El Parlamento opositor designó una nueva corte, en lugar del Tribunal Supremo chavista.

Venezuela se encamina hacia un Estado paralelo? La pregunta cobró fuerza ayer viernes con la designación por parte del Parlamento, de mayoría opositora, de 33 jueces para una nueva corte en sustitución de los que integran el oficialista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). De inmediato el gobierno de Nicolás Maduro desconoció esta nueva corte, como ya viene desconociendo desde enero de 2016 las decisiones del Parlamento.

Esta insólita situación se da en medio de crecientes presiones internacionales y una fuerte ofensiva de la oposición para obligar a Maduro a suspender la elección de su Asamblea Constituyente, tras cuatro meses de protestas que hasta ayer dejan 103 muertos.

Este nuevo desafío de la oposición al designar a una corte de justicia paralela forma parte de una estrategia lanzada tras el plebiscito simbólico que realizó el pasado domingo, en el que recaudó 7,6 millones de votos contra la Constituyente. Además el jueves realizó un paro general de 24 horas para exigirle a Maduro que desista de la elección, el 30 de julio, de los 545 asambleístas que reformarán la Constitución.

Durante el paro, que según la oposición fue cumplido en un 85%, ocurrieron choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes en varias regiones, que dejaron cinco muertos y 367 detenidos, según la Fiscalía y la ONG Foro Penal.

Maduro difundió un video en redes sociales en el que aparece manejando por Caracas, junto a su esposa Cilia Flores, para demostrar, según él, el fracaso de la huelga. "Ni McDonalds le paró a Freddy Guevara", dice Maduro en el video, refiriéndose al vicepresidente del Parlamento.

El régimen chavista confirmó la elección de la Constituyente, especialmente luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con sancionar económicamente a Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, considera como "extremadamente positivas" sanciones estadounidenses contra funcionarios venezolanos como presión "sobre el régimen". Gobiernos de América Latina y la Unión Europa también le han pedido a Maduro que retire el proyecto de la Constituyente.

Durante su cumbre en la ciudad argentina de Mendoza, el Mercosur instó ayer viernes a Maduro a restablecer el orden institucional y el Estado de derecho. Sin embargo, el gobierno chavista calificó esa cumbre de "ilegal" y consideró "alarmante" el uso "temerario" del bloque "al servicio de una política de hostigamiento" contra Venezuela, suspendida del Mercosur.

"Es absurdo que el gobierno, en su empeño por una Constituyente rechazada por la mayoría, lleve al país a un drama internacional", comentó Luis Vicente León, presidente de la consultora Datanálisis, que ubica ese rechazo en 70%.

El Parlamento quiere "señalar el camino del cambio que pronto tendrá nuestro país, una justicia al servicio del pueblo y no de una parcialidad política", aseguró su presidente, Julio Borges, al juramentar a los magistrados del nuevo tribunal.

Pero al mismo momento, en la sede del TSJ, en el centro de Caracas, el oficialismo advertía que la designación de nuevos jueces constituía una "usurpación de funciones" y "traición a la patria", castigada con prisión, según el presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza.

Al igual que la oposición, la fiscal general, Luisa Ortega, sostiene que los jueces del TSJ fueron nombrados irregularmente a fines de 2015 por la anterior mayoría chavista en el Congreso. Ortega, chavista devenida en fuerte crítica de Maduro, acusa a los magistrados "ilegales" de romper el orden constitucional, con fallos que socavaron el poder del Parlamento. Por ello, la corte le abrió un proceso de destitución.

Para el consultor jurídico Oswaldo Ramírez, "Venezuela se encamina a la constitución de un Estado paralelo". "Mediante la Asamblea Nacional Constituyente el gobierno comienza un proceso de desmontaje de las instituciones que lo adversan", apuntó.

La MUD rechazó participar en la Constituyente, argumentando que no fue convocada en referendo y que el sistema electoral es un "fraude" con el que Maduro busca aferrarse al poder, con apoyo de los militares.

