CASO 

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó la apelación última del argentino Víctor Saldaño, condenado a muerte por un asesinato en Texas cometido en 1996, a pesar de las gestiones del gobierno de Argentina y de obispos católicos. Lleva 24 años en el "corredor de la muerte".

Por más de dos décadas el gobierno de Argentina, un país donde no hay pena de muerte, apoyó la defensa legal de Saldaño, por quien también ha abogado la Conferencia de Obispos Católicos de Texas y otros grupos opuestos a la pena capital.

El abogado Jonathan Miller, que representa los intereses de la Cancillería ante los tribunales norteamericanos, confirmó a La Nación: "Certiorari (recurso extraordinario para solicitar revisión de un tribunal) fue denegado; la Corte no va a tomar el caso". La referencia es a la presentación hecha en julio, el último recurso posible en el sistema de Justicia estadounidense.

"Lo normal sería darnos tiempo para pedir la clemencia. Es probable que haya otras ejecuciones que se van a realizar primero antes de que pongan una fecha para Víctor", explicó Miller a ese medio.

"Es triste; hemos hecho lo que teníamos que hacer", afirmó a La Nación Lidia Guerrero, madre de Víctor. "Soy la madre en las buenas y en las malas, y él está muerto en vida, como se los dicen por los altoparlantes de la cárcel. 'Escuchen, estamos ejecutando'. Fue condenado a muerte ilegítimamente. Hasta último momento tengo fe en Dios; será lo que él disponga", agregó.

Los pedidos del gobierno de Argentina han sido apoyados por los de la República Dominicana, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, nicaragua, Paraguay, Perú y México.

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Saldaño, oriundo de Córdoba, tenía 23 años cuando ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 1995 y después de ocuparse en diversos trabajos en la ciudad de Nueva York llegó a Dallas, donde compartió habitación con el mexicano Jorge Chávez.

En noviembre de 1995, Paul King entró en una tienda de alimentación en Plano (Texas) a comprar el almuerzo para sus compañeros de trabajo de la cadena Best Buy, cuando Saldaño y Chávez lo amenazaron con un arma de fuego y lo llevaron a un lago cercano.

Según la Policía de Texas, Saldaño le disparó cinco balazos a King, le robó la billetera y el reloj y se marchó.

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Saldaño fue juzgado en 1996 y, tras ser declarado culpable, fue condenado a muerte, mientras que Chávez recibió una condena de cadena perpetua.

En la audiencia para determinar la sentencia, el psicólogo Walter Quijano había afirmado que los latinos son más propensos a cometer crímenes y que el sistema carcelario tenía demasiados hispanos, algo que utilizaron los abogados contratados por el gobierno argentino para que se anulara la sentencia, argumentando que ese testimonio estaba marcado por el racismo.

Pero tras un nuevo juicio, en 2004, Saldaño fue condenado de nuevo a la pena capital.

En un habeas corpus presentado en 2007 los abogados de Saldaño argumentaron que al convicto se le había negado la asistencia legal efectiva, un reclamo que el Tribunal de Apelaciones de Texas rechazó.

Un año más tarde, los abogados presentaron ocho argumentos por los cuales Saldaño cuestionaba la validez de su sentencia, tras lo cual el mismo Tribunal de Apelaciones de Texas aceptó solo uno de los alegatos del convicto y validó la sentencia de pena capital.

Guerrero, la madre de Saldaña, envió en 2013 una carta al papa Francisco, rogándole que intercediera para evitar la ejecución de su compatriota, y en dos ocasiones (marzo de 2015 y agosto de 2018) el pontífice declaró públicamente su oposición a la pena capital en todos los casos.

Guerrero espera la definición del gobierno estadounidense ante el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le ordenó hace tres años conmutar la pena y sacar a Saldaño del corredor de la muerte. El miércoles pasado el caso fue nuevamente tratado en la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). Allí, los representantes norteamericanos insistieron con que el sistema judicial de su país tiene los mecanismos necesarios para corregir errores; nunca dijeron que acatarían la resolución de la CIDH.

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El caso ante la CIDH lo lleva adelante Juan Carlos Vega, quien dejó de representar a Saldaño en Estados Unidos pero cuenta con toda la "confianza" y "agradecimiento" de la madre del cordobés.

Después de la audiencia del miércoles, la Comisión emitió un comunicado en el que "insta" al gobierno estadounidense a "cumplir" con su resolución de consultarle la pena a Saldaño y sacarlo del corredor de la muerte.

Sobre la decisión de la Corte, Guerrero agregó: "Era una posibilidad remota; lo único que queda es que Estados Unidos responda algo a la CIDH. También sabemos que es difícil; sabrán ellos lo que van a hacer". 

Si la Corte aceptaba tomar el caso iba a ser la segunda vez que se ocuparía del cordobés, en el 2000 en un fallo inédito, anuló la primera condena a muerte y admitió que la sentencia fue discriminatoria porque consideró como agravante la condición de hispano de Saldaño. En un segundo proceso, para el jurado no hubo dudas de la "peligrosidad futura" que representaba el cordobés. Nuevamente, fue condenado a muerte.