Una comisión dividida decide el futuro de Rousseff como jefa de Estado.

El Gobierno brasileño se preparó ayer para enfrentar la retomada de las sesiones de la comisión parlamentaria en la que se decidirá la posible apertura de un juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff.

La comisión inició el pasado viernes sus trabajos y celebrará hoy la segunda de las 15 sesiones previas a la votación en la que se decidirá si se inicia el proceso parlamentario contra la jefa de Estado.

El ministro de Información, Edinho Silva, afirmó ayer en un artículo en el diario Folha de São Paulo que el oficialismo está empeñado en "desconstruir" el intento de destitución que, en su opinión, es "en nada y por nada justificable".

Para ello, el Gobierno está tratando de aplacar los sectores disidentes de los partidos de la base oficialista que han amenazado con pasarse a la oposición debido a la agudización de la crisis, lo que podría inclinar la balanza contra los intereses de Rousseff.

En este sentido, Rousseff expresó que pretende servirse de la capacidad de "articulación" del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar la desbandada de los aliados.

Pero precisamente el nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia, que ha sido suspendido por una decisión judicial, tuvo un efecto opuesto y supuso un factor desestabilizador, contribuyendo a que dos partidos dejasen la coalición y pasasen a defender la destitución de Rousseff.

En la última semana, después del nombramiento de Lula, abandonaron el barco del oficialismo el Partido Republicano Brasileño (PRB) y el Laborista Brasileño (PTB), fuerzas que suman 40 de los 513 escaños de la cámara baja.

Otras tres fuerzas están discutiendo la posibilidad de romper con el Gobierno, entre ellos el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), en el que milita el vicepresidente, Michel Temer, quien asumiría el poder en el caso de que prospere el juicio político.

De forma paralela, en las calles se han exacerbado los ánimos, con la celebración de manifestaciones multitudinarias, que por lo general han sido pacíficas.

En algunas ciudades, entre ellas São Paulo, las manifestaciones opositoras han proseguido este fin de semana, aunque con baja participación.

El destino de la mandataria, por el momento, está en manos de los 65 diputados que integran la comisión que decidirá sobre la apertura del juicio político.

Esa comisión está formada por diputados de todo el arco parlamentario, incluyendo tanto a opositores como de la base oficialista, aunque en ella también figuran algunos disidentes que convierten el resultado de la votación en una incógnita.

De acuerdo a una encuesta realizada por la consultora Arko Advice y publicada ayer por el diario O Dia, 32 integrantes de esa comisión apoyan el impeachment, 31 lo rechazan y 2 permanecen indecisos.

El estudio se realizó el jueves pasado, cuando la comisión acababa de conformarse para evaluar si hay motivos suficientes para enjuiciar a Rousseff por presunta manipulación de las cuentas públicas.

Según otro sondeo de la misma consultora, realizado entre el 15 y el 17 de marzo con un muestrario de 100 diputados de 23 partidos políticos, "un 62% cree que la Cámara aprobará el impeachment", más del doble que en febrero (24,5%). "En apenas tres semanas, el resultado casi se triplicó", subrayó Murillo Aragao.

El empate técnico entre las dos partes dista sin embargo de marcar líneas divisorias infranqueables.

En cuanto a la opinión pública, la postura favorable al juicio político avanza. Una encuesta de Datafolha publicada el sábado indica que un 68% de los brasileños quiere que Rousseff sea destituida, frente a un 60% un mes atrás.

Esta encuesta ciudadana se realizó los pasados jueves y viernes, con encuestas a 2.794 personas de 171 municipios y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

Si la celebración del juicio político se aprueba, este pasaría a manos del pleno de la Cámara de los Diputados, donde se necesita una mayoría de dos tercios (342 de 513) para llevar el proceso al Senado, en el que la decisión se ratificaría por mayoría simple.

Rousseff sólo cuenta con el apoyo inquebrantable de los 59 diputados de su formación, el Partido de los Trabajadores (PT) y los 12 del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), por lo que está lejos de los 172 votos necesarios para abortar el proceso en la Cámara.

La mandataria necesita retener el apoyo de otros 101 diputados, cerca de la mitad de los representantes de los otros seis partidos que, con reservas, aún se mantienen en la base oficialista, aunque también podría pescar algún apoyo entre grupos minoritarios de izquierda.

Las pasiones que ha despertado el juicio político han generado fisuras en varias formaciones políticas.

El ministro del Deporte, George Hilton, y el expresidente Fernando Collor se cambiaron de partido por oponerse al juicio político, mientras que el PMDB estudia la posibilidad de expulsar a Mauro Lopes por haber aceptado el nombramiento como ministro de Aviación Civil cuando el partido estudia romper con Rousseff.

Una obra de teatro realizada en la ciudad brasileña de Belo Horizonte fue interrumpida por el público cuando el director profirió desde el escenario críticas a la presidenta Dilma Rousseff y a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de una creciente tensión política, informaron ayer medios locales.

El director de la obra, que es también actor, Cláudio Botelho, defendió desde el escenario la "prisión" de Lula y afirmó que Rousseff es una "ladrona", según informó el diario O Estado de Minas. El público reaccionó con abucheo y se fue.

AUMENTA LA TENSIÓNEFE, AFP