La Policía brasileña informó ayer de que ha iniciado una nueva fase de la investigación de las corruptelas en Petrobras, la cual intenta determinar si parte del dinero desviado de la petrolera fue blanqueado mediante operaciones inmobiliarias articuladas por una firma con sede en Panamá.

En esas operaciones se investiga la participación de la firma de abogados Mossack Fonseca, que tiene sede en Panamá, opera en otros 40 países y se sospecha que facilitó a varios implicados en el escándalo la apertura de diversas empresas "offshore" en esa nación centroamericana.

"La investigación apunta a operaciones de lavado de dinero y de ocultación de patrimonio a través de negocios inmobiliarios", dijo el fiscal Carlos Fernando Dos Santos Lima, uno de los responsables del caso.

También afirmó que, según los indicios obtenidos hasta ahora, la empresa "Mossack Fonseca es una gran lavadora de dinero", por lo que el Ministerio Público brasileño pidió la cooperación de autoridades policiales de otros países, aunque declinó precisar cuáles.

Uno de los ejes de la investigación es un edificio construido en el balneario de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, por una cooperativa sindical vinculada al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y en el cual la propia Fonseca posee un apartamento de tres pisos.

Otro de los apartamentos en el llamado Condominio Solaris estaba reservado por la familia del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, fundador del PT y padrino político y antecesor de Dilma Rousseff.

A mediados del año pasado, cuando empezó a ventilarse ese asunto, Lula negó que hubiera comprado un apartamento en ese edificio, pero admitió que su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, adquirió en 2009 una participación con vistas a una posible adquisición.

Sin embargo, aclaró que, como las obras para la conclusión del edificio se atrasaron, la constructora OAS ofreció la posibilidad de que reintegrarle el dinero a quienes aún no habían confirmado la compra. EFE

Caso Petrobras