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, uno de los chavistas más radicales del régimen, acusó ayer a la oposición de alimentar "células terroristas", al tiempo que alertó que se usarán "las armas de la República" de ser necesario para defender al gobierno.

"Los grupos violentos que se han venido sembrando aquí (...), ahora con armas, han sido instigados, alimentados, y suministrados desde el punto de vista logístico por dirigentes de la oposición", dijo Padrino durante un acto por el lanzamiento del plan de seguridad para la elección del 30 de julio.

"Lo digo con responsabilidad (...) están alimentando células terroristas en Venezuela y están creando un monstruo", añadió.

En Venezuela los diarios toman partido por el gobierno o la oposición, o se mantienen en un punto intermedio tratando de dar las "dos campanas". Esto se reflejó en las coberturas que hicieron tres de los principales diarios venezolanos sobre el paro del jueves convocado por la oposición. Así, El Nacional, abiertamente opositor al régimen chavista y cuyo director está exiliado, tituló ayer viernes: "El paro se cumplió y Maduro reprimió. El Ministerio Público confirmó 2 asesinatos y el Foro Penal 261 detenciones". Su portada lleva cuatro fotos: una grande de comercios cerrados, y tres más chicas: una avenida de Caracas vacía, chavistas en moto y opositores en un piquete. El Universal dividió su portada con dos títulos igualmente destacados bajo el cintillo "paro cívico". A la izquierda, tituló: "El Gobierno califica como un fracaso el paro cívico nacional", con una foto de un acto del presidente Nicolás Maduro. A la derecha: "Para la oposición la jornada de protesta resultó un éxito", con una foto de una calle de Caracas desierta. No publicó en portada fotos de los incidentes. Y finalmente Últimas Noticias, diario abiertamente oficialista, tituló: "El paro fue un intento fracasado". Y más abajo junto a la foto de un manifestante de la oposición pone: "Terroristas con armas largas". Maduro, al igual que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha lanzado contra los medios de comunicación que son críticos con su gobierno. Así, censuró a la cadena CNN y ha cerrado emisoras locales que no comulgan en el régimen chavista.

El 6 de abril, el universitario Jairo Ortiz (19), murió por un disparo en el pecho cuando los cuerpos de seguridad disolvían una manifestación en los Altos Mirandinos, a las afueras de Caracas. Fue el primer fallecido.

El 19 de abril, Almelina Carrillo (47), fue golpeada en la cabeza con una botella de agua congelada que lanzaron opositores contra una marcha chavista.

El 26 de abril falleció Juan Pablo Pernalete (20), en Caracas. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, denunció que murió por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho y responsabilizó a militares.

El 3 de mayo, Armando Cañizales (18), murió baleado en una manifestación. Integraba el Sistema de Orquestas Juveniles.

Danny Subero (34), murió el 27 de mayo en Cabudare, tras ser golpeado por opositores y rematado a tiros. Subero fue agredido cuando una multitud lo acusó de "infiltrado".

La noche del 3 de junio murió Orlando Figuera (21), apuñalado, rociado con gasolina y prendido en llamas durante una protesta opositora el 20 de mayo en la Plaza Altamira, en Caracas. Según el gobierno fue linchado por chavista.

El 7 de junio falleció Neomar Lander (17), herido en Caracas. El gobierno asegura que estalló un explosivo que cargaba y la oposición que lo lanzaron las fuerzas de seguridad.

El 20 de junio murió Fabián Urbina (17), por disparos de militares contra manifestantes encapuchados en Caracas.

Dos días después, David Vallenilla (22), falleció por heridas de perdigones disparados a quemarropa por un uniformado frente a una base militar de la capital.

El 16 de julio, desconocidos en moto dispararon contra personas que votaban en Catia. Xiomara Scott (61), fue asesinada en la balacera.

ESTADOS PARALELOS