CEDIENDO A LAS PRESIONES

Puigdemont cede y pide dialogar; el gobierno de Rajoy se reúne hoy para definir qué hace.

El presidente catalán Carles Puigdemont suspendió ayer martes una declaración unilateral de independencia tras el referéndum del 1º de octubre para propiciar un diálogo con el gobierno español, que lo rechazó de plano.

"Asumo (...) el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república", dijo Puigdemont en una histórica comparecencia ante el parlamento regional.

Y acto seguido, agregó: "El gobierno de Cataluña y yo mismo proponemos que el parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia con tal de que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada".

El gobierno de Mariano Rajoy rechazó inmediatamente esa "declaración implícita" de independencia. "No es admisible hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita", dijo.

En una comparecencia que despertó expectación en toda Europa, Puigdemont asumió el veredicto de las urnas, en las que el sí a la autodeterminación habría ganado con el 90% de los votos, pero con una participación del 43% de la población de Cataluña de 7,5 millones de habitantes.

Sin embargo, los socios del gobierno independentista, la extrema izquierda de la CUP cuyos 10 diputados son claves, reprocharon a Puigdemont que se "había perdido una oportunidad".

Puigdemont reprochó al Estado español no haber sido un interlocutor "en el pasado ni en el presente". Antes, el presidente catalán defendió "la necesidad imperiosa de desescalar la tensión y no contribuir ni con la palabra ni con el gesto a incrementarla".

La sesión se inició con una hora de retraso porque hubo una discrepancia en el seno de la coalición independentista, donde conviven diferentes orientaciones políticas, desde el conservador PdeCAT, a la extrema izquierda de la CUP.

El gobierno español había pedido horas antes a Puigdemont que no hiciera nada "irreversible" y desistiera de agravar la crisis política que vive España, la peor de su era democrática moderna, una demanda a la que se sumaron voces europeas.

El Parlamento donde hablaba el presidente era un fortín. La policía catalana cerró al público el parque donde se encuentra la Cámara para prevenir incidentes entre unionistas y secesionistas, días después de que las imágenes de las cargas policiales contra los votantes dieran la vuelta al mundo. Las vallas rodeaban las entradas al parque, había decenas de furgonetas policiales y un helicóptero sobrevolaba la sede.

Rajoy comparecerá hoy miércoles en el Congreso de los Diputados para hablar de Cataluña. Sobre la mesa, el gobierno tiene la aplicación del ar-tículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión del autogobierno de Cataluña, restaurado tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), o incluso decretar un estado de emergencia, pero podría optar por una serie de medidas menos alarmantes.

La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría dijo en el Senado que "vivimos uno de los momentos más importantes y difíciles de nuestra democracia", restaurada con las elecciones de 1977 y la Constitución de 1978 tras la dictadura franquista.

Rajoy se reunió anoche en el Palacio de la Moncloa con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta del Ejecutivo anunciaba la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, al tiempo que calificaba la intervención del presidente de Cataluña como "el discurso de una persona que no sabe dónde está, adónde va ni con quién quiere ir".

El gobierno español recibió el respaldo del presidente francés Emmanuel Macron y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Las presiones nacionales e internacionales, así como la fuga de empresas y la incertidumbre económica, terminaron influyendo en Puigdemont. Es que en juego está el futuro de un territorio estratégico para España, con una superficie similar a la de Bélgica, con un 16% de su población y un 19% de su Producto Interior Bruto. Y desde Madrid, no piensan quedarse de brazos cruzados.

En los últimos 86 años, el gobierno catalán proclamó en dos ocasiones la independencia, sin que esta llegara a materializarse. El primero en hacerlo fue el presidente regional Francesc Macià en 1931, y el segundo su sucesor Lluís Companys, en 1934, lo que le costó ir a la cárcel.

Ayer tras diversas reuniones con tensiones internas en las filas independentistas, los diputados de JxSí y la CUP, incluidos Puigdemont y la presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, firmaron un documento sobre la independencia de Cataluña que va más allá del discurso del presidente catalán, ante la amenaza de fractura interna entre los secesionistas.

En la declaración de cuatro folios, de carácter simbólico y sin efectos jurídicos porque no será registrada en el Parlamento de Cataluña y que han acabado firmando también los diputados del PDeCAT, desaparece cualquier mención a "suspender los efectos" de la declaración de independencia, como había planteado Puigdemont.

En un borrador de la declaración sí figuraba la mención a "suspender los efectos", pero la CUP se negaba a firmar el documento si no se retiraba la alusión.

Precisamente el portavoz del secretariado nacional de la CUP, Quim Arrufat, anunció que propondrán a su consejo político la posibilidad de suspender la actividad de sus diputados mientras la declaración de independencia esté suspendida, y aseguró que su confianza en el Gobierno de Cataluña "ha quedado tocada".

El texto definitivo, con logo de la Generalitat, proclama: "Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social". "Cataluña restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada", añade.

La líder del principal partido de la oposición en Cataluña (Ciudadanos), Inés Arrimadas, ha advertido que la independencia "a plazos" o "en diferido" como la que, ha dicho, ha proclamado hoy el presidente Puigdemont, sigue siendo "una declaración de independencia" y un "golpe a la democracia".

El líder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, dijo que el presidente catalán "no puede suspender una declaración (de independencia) que no ha hecho" y le ha pedido convocar elecciones en la región.

La Casa Blanca mantiene la misma posición sobre Cataluña expresada hace dos semanas por el presidente Donald Trump, quien dijo que España es "un gran país" que "debería permanecer unido", y evitó pronunciarse sobre si debe haber diálogo con los secesionistas catalanes. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, se refirió al tema poco después del discurso del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont. "Nuestra posición no ha cambiado" respecto a la que expresó Trump al recibir en la Casa Blanca al presidente español Mariano Rajoy el pasado 26 de septiembre, dijo Sanders en su conferencia de prensa diaria. "No hay nada diferente respecto a lo que dijo el presidente cuando él (Rajoy) estuvo aquí hace un par de semanas", agregó Sanders.

La portavoz aseguró que Washington está dispuesto a mantener "conversaciones" con el gobierno de Rajoy, pero no aclaró en qué consistirían esos contactos y tampoco respaldó la posibilidad de una mediación internacional o un mayor diálogo entre las partes.