El oficialismo argentino consideró ayer que la decisión judicial que anula las elecciones provinciales de la provincia de Tucumán es "destituyente", y advirtió que podría haber una intervención federal si no se puede proclamar un nuevo gobernador antes del final del mandato del actual.
El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Aníbal Fernández, dijo que la orden judicial es "ridícula, sin sentido y de una gravedad institucional inusitada, destituyente", en su contacto diario con los medios. Para el funcionario, la actitud del Tribunal Contencioso Administrativo de Tucumán es "vergonzante" y opinó que "muestra la amistad que seguramente tienen" los jueces con la oposición local.
El tribunal, según el jefe de ministros, no tiene competencia para emitir una sentencia como esta, que pasa "por arriba de la voluntad popular".
Legisladores oficialistas habían adelantado ya ayer que se recurrirá el fallo. "Tiene que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No tengo duda de que esto no se resuelve en Tucumán. Se trata de uno de los disparates jurídicos más grandes de la historia, que constituye un caso de prevaricato liso y llano", agregó.
La polémica se vio avivada después por declaraciones de representantes del oficialismo en Tucumán, que advirtieron que si la Justicia mantiene su decisión podría haber una intervención federal en la provincia, ya que el mandato del actual gobernador —el kirchnerista José Alperovich—, termina el 29 de octubre.
"No tengo duda que la provincia debe ser intervenida si no responde la Corte provincial", apuntó ayer Marcelo Caponio, apoderado del FpV en Tucumán, en declaraciones a radio América.
Según Caponio, es imposible realizar unos nuevos comicios antes de que Alperovich abandone el poder y, en ese caso, el Poder Ejecutivo central tendría que hacerse cargo del gobierno.
La Justicia de Tucumán declaró el miércoles pasado "la nulidad de los comicios llevados a cabo" en la provincia el pasado 23 de agosto, "debiendo el Poder Ejecutivo realizar una nueva convocatoria a elecciones". El escrutinio definitivo, que finalizó el lunes pasado, ratificó el triunfo del candidato del kirchnerista Frente para la Victoria (FpV), Juan Manzur, con el 51,64 % de los votos, mientras que el opositor José Cano, de Acuerdo para el Bicentenario, tuvo el 39,94 % y se situó en un segundo lugar.
Sin embargo, la Cámara había ordenado la semana pasada a la Junta Electoral no declarar vencedor a ninguno de los candidatos hasta tanto se decidiera el recurso de nulidad de los comicios presentado por Acuerdo para el Bicentenario.
El escrito presentado consideraba que "la elección en Tucumán presenta elementos de un fraude integral que supera a los hechos ocurridos solamente el día de la votación".
¿Es posible?
"La intervención federal es una medida extrema para repeler una invasión, en un caso de sedición o para garantizar la subsistencia de la forma republicana de gobierno. No creo que estén dadas estas condiciones en Tucumán", aseguró ayer el abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra en diálogo con radio Mitre.
La Constitución Nacional establece que el Ejecutivo puede decretar la intervención federal de una provincia en caso de que el Congreso esté "en receso", ya que es una atribución que le corresponde al Poder Legislativo. En caso de que la Presidenta decidiera optar por esa vía ante la eventual acefalía que se podría producir en Tucumán el 29 de octubre próximo, debería enviar un proyecto de ley al Parlamento nacional.
El abogado constitucionalista consideró que ante las denuncias de fraude y las graves irregularidades registradas en Tucumán se debería convocar a una nueva votación, tal como sostuvo ayer la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, para "restablecer la credibilidad" de la población.
"Se ha puesto en tela de juicio el principio mismo de la soberanía popular, es decir, la transparencia con la cual la gente puede expresar su voluntad. De esto no se sale si no es a través una nueva elección", resaltó.
Decisión tucumana de anular elecciones provinciales despertó furia oficialista