Ningún país latinoamericano aplicó la pena capital, según informe de Amnistía

Hay más sentenciados a muerte

Amnistía Internacional denunció ayer en su informe anual sobre la pena de muerte un aumento por cinco de las condenas en 2014, por culpa de Egipto y Nigeria, pero un descenso en las ejecuciones.

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La mayor parte de las ejecuciones son en Medio y Extremo Oriente. Foto: AFP

Ningún país latinoamericano condenó o ejecutó a nadie, constata el informe. El único país americano que persiste en ejecutar es Estados Unidos, con 35 casos en 2014, cuatro menos que el año anterior.

En total, hubo 607 ejecuciones en 2014, un descenso del 22% respecto a 2013, y se produjeron en 22 países, los mismos que el año anterior.

Estados Unidos sigue en el grupo de cabeza de quienes más ejecutan, superada sólo por Irán (289 oficialmente reconocidas y 454 no declaradas), Arabia Saudita (al menos 90), Irak (al menos 61) y el país norteamericano.

Solo siete estados de Estados Unidos ejecutaron en 2014, contra nueve del año anterior. Cuatro de ellos (Texas, Missouri, Florida y Oklahoma) acumularon el 89% de las ejecuciones.

Las sentencias de muerte también cayeron en Estados Unidos, de 95 en 2013 a 77 en 2014.

China.

Como en años anteriores, el informe de la organización no incluye a las miles de personas ejecutadas en China, donde los datos relativos a la pena de muerte son secreto de Estado, pero Amnistía afirma que las cifras superan a las del resto del mundo junto.

El informe provocó una respuesta de las autoridades chinas, que aseguran aplicar la pena capital "de acuerdo a la Constitución" y "de manera cauta".

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying, lo aseguró ayer en una rueda de prensa en Pekín, y añadió que "nuestra postura sobre la pena de muerte es muy clara".

"Prestamos atención a proteger los derechos humanos y también continuamos aplicando la pena de muerte de acuerdo a la Constitución", dijo la portavoz, que también confesó no haber visto "el mencionado informe".

Amnistía constata además un alarmante aumento del recurso a la pena de muerte para "luchar contra amenazas reales o percibidas a la seguridad del Estado relacionadas con el terrorismo, el delito o la inseguridad interna".

Destacan los casos de Nigeria y Egipto, que atraviesan tiempos de inestabilidad política.

De las 2.466 condenas a muerte de 2014, 659 fueron impuestas en Nigeria y 509 en Egipto, en ambos casos más de 500 que en el año anterior.


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"No es solución".

"Cuando los gobiernos dicen que usan la pena de muerte en respuesta al delito y al terrorismo, se equivocan; la pena de muerte no es la solución", dijo Audrey Gaughran, dirigente de Amnistía Internacional, durante una conferencia de prensa en Londres en la cual se presentó el informe.

"La pena de muerte no es más disuasoria de delitos graves que otras formas de castigo", añadió la activista.

Y además, un error es fatal, advirtió la organización internacional, destacando que 113 personas erróneamente condenadas fueron liberadas en 2014.

Esta cifra, "es muy perturbadora, porque revela la frecuencia con la que se condena a inocentes", sostuvo Gaughran.

"Nos preocupa enormemente Egipto, porque las sentencias de muerte en grupo fueron el resultado de juicios muy injustos, y en Nigeria nos preocupa el modo en que las cortes militares han impuesto las sentencias", dijo a la AFP.

Entre los métodos usados en las ejecuciones, hubo: decapitación (Arabia Saudita), ahorcamiento (Afganistán, Bangladesh, Egipto, Irak, Irán, Japón, Jordania, Malaisia, Pakistán, Territorios palestinos, Singapur, Sudán), inyección letal (China, Estados Unidos de América, Vietnam) y arma de fuego (Arabia Saudí, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Guinea Ecuatorial, Palestina, Somalia, Taiwán, Yemen).

Amnistía no tuvo noticia de ejecuciones judiciales por lapidación, aunque una mujer fue condenada a morir lapidada por "adulterio" en Emiratos Árabes Unidos.

Indonesia.

Actualmente se procesa en Indonesia un caso que podría terminar en una condena a muerte. Un tribunal de ese país decidió ayer enviar a la Corte Suprema el caso de un francés condenado a muerte por narcotráfico y que solicitó un proceso de revisión.

Serge Atlaoui, de 51 años, fue detenido en 2005 en un laboratorio clandestino de producción de pastillas de éxtasis, en Tangerang, en los suburbios de Yakarta, y condenado en 2007 a la pena capital por tráfico de droga.

El ciudadano francés siempre negó ser narcotraficante y afirma que solo instaló máquinas industriales para una fábrica que él pensaba que producía pintura acrílica.

Condenas a personas con discapacidad.


El informe de Amnistía Internacional denuncia que varios países aplicaron durante 2014 pena de muerte a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, lo cual viola el derecho internacional. Entre ellos cita a Irán, Egipto y Sri Lanka, sin contar a los condenados cuya edad no pudo ser probada por falta de documentos. Otros países, como Estados Unidos, Indonesia, Japón, Malasia, Pakistán y Trinidad y Tobago ejecutaron a personas con discapacidad intelectual.

Por robo, blasfemia y hechicería.


Además de homicidio y terrorismo, algunos países dictaron sentencias de muerte en 2014 por delitos económicos  (China, Corea del Norte y Vietnam); robo a mano armada (Rep. Democrática del Congo); adulterio (Emiratos Árabes Unidos); violación por violadores reincidentes (India), violación (Arabia Saudita, Emiratos Árabes); secuestro (A. Saudita); tortura (A. Saudita); "insultar al profeta del islam" (Irán); blasfemia (Pakistán); "brujería" y "hechicería" (A. Saudita).

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