lavado de dinero.

"Las denuncias presentadas por el Ministerio Público contra el expresidente de la República Luiz Inácio Lula da Silva deben ser transferidas al 13er. tribunal federal de Curitiba" del juez Sergio Moro, que lleva las causas relacionadas a la Operación Lava Jato, sobre una trama de sobornos en la petrolera estatal para financiar partidos políticos. El caso en San Pablo estaba centrado en un apartamento del que el expresidente e ícono de la izquierda brasileña niega ser propietario y que lo relacionaría supuestamente con una constructora implicada en el escándalo de Petrobras.

Pero también está en la mira de Moro, que ordenó el allanamiento de la casa de Lula en el cinturón industrial de San Pablo hace 10 días para llevarle a declarar forzosamente.

En aquella ocasión, los investigadores lo interrogaron sobre los presuntos "favores" con los que poderosos grupos de la construcción implicados en el fraude lo habrían beneficiado.

"Es innegable el vínculo entre todos estos casos de la Operación Lava Jato, así como lo es la vinculación de aquellos a este proceso, en que se imputa la práctica de crímenes a varias personas por la cesión del apartamento al expresidente y su familia", dijo el comunicado de Veiga. Moro aún debe decidir si acepta el caso.

La defensa del expresidente ya había alegado que existía conflicto de jurisdicción entre las justicias de San Pablo y de Curitiba, que investigan los mismos hechos.

En tanto la presidenta Dilma Rousseff, analizó con sus asesores de confianza el impacto político de las masivas movilizaciones del domingo que causaron un estrago político en su gobierno y abren camino a varias opciones barajadas por la oposición como el "impeachment", la renuncia y la reforma del actual modelo de gobierno.

El proyecto de "impeachment" ingresado en octubre de 2015 por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) había ganado nueva fuerza la semana pasada y ese impulso creció más luego del masivo repudio que recibió Rousseff el domingo en más de 300 ciudades.

"Las protestas dan un nuevo impulso al impeachment, porque si el Congreso quería el respaldo de las calles para llevar adelante ese proceso, este fue dado ayer de forma superlativa", afirmó Lauro Jardim, columnista del diario O Globo.

Se estima que esta semana el Supremo Tribunal Federal se expedirá sobre que pasos reglamentarios tendrán que ser observados por los parlamentarios para aprobar la "viabilidad" del proyecto redactado por abogados del PSDB y uno de los fundadores del PT, el jurista Helio Bicudo.

Una vez aprobada la pertinencia del enjuiciamiento éste será votado en la Cámara Baja para luego someterlo a la consideración del Senado. Si ese juzgamiento fuera finalmente realizado en el Congreso y Rousseff renuncia, su cargo será ocupado por el vicepresidente Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Una prueba de los que tiempos se acortaron es que ayer el jefe de Diputados, Eduardo Cunha, del PMDB como el vicepresidente Temer, comentó a colegas que este viernes planea dar el banderazo de largada del "impeachment".

Precisamente el poderoso PMDB realizó su convención el sábado pasado cuando además de reelegir a Michel Temer como presidente se aprobó una nueva reunión dentro de 30 días para determinar si el partido continúa siendo aliado del gobierno. Debido a lo masivo de la marcha opositora del domingo varios analistas opinaron este lunes que es cada vez "más posible" que el PMDB rompa con el gobierno.

El viernes pasado Rousseff aseguró que no renunciará, un gesto retórico que en realidad no altera una realidad en la que la presidenta "finge" que gobierna, escribió ayer Ricardo Noblat, analista de O Globo.

Por su parte el presidente del opositor PSDB, el senador Aécio Neves, dijo que luego de la "fiesta de la ciudadanía" del domingo pasado, a Rousseff le restan tres caminos: "el impeachment, la casación de la fórmula por el Tribunal Superior Electoral o la renuncia".

El Partido de los Trabajadores (PT) brasileño se manifestó preocupado tras las multitudinarias protestas realizadas el domingo en más de 300 ciudades de todos los estados del país para exigir la salida de la presidenta Dilma Rousseff y contra Lula da Silva. El presidente del PT, Rui Falcao, comparó el clima político actual en el que la oposición convocó a actos multitudinarios con el que precedió al golpe de Estado en 1964. Y citó como ejemplo que la repulsa alcanzó incluso al líder del PSDB, Aécio Neves.

Unos 200 miembros del Tribunal de Justicia del estado brasileño de Río de Janeiro protagonizaron ayer un acto de apoyo al juez responsable por la investigación del escándalo de Petrobras, que ha sido blanco de críticas de políticos y empresarios implicados en el caso. Los miembros del Tribunal regional, entre jueces y magistrados, posaron para una fotografía en la que aparecen vistiendo sus características togas y unidos de las manos, para mostrar apoyo al titular del decimotercer Juzgado Federal de la ciudad de Curitiba.

La fotografía simboliza la defensa de la independencia de los miembros del Poder Judicial, explicó la presidenta de la Asociación de los Magistrados del Estado de Río de Janeiro (Amaerj), Renata Gil, organizadora del acto. La asociación representa a 725 jueces y 175 magistrados en el estado de Río. "Organizamos el acto para posicionarnos contra las críticas que algunos abogados y políticos han hecho contra decisiones del juez (Sergio) Moro. No admitimos que decisiones judiciales sean discutidas. La independencia es el pilar del Poder Judicial, que es uno de los pilares del Estado Democrático de Derecho", aseguró Gil. EFE

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