La jornada nacional de protesta realizada hoy en Argentina contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández contó con una adhesión "contundente", aseguraron las tres centrales sindicales impulsoras, que ratificaron su rechazo a la política económica vigente en el país.

El quinto paro general contra la administración Fernández fue convocado por la eliminación del impuesto a las ganancias en los salarios y por paritarias libres, además de denunciar "el crecimiento de la pobreza, de la concentración económica y de la usura financiera en el país" durante la última década.

Hugo Moyano, titular de la CGT opositora, señaló en conferencia de prensa que el paro general -como llaman los argentinos a la huelga- fue "muy importante y demuestra la disconformidad con las políticas que aplica el gobierno sobre los trabajadores".

"Cuando le pongan techo a la inflación, le vamos a poner techo a nuestros reclamos de aumentos salariales", enfatizó Moyano, líder además del sindicato de camioneros que fue vital para el éxito de la jornada de protesta.

Los sindicatos del transporte adhirieron masivamente a la protesta como en ocasiones anteriores y paralizaron los servicios públicos de transporte.

En tanto, las compañías aéreas Austral y Aerolíneas Argentinas cancelaron hoy todos los vuelos que conectan Argentina con el Aeropuerto Internacional de Carrasco, informaron fuentes aeroportuarias a la agencia de noticias EFE.

A partir de la ausencia de autobuses, subte (metro) y trenes, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, afirmó que "los dirigentes sindicales opositores decretaron hoy la prisión domiciliaria de millones de argentinos".

Randazzo, precandidato presidencial del gobernante Frente para la Victoria, lanzó una serie de tuits contra el paro opositor, asegurando que "algunos dirigentes sindicales son parte del problema, no la solución".

Moyano replicó que el gobierno "quiere nivelar los salarios para abajo" y lo responsabilizó -junto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- de "la precariedad laboral y el trabajo infantil" en los talleres clandestinos de la capital argentina.

Pablo Micheli, de la CTA Autónoma coincidió que el "paro fue contundente" y alertó que en Argentina "once millones de trabajadores ganan menos de 5.500 pesos (611 dólares) y están por debajo de la canasta de pobreza".

Micheli aseveró que "es una vergenza y una afrenta al pueblo argentino que la presidenta diga en la asamblea de la FAO que la pobreza en Argentina es del 5 por ciento cuando sólo en una provincia (Tucumán, norte del país) hay miles de chicos desnutridos".

El titular de la CTA Autónoma se diferenció de su colega de la CGT Azul y Blanca, Luís Barrionuevo, que había afirmado previamente que con la dictadura militar (1976-1983) "se podía negociar".

"Es una barbaridad", respondió Micheli, sobre este comentario, que tampoco fue compartido por Moyano, aunque lo minimizó.

Los dirigentes sindicales durante una conferencia de prensa conjunta en la CGT amenazaron que "si no hay diálogo. mas temprano que tarde veremos como seguimos con este plan de lucha".

Randazzo a su vez twitteo que "este gobierno es el que más hizo por los trabajadores, y estos dirigentes sindicales son los que más han hecho pero en contra de los laburantes (trabajadores)".

El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que el paro "es político" y subrayó que "no aporta absolutamente nada".

"El objetivo que persiguen sigue siendo político, no tienen ninguna conclusión en términos de beneficios para sus trabajadores", afirmó Fernández.

Fernández fustigó a los partidos y agrupaciones de izquierda que montaron cortes y piquetes durante la jornada en los accesos a las principales ciudades del país, afirmando que "buscan la confusión, no buscan otro tipo de soluciones".

Juan Carlos Schmidt, secretario general del Sindicato de Marítimos acusó al gobierno de "expulsar a todos los que piensan distinto" y aseveró que la presidenta Fernández "desde hace tiempo practica una actitud antisindical".

"falta diálogo del gobierno"ANSA/EFE