El Tribunal Superior Electoral de Brasil ordenó investigar a siete empresas que prestaron servicios a la campaña que, en 2014, llevó a la reelección de la presidenta Dilma Rousseff, informó ayer la propia corte.
La decisión fue tomada por el magistrado Gilmar Mendes, encargado de tramitar una denuncia formulada por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) respecto a supuestos fraudes en las finanzas del comité de campaña de Rousseff, que en caso de ser comprobados pudieran llevar a su destitución.
Las siete empresas que serán investigadas son de los sectores gráfico y de informática y las sospechas apuntan a que recibieron dinero no declarado a las autoridades electorales por su trabajo en la campaña de Rousseff.
La denuncia del PSDB sostiene que durante la campaña electoral de 2014 la fórmula integrada por Rousseff y su vicepresidente, Michel Temer, incurrió en "abusos con cadenas nacionales", "manipulación de datos socioeconómicos", "uso indebido de predios públicos" y propaganda electoral en "períodos de veda".
También presentó indicios que pueden sugerir que parte del dinero desviado de las corruptelas en la estatal Petrobras se usó para financiar la campaña de la mandataria, todo lo cual resumió en una acusación de "abuso acumulado con perpetración de fraude". La corrupción en Petrobras ha afectado en US$ 2.000 millones las arcas públicas. EFE
Corrupción en Brasil
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