REINO UNIDO

Desde levantar restricciones contra el covid-19 hasta recurrir a la marina para impedir la migración clandestina, el primer ministro británico Boris Johnson prepara una serie de anuncios atractivos para su electorado esperando salvar su gobierno.

Atrapado en un torbellino de revelaciones sobre fiestas celebradas en Downing Street mientras el Reino Unido vivía bajo estrictas restricciones sanitarias, Boris Johnson hace frente a la peor crisis desde su llegada al poder en 2019.

Su intervención la semana pasada en el parlamento, donde reconoció haber participado brevemente en una de estas fiestas en mayo de 2020, aunque aseguró que pensaba que era una reunión de trabajo, no bastó. Las peticiones de dimisión se han multiplicado, incluso dentro de su propia mayoría parlamentaria del Partido Conservador.

Pero Johnson está lejos de tirar la toalla. “Si hay algo en lo que ha destacado a lo largo de su carrera política, es esencialmente en la supervivencia”, dijo a AFP Robin Pettitt, especialista en política británica.

“Debería estar acabado, pero no es un político normal”, agrega.

En opinión de Pettitt, “si los diputados obtuvieran muchas de las medidas que reclaman (...) aún podrían mantener (a Johnson) en el poder”, al menos hasta la próxima gran prueba que constituyen las elecciones municipales de principios de mayo.

Pero si no logra aplicar estas medidas, “ahí es donde el proyecto podría fracasar”, advierte.

Seis diputados conservadores han reconocido públicamente haber presentado cartas de censura, pero se calcula que son unos 30 los que lo han hecho. Y se necesitan 54 para lograrlo.

Según los medios británicos, Johnson planea lanzar un contraataque con una batería de anuncios reunidos bajo el nombre de “Operation Red Mead” (operación carne roja).

Johnson, que hizo de la lucha contra la inmigración su caballo de batalla tras el Brexit, está pensando en recurrir a la Royal Navy para detener el flujo de migrantes que intentan llegar a Inglaterra de forma clandestina cruzando el Canal de la Macha.

Asimismo, el Gobierno quiere enviar a migrantes a países como Ghana y Ruanda para procesar sus solicitudes de asilo, según The Times, y añade que la ministra de Interior, Priti Patel, y la de Exteriores, Liz Truss, mantienen conversaciones para llevar adelante este programa.

Otro tema polémico es la supervivencia de la BBC, ante la posible supresión en 2027 del impuesto que financia la actividad de la radiotelevisión pública británica, a la que el gobierno acusa regularmente de parcialidad.

De momento, la ministra de Cultura, Nadine Dorries, anunció ayer lunes la congelación durante dos años del impuesto audiovisual con que se financia la BBC.

“La BBC es una gran institución nacional con un lugar único en nuestro patrimonio cultural (...) pero en un momento en el que las familias se enfrentan a un fuerte aumento del coste de la vida, simplemente no podemos pedir a los hogares que trabajan duro que paguen aún más por su canon de televisión”, declaró la ministra Dorries, en el parlamento.

Anunció así que el impuesto, que según afirmó la BBC quería aumentar a 180 libras (245 dólares) anuales, se congelará en 159 libras hasta 2024 y luego “subirá de acuerdo con la inflación durante los próximos cuatro años”.

Richard Sharp y Tim Davie, presidente y director general de la BBC, calificaron la decisión gubernamental de “decepcionante”, asegurando que “los ingresos de la BBC por sus servicios en el Reino Unido son ya un 30% más bajos en términos reales que hace diez años”.

Haciéndose eco de la preocupación de numerosas personalidades como el actor Hugh Grant, la diputada laborista de la oposición Lucy Powell denunció una “vendetta” contra la BBC, blanco habitual del gobierno de Johnson, que la acusa de parcialidad.