Un arrepentido develó que el presidente interino brasileño recibió dinero de la corrupción.

Uno de los delatores de las corruptelas en Petrobras implicó en esos asuntos al presidente interino de Brasil, Michel Temer, de quien aseguró que le pidió dinero para financiar campañas, según documentos difundidos ayer por la Justicia.

La delación fue hecha por Sergio Machado, expresidente de una subsidiaria de Petrobras, quien aseguró que Temer le solicitó ayuda financiera para la campaña de un candidato a alcalde del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en 2012.

Machado, quien también ocupó un escaño de senador por el PMDB, confesó su participación en la trama de Petrobras en un acuerdo de cooperación judicial, en el que además reveló que financió en forma ilegal a otra veintena de políticos, valiéndose de su condición de presidente de la empresa Transpetro.

Según Machado, hace cuatro años Temer lo buscó con la intención de obtener financiación para la campaña de Gabriel Chalita para la Alcaldía de Sao Paulo y fue acordada una aportación de 1,5 millones de reales (equivalentes a unos 428.500 dólares hoy).

Ese dinero, de acuerdo a los documentos liberados por la Corte Suprema, fueron pagados por la constructora Queiroz Galvao, que los entregó directamente al PMDB.

Según dice el texto difundido por el tribunal en relación a la confesión, “estaba claro” que lo negociado era que Machado pidiera “recursos ilícitos da las empresas que tenían contratos con la Transpetro, como forma de donación oficial para la campaña de Chalita”.

Los documentos contienen la transcripción de grabaciones de conversaciones entre Machado y el expresidente José Sarney este mismo año, en las que también se cita a Temer.

“Yo contribuí con Michel”, dice Machado, quien al parecer quería obtener algún favor de Sarney en sus enredos con la Justicia.

En su declaración, Machado también relata que ayudó a financiar campañas en forma ilegal a una veintena de políticos del PMDB y de otras cuatro formaciones.

Se trata del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece la mandataria suspendida, Dilma Rousseff, y los partidos Progresista (PP), de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y Demócratas (DEM), estos tres últimos de la base que respalda al Gobierno interino de Temer.

Si bien el presidente del Senado, Renan Calheiros, el exministro de Planificación, Romero Jucá, y el expresidente José Sarney, están acusados de corrupción en Petrobras, no irán a la cárcel. Al menos por ahora.

Es que ayer, uno de los jueces a cargo de esta causa, Teori Zavascki, consideró que los elementos aportados por el fiscal general Rodrigo Janot no justifican los arrestos de los políticos. “Las evidencias presentadas no son suficientemente concretas para legitimar una medida excepcional”, afirmó en su fallo.

De acuerdo con Janot, una serie de audios grabados secretamente revelaron que los políticos estaban tramando “maniobras para obstruir la ‘Operación Lava Jato’,“ en referencia al nombre con el que se conoce la investigación para develar el escándalo que drenó miles de millones de dólares de Petrobras hacia partidos políticos.

Pese a denegar el pedido, Zavascki consideró que las grabaciones “revelan diálogos que no están a la altura de agentes públicos titulares de los más elevados mandatos de representación popular”.

El Tribunal de Cuentas, órgano auditor del Estado brasileño, emplazó ayer a Dilma Rousseff a aclarar diversas irregularidades contables detectadas en los resultados fiscales de su Gobierno en 2015.

La presidenta, separada de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, tendrá un plazo de 30 días para responder a las dudas sobre esos balances, anunció ayer ese tribunal.

El gobierno interino de Brasil anunció ayer que enviará al Congreso una propuesta para limitar por 20 años la expansión del gasto público, en una medida que busca atacar el creciente problema del déficit fiscal.

El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, dijo que la iniciativa -bajo forma de una enmienda constitucional- pretende ajustar el gasto primario al techo que establezca la tasa de inflación del año precedente.

“No hay posibilidades de que sigamos en Brasil gastando mucho más de lo que la sociedad puede pagar. Es importante que revirtamos ese proceso y por eso presentamos un nuevo régimen fiscal, que limita los gastos públicos”, dijo Meirelles.

CORRUPCIóN EN BRASILAFP Y EFE