El mismo día y casi a la misma hora en que se conocía que su nombre estaba incluido en la lista de políticos implicados en el caso Petrobras, Renan Calheiros, presidente del Senado, devolvía al Gobierno (sin la aprobación de la Cámara) una subida de aportes empresariales alegando que eran inconstitucionales.

Hay quien cree que lo hizo como venganza; hay quien dice que se trató de una maniobra de distracción; hay quien dice que fue mera casualidad. Lo que es indudable es que el terremoto político desencadenado por la publicación de la lista negra afectará a todo el país, incluida a su economía.

A juicio del ministro de Economía, Joaquím Levy, esos ajustes, junto a otros recortes incluidos en el proyecto rechazado, eran indispensables.

Los datos económicos llevan tiempo sin ser buenos. Brasil está a un paso de volver a la recesión y, cuando menos, su economía sigue estancada. El desempleo -el indicador al que más se agarra Rousseff para defender su gestión- subió en enero hasta el 5,3% (un año antes rozaba el 4,8%). Para completar, se hará público también el dato de inflación, que seguramente será más alto que la meta fijada por el Gobierno del 4,5%. Esta subida paraliza aún más el ya desanimado consumo.

Los empresarios nacionales, como los consumidores, congelan sus decisiones de inversión a la espera de saber hacia dónde se dirige el país y los extranjeros aguardan a que se cumplan todas las promesas de ajuste y recortes que el ministro Levy se comprometió a llevar a cabo. Ha ordenado la reducción de gastos en todos los ministerios y ha anunciado una subida de la tarifa eléctrica que, para determinadas familias de clase de media, sobre todo en São Paulo, significará pagar un 30% más en el recibo de la luz. Levy, que fue elegido precisamente por su fama de experto en el ajuste y en recortar el gasto, se ha comprometido a ahorrar 22.100 millones de euros, a fin de equilibrar “los ingresos y los gastos para llegar a un equilibrio fiscal”.

El ministro Levy ya ordenó reducción del gasto público