PROBLEMAS EN LA CASA REAL

Junan Carlos ha asumido que debe dar un paso al lado para salvaguardar a la Monarquía de la investigación abierta sobre sus cuentas en paraísos fiscales y sopesa un alejamiento físico del Palacio de la Zarzuela, pero no la renuncia al título honorífico de Rey, según fuentes de su entorno.

El padre del Rey de España está al tanto de las informaciones que se publican cada día sobre sus negocios privados y es consciente del daño que hacen a la institución, pero aún no hay consenso entre Felipe VI, el Gobierno y Juan Carlos I sobre la fórmula y el momento oportunos para blindar a la Corona de las responsabilidades personales de este último.

Fuentes del gobierno aseguran que la Casa del Rey se inclina por la renuncia voluntaria de Juan Carlos I al título de Rey emérito como la fórmula legal más limpia y sencilla: bastaría con derogar o modificar el decreto de 13 de junio de 2014 sobre títulos y honores de la Familia Real que, seis días antes de la proclamación de Felipe VI, otorgó a sus padres el título honorífico y vitalicio de reyes, con honores análogos a los príncipes de Asturias y precedencia protocolaria tras las hijas de los Reyes. Además, como ya hizo tras su llegada al trono, cuando excluyó a sus hermanas y cuñados, Felipe VI podría recortar la composición de la Familia Real para dejarla reducida a su esposa e hijas. La fórmula, como efecto colateral, castigaría injustamente a la reina Sofía.

El problema es que, según quienes le conocen, Juan Carlos I no se plantea renunciar voluntariamente al título honorífico de Rey, la única dignidad que conserva una vez que su hijo le retiró el 15 de marzo la asignación que recibía de los fondos públicos. En estas condiciones, la decisión resulta traumática, pues Felipe VI debería despojarle del título contra su voluntad, como hizo con su hermana Cristina, a la que en junio de 2015 retiró el Ducado de Palma de Mallorca tras negarse a renunciar a sus derechos dinásticos.

Otra cuestión es el momento adecuado para tomar una decisión. Inicialmente el palacio real era partidario de esperar a que se produjera alguna acción judicial, la presentación de una querella por parte de la Fiscalía ante el Supremo o la citación de Juan Carlos I como investigado, antes de dar cualquier paso. Anticiparse, se argumentaba, suponía presuponer su culpabilidad y agotar las posibles respuestas para momentos ulteriores. Otra cosa, alegaban fuentes próximas a la Casa del Rey, es que hubiera que hacer algo incluso si la causa terminaba archivándose. A estas alturas ha quedado claro que Juan Carlos I cometió irregularidades y que la inmunidad de la Jefatura del Estado podría librarle de sanciones penales, pero no de asumir su propia responsabilidad ante la sociedad.

En los últimos días, el gobierno ha multiplicado las declaraciones instando a Felipe VI a que adopte medidas de distanciamiento con su padre. El viernes, la vicepresidenta primera Carmen Calvo insistió en que el futuro de Juan Carlos I “compete a la Casa Real” y agregó que “el gobierno no otorga el título de Rey, sino que asume constitucionalmente que nuestra Jefatura del Estado tiene forma de Monarquía parlamentaria”. Fuentes del gobierno creen que el goteo de noticias sobre la fortuna de Juan Carlos I ha vuelto la situación insostenible y que Felipe VI no puede posponer indefinidamente una decisión sin que la Monarquía sufra un desgaste.

Tampoco está claro que la retirada del título de Rey emérito fuera suficiente para evitar que el escándalo contamine a la Corona. La Casa del Rey y el Gobierno estudian otras medidas, como su alejamiento físico de la Familia Real, una posibilidad que está sopesando él mismo, según quienes le conocen.

Juan Carlos I ocupa una vivienda dentro del propio Palacio de la Zarzuela, igual que la reina Sofía, mientras que los Reyes viven en el llamado Pabellón del Príncipe, donde Felipe VI se instaló cuando aún era heredero. Sacar a Juan Carlos del palacio y reubicarlo en alguno de los pabellones disponibles en el propio complejo de la Zarzuela sería la fórmula más sencilla y discreta, aunque difícilmente la opinión pública lo vería como un cambio cualitativo. También podría mudarse a alguna de las residencias de Patrimonio Nacional, aunque ello conllevaría mayores gastos.