El secretario general de la OEA llamó a "una urgente convocatoria del Consejo Permanente en marco del artículo 20 de la Carta Democrática".

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó hoy de "autogolpe de estado" la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de sustituir en sus funciones al Parlamento, controlado por la oposición a Nicolás Maduro.

"Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado", sentenció el secretario general del organismo americano en un comunicado emitido horas después que el TSJ decidiera asumir las competencias de la Asamblea Nacional, a raíz de la persistencia del "desacato", un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.

En el comunicadoAlmagro señala que "es urgente la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática y constató que se ha llegado a este punto a pesar de las advertencias formuladas en los informes del 30 de mayo de 2016 y 14 de marzo de 2017".

Almagro recordó "el carácter preventivo que tiene la Carta Democrática Interamericana, que debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio".

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denuncia el autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional, último poder del Estado legitimado por el voto popular.

"Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado", sentenció el Secretario General.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dictado dos decisiones por las que despoja de sus inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y, contrariando toda disposición constitucional, se atribuye las funciones de dicho Poder del Estado, en un procedimiento que no conoce de ninguna de las más elementales garantías de un debido proceso.

Por la primera de ellas, del 27 de marzo de 2017, el TSJ declara la inconstitucionalidad de acuerdos legislativos calificando como actos de traición a la patria el respaldo a la Carta Democrática Interamericana, instrumento jurídico al cual Venezuela ha dado su voto al tiempo de aprobarlo y fue el primer país en solicitar su aplicación en el año 2002.

Por el segundo fallo, del 29 de marzo, este tribunal declara la “situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional”, en forma que no conoce respaldo constitucional ni en las atribuciones de la Asamblea (art.187 de la Constitución), ni mucho menos en la de la Sala Constitucional del TSJ (art.336 de la Constitución) y que viola la separación de poderes que la propia Constitución exige sea respetada por todos los jueces los que deben “asegurar su integridad” (art.333).

Las normas internacionales regionales y universales a las que Venezuela soberanamente ha adherido, y que por ello la obligan a su cumplimiento, reafirman el respeto a la separación de poderes como garantía ineludible para la protección de los derechos de los ciudadanos y la defensa del sistema democrático y del estado de derecho.

Las dos sentencias del TSJ de despojar de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y de asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia.

La decisión del TSJ expresa en su numeral 4.4: "Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho".

Asumir la restauración de la democracia es tarea de todos. Hoy es hora de trabajar unidos en el hemisferio para recuperar la democracia en Venezuela, con cuyo pueblo todos tenemos deudas que nos obligan a actuar sin dilaciones. Callar ante una dictadura es la indignidad más baja en la política.

“La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo", nuestros opresores, y son nuestros opresores porque la libertad de los pueblos es la esencia misma de nuestra libertad, sólo por serlo forman el objeto de nuestra lucha.

El Secretario General de la OEA dijo que es urgente la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática y constató que se ha llegado a este punto a pesar de las advertencias formuladas en los informes del 30 de mayo de 2016 y 14 de marzo de 2017.

El líder de la OEA recordó el carácter preventivo que tiene la Carta Democrática Interamericana, que debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio.

Almagro solicitó en un informe el 14 de marzo pasado la suspensión de Venezuela del ente si no convocaba elecciones generales en los 30 días siguientes, petición ante la que 14 países americanos, entre ellos los más grandes del continente, decidieron exigir al Gobierno de Nicolás Maduro un calendario electoral y la liberación de los "presos políticos" en una declaración conjunta.

Sin embargo, dicho paso ha sido insuficiente para activar el proceso de suspensión del país caribeño solicitado por el secretario general.

Esta misma semana, 20 países de los 35 Estados miembros (Cuba pertenece a la OEA pero no participa desde 1962), consensuaron una declaración conjunta en la que se comprometen a concretar una hoja de ruta "en el menor plazo posible" para "apoyar el funcionamiento a la democracia y el respeto al Estado de Derecho" en Venezuela.

El texto aprobado es el cimiento para una resolución que se preparará en "los próximos días" y fijará "el mecanismo" con el que la OEA dará seguimiento a la situación en Venezuela, según explicó a los periodistas el embajador mexicano en la OEA, Luis Alfonso de Alba.

Los 20 países que acordaron ese texto, según confirmaron fuentes diplomáticas a Efe, son: Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Jamaica, Santa Lucía, Barbados, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago y Guyana.

Con información de EFE

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