El magistrado le dio luz verde a una moción presentada por Argentina, y volvió a denegar un pedido de los fondos "buitres" que lideraron la ofensiva judicial contra el país.

El juez Thomas Griesa levantó las medidas cautelares que le impiden a Argentina concretar pagos a los bonistas que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010, y que forzaron la negociación con los holdouts luego de llevar al país al "default técnico".

Un día después de escuchar argumentos de 14 abogados, la mayoría de ellos, en contra de su anticipada decisión de levantar las medidas cautelares, o injuctions, Griesa le dio luz verde a una moción presentada por Argentina, y volvió a denegar un pedido de los fondos "buitres" que lideraron la ofensiva judicial contra el país.

"El tribunal no toma a la ligera la decisión de levantar las medidas cautelares", escribió Griesa, en una orden y una opinión de cinco páginas. "Pero, en última instancia, las circunstancias han cambiado de manera tan significativa como para declarar a las medidas cautelares inequitativas y perjudiciales para el interés público", completó.

Su orden no entrará en vigencia aún. De acuerdo a la hoja de ruta que propuso la Argentina, y a la que accedió el juez, Argentina debe derogar la ley cerrojo y la ley de pago soberano, y luego debe cancelar todos los acuerdos firmados con los holdouts hasta el 29 de febrero, incluidos los US$ 4653 millones para los fondos "buitres NML, Aurelius, Blue Angel y Olifant, que lideraron la demanda "pari pauss" contra el país en la cual se dictaron las cautelares.

Griesa no desoyó las quejas de los abogados de fondos "me too" y bonistas minoristas que le habían pedido en la audiencia que dejara las medidas cautelares en su lugar para poder negociar con la Argentina. Muchos dijeron que no habían podido negociar aún con el equipo económico del presidente Mauricio Macri.

"Los demandantes que no han acordado pueden seguir negociando con la Argentina", escribió el juez. "Mas aún, como ha quedado claro, los reclamos de algunos demandantes que no han tenido "ninguna oportunidad" de negociar son exageradas. El tribunal espera que la República continúe negociando con los restantes demandantes", agregó.

Además, Griesa recordó que la Corte de Apelaciones ya ha ingresado un "stay" sobre su orden por dos semanas, algo que "le dará a esos demandantes ampio tiempo para continuar las negociaciones".

Griesa dejó constancia que los acuerdos firmados por la Argentina suman US$ 6200 millones de dólares, que reprensentan el 85% de las sentencias que llegaron a la mesa de negociaciones del Special Master, Daniel Pollack. Notó que la Argentina había abandonado sus apelaciones a las medidas cautalres.

Además, citó el discurso de Macri ante la Asamblea Legislativa. "El presidente Macri se dirigió al Congreso para urgir la aprobación de los acuerdos en este litigio, un paso importante hacia el cumplimiento de una de las condiciones de esta orden", señaló el juez.

La orden de Griesa será apelada, ya sea por alguno de los fondos "buitres" de la demanda "pari passu" o por algunos de los fondos o grupos de bonistas minoristas que todavía no han acordado. Griesa ya lo sabía, pero igual decidió seguir adelante, en parte para darle a la Argentina espacio para reunir los fondos en los mercados de capitales para pagar los acuerdos ya alcanzados.

"Existe una urgente necesidad de certeza y finalidad", fundamentó el juez, en línea con los argumentos presentados por Michael Paskin, abogado del estudio Cravath, Swaine & Moore. "Si algunos de los demandantes optan por apelar esta orden, ese es su derecho. Pero las apelaciones deben ocurrir rápidamente para garantizar la certeza y la finalidad necesaria para que los acuerdos existentes tengan éxito. El Congreso de argentino debe saber dónde está parado, y todas las partes deben diligentemente consumar esos acuerdos", justificó

NUEVA YORKLA NACIÓN (GDA)