CRÍTICA

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, hizo ayer viernes otra dura crítica a la prensa de su país, coincidió con la divulgación de un informe de la Secretaría de Seguridad del Estado de Río de Janeiro, según el cual 1.160 personas murieron “por intervención de un agente del Estado” en los primeros once meses de este año.

En noviembre ocurrieron 80 de esas muertes, lo que representa el menor índice de mortalidad causada por agentes del Estado para este mes desde 1998, según ese informe oficial divulgado poco antes de la ceremonia de graduación de los nuevos miembros de la Policía Militar.

Bolsonaro no hizo alusión alguna a esos datos y calificó a la prensa brasileña de “mentirosa” y “vergüenza para el mundo”, para añadir que los partidarios “del bien y la ley” cuentan “con las redes sociales, que sí dicen la verdad”.

“Siempre estaremos al lado de la verdad y de la ley y no de los canallas”, declaró el gobernante subiendo el tono, y apuntó: “No esperemos palabras gentiles o gestos de amistad para vencer al enemigo. Estamos venciendo y venceremos”.

Esta misma semana, en un acto celebrado en San Pablo, Bolsonaro había anunciado que el año próximo, una vez que sean electas las nuevas autoridades del Parlamento, que serán renovadas en febrero, insistirá en dotar de “garantías jurídicas” a los policías que maten en el ejercicio de sus funciones.

En esa oportunidad, envió un mensaje “a los hipócritas” que se oponen a esa medida, y aseguró que “no es un permiso para matar, sino el derecho de no morir”.

Bolsonaro, un fervoroso defensor de la mano dura contra el crimen, sostuvo que “un policía tiene que cumplir su misión y luego ir a casa a descansar, sin aguardar una noticia de un oficial de la Justicia” en caso que haya matado a un delincuente.

Esa propuesta fue incluida en un paquete de medidas contra el crimen remitido por el Gobierno el año pasado al Congreso, que finalmente decidió eliminar ese punto.

La llamada “exclusión de ilicitud” para la Policía fue una de las diversas medidas planteadas por Bolsonaro en términos de seguridad y lucha contra el crimen que no fue aprobada por el Parlamento o fue moderada luego por la Justicia.

La semana pasada, como parte de su estrategia para favorecer la venta de armas entre los civiles y promover la “autodefensa” frente al crimen, el Gobierno dictó una medida que anulaba los impuestos del 20% que se aplican a la importación de pistolas y revólveres.

Sin embargo, en respuesta a una demanda de algunos partidos de la oposición, el magistrado Edson Fachin, uno de los once miembros de la Corte Suprema, suspendió en forma cautelar esa medida, al menos hasta que sea analizada por el pleno del tribunal, lo cual sólo ocurrirá a partir de febrero próximo.