Un fiscal argentino presentó ayer martes una denuncia judicial contra el presidente Mauricio Macri por supuesto perjuicio al Estado en el arreglo de una deuda contraída por Franco, su padre.

El fiscal Juan Pedro Zoni imputó al presidente y a varios altos funcionarios, por haber aceptado un acuerdo que supone una importante rebaja de la deuda del Correo Argentino, cuya concesión tuvo el Grupo Macri desde 1997 a 2003, cuando fue estatizado.

Zoni inicia una investigación para "corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso", tramitado sobre la quiebra del Correo.

El Gobierno argentino había pedido horas antes a la Justicia tomar en forma "urgente" el polémico arreglo, tras negar que haya conflicto de intereses como sostiene una ola de denuncias políticas por corrupción. "Pedimos una audiencia urgente de la Cámara Federal para que lo aborde de manera integral. Es un tema técnico-judicial, no político", dijo en rueda de prensa el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

La conmoción estalló hace una semana al revelar la fiscal Gabriela Boquín, un acuerdo de junio de 2016 con el Grupo Macri por compromisos impagos. La deuda se remonta a cuando la empresa familiar tuvo la concesión del estatal Correo.

Es "ruinoso", "abusivo", "inadmisible" y "equiparable a una condonación del 98% de la deuda", dijo Boquín.

La deuda era de 300 millones de pesos (la misma cantidad en dólares) en 2001, cuando el Correo declaró su quiebra. Ahora el acuerdo omite actualizar el monto pese a que la inflación desde entonces fue de 700%. Se pagaría en cuotas al 7% anual de interés hasta 2033, un porcentaje muy por debajo de lo que cobra cualquier banco argentino.

Las acciones de la empresa concesionaria fueron repartidas por su líder, Franco Macri, padre del presidente argentino, entre sus tres hijos, uno de ellos Mauricio. El presidente, a su vez, transfirió su parte accionaria a sus hijos.

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