Cuando Mauricio Macri planteó aplicar la cláusula democrática para suspender a Venezuela en el Mercosur, no estaban claramente dadas las condiciones. La razón argumentada por el entonces presidente electo de Argentina eran los presos políticos.

No es poco. Que Leopoldo López continúe recluido en una prisión militar y que no se haya revisado su caso ni siquiera tras la admisión que hizo el fiscal de que las pruebas eran falsas y actuó bajo presión del gobierno, debió generar una ola de reclamos, pero reinó el silencio en la región, a penas roto por Santos y por Bachelet.

No obstante, es discutible que ese accionar indudablemente autoritario, se encuadre dentro de lo planteado por la norma del Protocolo de Ushuaia, incluido en 1998.

La cláusula democrática se refiere a golpes de Estado y a que se impida asumir a autoridades legítimamente elegidas.

De hecho, fue la tropelía cometida por Alberto Fujimori en 1992, al clausurar el Parlamento peruano, el caso que inspiró el agregado.

Cuando en la noche del tsunami opositor que barrió la mayoría legislativa chavista, Nicolás Maduro reconoció la derrota del oficialismo, los gobiernos de la región que siempre hacen silencios cómplices cuando la represión mata o encarcela en Venezuela, suspiraron aliviados y aplaudieron el gesto del presidente.

Ese reconocimiento del triunfo opositor les ahorró tener que confrontar con Maduro para que acepte el veredicto de las urnas. Pero fue apresurado aplaudir ese módico gesto. Semejante resultado era imposible de ocultar ni de alterar con un fraude. El mérito de Maduro sería aceptar las consecuencias jurídicas, institucionales y políticas de ese resultado. Y hasta ahora, no parece dispuesto a hacerlo.

En el 2007, Chávez aceptó su derrota en un referéndum, pero violando normas elementales, hizo que la votación se repitiera más tarde y terminó saliéndose con la suya. Ergo, en lugar de admitir las consecuencias de la derrota que había reconocido, recurrió a una estratagema para revertirlas.

Maduro ya dijo que impedirá una amnistía para presos políticos, siendo que no tiene autoridad para negar a ciertas mayorías legislativas semejante prerrogativa.

Todos sus gestos vaticinan que intentará drenar las atribuciones que la Constitución otorga a la Asamblea Legislativa, antes que asuma la nueva mayoría.

Que el Poder Ejecutivo bloquee iniciativas del Legislativo, o que licúe poderes que la Asamblea tenía al ser votada, equivaldría al golpe de Fujimori en 1992, pero por otra vía.

¿Qué harán los gobiernos latinoamericanos pusilánimes ante la presión de Caracas, si finalmente Nicolás Maduro licúa el poder del congreso mediante alguna triquiñuela?

La Bitácora